La ley de Radiodifusión generó nuevos cruces entre el Gobierno y el empresariado de medios.

Esta vez la pelea no fue con el grupo Clarín, sino con el dueño de América y presidente de La Capital y Uno Medios, Daniel Vila.

El empresario ayer dijo que el proyecto oficial “es comparable con el golpe del `76” y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a responderle: “Me sorprende lo que dice este hombre que, días atrás venía a mi despacho y a la Casa de Gobierno para pedir que sacáramos el decreto para condonar la deuda de sus medios”, dijo y calculó: “Hoy debe unos $48 millones al Estado”.

Cristina Kirchner ordenó por decreto a la Secretaría de Comunicaciones que negociara con los medios la cancelación de todas las deudas que tienen con el fisco. “Le estamos dando un beneficio impositivo –dijo el funcionario kirchnerista esta mañana- Pero Vila es un empresario mezquino porque no plantea una reforma de la ley, sino que la critica desde sus propios intereses”.

Según el diario La Capital de Rosario, Vila acusó ayer al matrimonio Kirchner de querer "amordazar" a la prensa y a la ciudadanía con el proyecto de ley de radiodifusión que la presidenta envió al Congreso. También advirtió sobre el peligro concreto de que "la ley de la democracia resulte peor que la de la dictadura".

Lo hizo en la inauguración de la novedosa redacción multimedia en Mendoza, donde confluyen las redacciones de 13 medios.

"En definitiva lo que se pondrá en riesgo es la democracia que con tanto sacrificio los argentinos hemos logrado preservar por más de 25 años de manera ininterrumpida. Esta es la violación jurídica e institucional más grande que haya sufrido el país desde el 24 de marzo de 1976, día del último golpe de Estado", dijo Vila ante un público compuesto por empresarios y dirigentes políticos. Entre los presentes estuvieron el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, y Carlos Avila.

El empresario aseguró que la propuesta que Cristina Fernández envió al Congreso tiene dos objetivos: "uno es ideológico, cumplir con los amigos de turno del poder", y otro, el verdadero: "permitir el ingreso de las telefónicas en el mercado de los medios de comunicación. No me extrañaría algún acto más de corrupción".

"Uno no puede hablar de libertad de expresión, ni de la importancia que tiene para todos los sectores acceder a la posibilidad de expresarse, ni mucho menos de libertad de prensa, cuando lo que está haciendo es profundizar con su proyecto de ley de radiodifusión el modelo venezolano cuyo resultado es tener a los medios amordazados y sirvientes del gobierno".

También advirtió sobre las diferencias entre "libertad de expresión con libertad de extorsión", y criticó los despidos a periodistas que "denunciaron los casos de corrupción cometidos por este gobierno", así como también "las intimidaciones judiciales al diputado Francisco De Narváez".