Los aportes patronales que las empresas aportan al sistema jubilatorio se colaron en la discusión por el aumento de las jubilaciones hasta el 82% del salario mínimo y dividieron opiniones en la oposición que pusieron en suspenso una de las medidas más promovidas por los referentes de los bloques no oficialistas.

Es que la centroizquierda, a través del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano, insistió en la comisión de Presupuesto con el dictamen que, además de fijar las jubilaciones mínimas en el 82% del salario de base contempla las fuentes de financiamiento para que eso lo ocurra.

Y una de ellas es la restitución de las contribuciones que hacen las patronales a la Anses al nivel de 1993, cuando fueron reducidas por el entonces ministros de Economía, Domingo Cavallo, quien dispuso una baja del 33% al 17% para la industria y al 21% para el comercio y los servicios.

“Restituir las contribuciones patronales supone incrementar los niveles de recaudación por este concepto en un 94% en la industria y en un 57% en el comercio y los servicios. Sin embargo, dichos aumentos no deben realizarse en las pequeñas y medianas empresas que presentan una realidad muy diferente a las grandes empresas”, reza el dictamen de Lozano.

“De esta manera –prosigue- se podría ampliar rápidamente la recaudación por contribuciones y liberar recursos tributarios de ANSES en más de $16.800 millones. Hacer esto posible supone obviamente una regulación pública eficaz que en cada sector particular evite la esperada respuesta que en materia de precios pudieran intentar plantear las firmas con mayor poder de mercado”.

El despacho de minoría fue suscripto por Lozano, el Gen y el Socialismo mientras que el de mayoría tiene las firmas de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica.

"El problema es que acá hay un acuerdo del FpV con el Grupo A y las principales empresas y cámaras patronales para no restituir los aportes", denunció Lozano tras la reunión de la comisión de Presupuesto, que terminó con dos despachos y un final incierto en el recinto, ya que ninguno de los bloques firmantes de uno y otro pueden garantizar la mayoría en el recinto.

La embestida de la centroizquierda irritó a la UCR y al Pro que desde hace dos meses trabajan en un proyecto para restituir el 82% móvil y tienen ahora un nuevo dilema, que los obligará a enfrenarse con las principales cámaras empresarias que ya comenzaron el lobby para evitar un mayor desembolso de fondos a la seguridad social.

El kirchnerismo aprovechó la discrepancia y ya diseñó su estrategia: impugnará el despacho de mayoría al alegar que viola la ley de administración financiera al no contemplar fuentes de financiamiento y presenciará gustoso la disputa entre izquierda y derecha entre los opositores por los aportes patronales.

Lozano no descarta recibir tener un guiño del oficialismo y está dispuesto a plegarse a ellos en una votación si eso sucede. Cualquiera de estos proyectos debe luego pasar al Senado, donde, se sabe el final es incierto.

Fue por eso que los legisladores de la oposición que se reunieron el lunes decidieron priorizar el dictamen de Diputados, pese a que en esa Cámara existía uno que se podía tratar esta misma semana. A esa reunión asistieron diputados y senadores de la UCR, la Coalicón Cívica, el peronsimo federal y el Pro, que formaron una comisión especial para seguir los trámites legislstivos.

En esas discusiones no intervienen los diputados centroizquierda, que tampoco se unen al Grupo A, mote que recae sobre las bancadas no oficialistas de la Cámara baja. Pero sin ellos, el resto de la oposición no tiene garantizado el triunfo en ninguna votación.