La presidenta solicitó “en carácter muy urgente” que la gendarmería y la prefectura naval trabajen para fortalecer la seguridad ciudadana a través de actividades prevencionales.
El decreto 2099, uno de los últimos del año, autorizó a los titulares de ambas fuerzas "para que por intermedio del ministerio de Seguridad, implementen las instrucciones y coordinen las actividades operacionales necesarias que requieran la ejecución de la acción, con las autoridades nacionales y locales".
Y destacó que esta medida se toma porque "el Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a legítimas demandas de seguridad ciudadana, se encuentra abocado a incrementar el esfuerzo y la actividad preventiva contra los distintos delitos urbanos, especialmente de aquellos que, vinculados con figuras penales de carácter federal, conforman un escenario de compleja actuación, en donde se impone adoptar urgentes medidas tendientes a profundizar las acciones desarrolladas hasta la fecha".
Con esta medida, la presidenta volvió a apelar a la colaboración de la Gendarmería y la prefectura para combatir el delito, en desmedro de la policía federal, tal como hizo tras el operativo de desalojo del parque indoamericano, que terminó con dos muertos.
Cristina creó luego un Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré, quien ni bien asumió descabezó la cúpula de la policía federal y envió gendarmes al conurbano.
En el nuevo decreto, la presidenta instruyó "al Director Nacional de Gendarmería y al Prefecto Nacional Naval para que con carácter de muy urgente, profundicen las actividades prevencionales en el marco de la Ley de Seguridad Interior 24.059, a fin de movilizar mayor cantidad de recursos humanos y materiales, para ser empleados en refuerzo de la seguridad ciudadana".
Asimismo, la normativa, que lleva la firma de la presidenta, del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y de Garré, dispone "la aplicación al personal de la Gendarmería y de la Prefectura de un régimen de viáticos equivalente al homologado para el personal de la Administración Pública Nacional".
Además, se faculta a Aníbal Fernández "a reasignar y/o distribuir las partidas necesarias del presupuesto de la Administración Pública Nacional, para el cometido del presente".
La presidenta destaca en los considerandos de "una activa participación en su ejecución en todo el territorio nacional" de ambas fuerzas, y que sus leyes orgánicas permiten a ambas "ser empleadas en cualquier lugar de la Nación cuando ello sea dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, con vistas al mantenimiento del orden y la tranquilidad pública o para satisfacer un interés de seguridad nacional".
Terminó el decreto con una abierta defensa de su política de seguridad. Lo hizo al destacar "el compromiso asumido por el Estado nacional en la materia y optimizar las operaciones enmarcadas en el esfuerzo nacional de policía, para incrementar la actividad preventiva contra la inseguridad en el territorio nacional, privilegiando la prevención mediante una acentuada presencia, seguimiento y conjuración del delito, operando en forma autónoma y en coordinación con las policías provinciales, municipios y autoridades judiciales jurisdiccionales, exigirá a las Fuerzas Federales citadas adoptar medidas de excepción y volcar profusos recursos humanos, logísticos y financieros".
