El primer paso de la Ley de Radiodifusión por el Congreso tuvo varios obstáculos para el kirchnerismo. Incluso dentro de seno de su bloque y entre sus diputados aliados. Aunque los puntos en cuestión son muchos y distintos, desde varios focos criticaron duramente la apertura del mercado de los medios a las empresas telefónicas, temerosos de que su poderío económico les permita constituirse en otro grupo multimedia monopólico.

La mirada apunta directamente a las intenciones de Néstor Kirchner. Es vox pópuli que su intención es, mediante la aparición de los millones de empresarios amigos, quedarse con Telecom. Para más datos, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ya ordenó a Telecom Italia vender sus activos de Telecom Argentina y le dio un plazo de 60 días para definir su salida del país.

Graciela Camaño, como adelantó La Política Online, ya había dicho cuando rompió filas con el bloque que preside Agustín Rossi negándose a apoyar la ley que “esta Ley no es para Telefónica, sino para Telecom”.

El primer diputado cercano al kirchnerismo que habló sobre las telefónicas fue Ariel Basteiro. Arrancó su discurso reivindicando la ley, aclarando que “sólo por ser mejorativa de lo ya existente es meritoria de apoyarse”, habló de algunos puntos que necesitan una “vuelta de tuerca”.

Hizo especial hincapié en la ley de inversiones extranjeras porque “nos preocupa el poderío de las telefónicas”. Lapidario, dijo que su posible intervención en los medios “debería limitarse o anularse”.

Después le llegó el turno a Silvia Vázquez, legisladora de la Concertación: “La posición monopólica de Clarín no es por poseer empresas de cable y medios, sino por ser propietaria de 44 empresas de medios. Por eso en nuestro proyecto no habilitamos la entrada de las telefónicas a los medios de comunicación. No abramos la puerta a la consolidación de otros poderes económicos”.

“Permitir el ingreso de nuevos jugadores significa también responder quiénes son esos jugadores –opinó Claudio Lozano-. Hay que saber diferenciar entre el ingreso de las cooperativas a los medios y el ingreso de las empresas telefónicas”. Tras aclarar que es lógico que formen parte del negocio por el desarrollo tecnológico, el diputado de Proyecto Sur habló de un proyecto propio en el que “está abierta la posibilidad para que transporte señales, pero no permite que sean dueños”.

El chubutense Juan Mario País pidió eliminar el último párrafo del artículo 24º, el cual regula el ingreso de capitales extranjeros a la red de medios nacionales. Atento al poderío económico de estas empresas, aclaró: “Cuando se privatizaron las telefónicas, la norma jurídica les prohibía entrar al negocio de la radiodifusión”.

Tanto se apoderó del debate las críticas que el propio interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, salió a cruzar a la radical presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudici. Le dijo que un proyecto se su autoría “ponderaba la participación de las telefónicas”. “De ninguna manera, lea bien”, le respondió la diputada, pero Mariotto insistió: “Esa es la interpretación que nosotros hacemos”.

Posteriormente otro legislador criticó que, para defender su proyecto, en lugar de admitir que abría las puertas a las telefónicas haya optado por una “chicana” a Giudici.

Discrecionalidad y pauta oficial

Otro tema que surgió en el largo debate de esta tarde, donde al final las mesas ya estaban abarrotadas de vasos de plástico en los que transitaron café y agua al por mayor, fue la no inclusión en el temario de la ley del reparto de Pauta Oficial. La misma que hoy tiene en jaque judicial el secretario de Medios, Enrique “Pepe” Albistur por favorecer con estos fondos a empresas de su familia.

Basteiro pidió por este punto y Paula Bertol habló de la pauta oficial y del acceso a la información. “Es justo que los ciudadanos puedan venir a este Congreso a peguntar por nombres y cifras”, pidió la macrista. País, integrante del Frente para la Victoria, solicitó directamente la apertura de un registro público del reparto de pauta oficial.

El otro tema crítico fue la distribución de los márgenes de poder y de decisión entre el órgano de aplicación creado por la ley, la Comisión Bicameral de control y las facultades que el mismo proyecto otorga al Poder Ejecutivo.

El mismo diputado de Encuentro Popular y Social pidió “ampliar la participación de los bloques en la bicameral mientras que Vázquez se diferenció en “la estrategia a seguir para la integración del órgano de aplicación”. Citando un plan propio, dijo que debería armarse con 9 miembros -3 del PEN, 3 de Diputados y 3 del Senado con mayoría oficialista-, un Consejo Federal “donde la totalidad de las provincias participe” y una comisión “que represente a los gremios, a las empresas y a las entidades del sector”.

Lozano, por su parte, planteó la necesidad de “sacar del órgano de control, aunque con integración parlamentaria, la lógica de `oficialismo´y `oposición´”.

La santiagueña Marta Velarde dijo: “No queremos una autoridad de aplicación que esté en manos de la oposición de turno. Sí, en cambio, queremos una autoridad lo suficientemente independiente del poder central. No vamos a aceptar la discrecionalidad de la ley que han enviado”.

Por último, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, opinó: “La Comisión Bicameral que proponen es un ninguneo al Congreso. Esa comisión no puede decidir absolutamente nada”.