La Secretaría de Medio Ambiente resolvió suspender la contratación de servicios de desmalezamiento previstos dentro del programa de saneamiento de la cuenca del Riachuelo y del río Matanza, en sintonía con la controversia por la intervención de los Municipios en la selección de las cooperativas de trabajo que realizaban algunas de esas tareas.

La de Almirante Brown, a cargo del intendente Rubén Darío Giustozzi, fue una de las que quedó en el ojo de esa tormenta a raíz del manejo discrecional que en la organización de esas tareas venía llevando adelante la secretaría de Producción y Desarrollo que conduce Diego Fernández Garrido.

El funcionario mantiene aceitados contactos políticos con el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, de quien depende el titular de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, envuelto en la disputa por el manejo presupuestario de ese programa que libra su superior con Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, y en quien se respalda Bibiloni.

Hace unos días Giustozzi debió desguazar el esquema organizativo de las cooperativas que instrumentó Fernández Garrido y mediante el cual se agrupaban hasta trescientos trabajadores en una sola entidad porque, como se justificó el secretario, “es más fácil tratar con uno ó dos representantes que con 14 ó 15.”

El desguazamiento del modelo original para pasar a otro donde queden constituidos grupos de no más de veinte personas no resuelve el problema de fondo: el respeto por las normas que fijan las condiciones en que cada trabajador ingresa y egresa de ellas.

Bajo la excusa de la condición de monotributistas para acogerse a los beneficios de estos planes contra el desempleo, se convierten en unidades móviles de un engranaje superior que no parece preocupado por la celebración de asambleas ni la constitución de autoridades en cada cooperativa.

Curarse en salud

La noticia fue puesta en circulación ayer y captada solo por un público atento a las entrelíneas de las noticias en las señales de cable. Precisamente fue uno de ellos, el oficialista C5N, quien la dio a conocer en medio de un panorama de noticias dominado por la discusión de la Ley de Servicios Audiovisuales que debatía el Senado de la Nación.

Algunos legisladores K consultados por esta novedad, estimaron la iniciativa como un intento de poner en caja algunas situaciones salidas de madre a una espiral de denuncias contra funcionarios que hallarían la acogida en los Medios el último lustro con lo cual parece garantizada su repercusión en una opinión pública donde prima un humor anti gubernamental.

La especulación toma como antecedente que esta no es la única medida de ese tipo conocida esta semana. Concejales del oficialismo, aseguran que Giustozzi recibió nuevamente reclamos de arqueo de caja pero no como hace unas semanas del ministerio de Desarrollo Social sino que este tipo de exigencia, hasta ahora inusitada, partió del ministerio de Planificación Federal.

Se trata de un trámite administrativo usual pero infrecuentemente exigido con urgencia: la rendición de gastos por obras públicas concretadas con fondos provenientes del gobierno nacional. Esta celeridad coincide además con el encuentro que mantuvieron esta semana en Almirante Brown varios jefes comunales que impulsan una reforma política en la provincia de Buenos Aires y mediante la que exigirían que los Intendentes sean quienes fijen las fechas de las elecciones municipales, en un claro intento de emanciparlas de las nacionales.

Esta iniciativa, solo dada a conocer por el diario “Crítica” el pasado 8 de octubre, contaría con el discreto respaldo del gobernador Daniel Scioli y constituiría el primer intento serio del peronismo bonaerense de marcar una divisoria de aguas con el proyecto de Néstor Kirchner de garantizar la sobrevida del oficialismo con su candidatura presidencial o la de su esposa y actual mandataria, Cristina Fernández.

Del encuentro en Brown participaron los jefes comunales de Ituzaingó, Florencio Varela y Berazategui – Juan José Mussi, Julio Pereyra y Alberto Descalzo- y Giustozzi como anfitrión.

Quienes (no) movilizaron por la ley de medios

Como curiosidad comparativa, en la movilización resuelta ayer al Congreso en respaldo de la sancionada Ley de Medios, se observaron columnas provenientes de los distritos de Berazategui y de los de Lanús y Quilmes, conducidos por dos incondicionales del kirchnerismo, Darío Díaz Pérez y Francisco Barba Gutiérrez, hermanados también por dificultades de gestión donde pesa la ausencia del maná con la que lograron mantenerlas bajo control: los fondos enviados por la administración central.

No es un dato menor la ausencia de representantes del intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi. En sesenta días más se sabrá si Santiago Carasatorre logra retener la presidencia del Concejo Deliberante. Una delicada operación política en la que el respaldo o el rechazo del titular del COMFER y concejal electo, Gabriel Mariotto, tendrá peso gravitante junto a los ediles que lo secundan.

En ambos casos – el de la reunión reformista y el de respaldo a la Ley – muestran el clima de fractura que predomina en los oficialismos de la Tercera Sección Electoral.

Sobre la base de estos datos que, se descuenta, maneja como pocos la mesa política del kirchnerismo, es que se habría resuelto el ingreso a un nuevo orden administrativo, en momentos en que se discute también una política de apertura hacia los controles más rigurosos de organismos de crédito internacional, con los que ahora se vería obligado a tratar.

Tal vez por eso, ni la mediación de Carlos Negro Soto, un ex edil justicialista de Almirante Brown de buen trato con Alicia Kirchner sirvió para quebrar el resistido y frío trato que dispensa a Giustozzi, a quien suele recordar en ausencia por al auto blindado que adquirió a cuenta del Municipio que dirige.