La ley de Radiodifusión impulsada por el Gobierno no sólo atacará a Clarín, sino que también golpeará a otros grandes medios. Al mismo tiempo beneficiará a las dos grandes empresas de telefonía, Telecom y Telefónica.

Según el diario Crítica de la Argentina los siete grupos más importantes del país podrían perder 276 de un total de 360 licencias que hoy tienen en su poder. Es decir el 76% de los permisos que concentran.

De aprobarse la ley tal cual está, el máximo perdedor será el Grupo Clarín, que se vería obligado a ceder 236 de las 264 licencias que el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) identificó en manos del multimedios. El Gobierno desarmará el negocio estratégico de la empresa que conduce Héctor Magnetto: el cable. En ese rubro, mueve 3.000 millones de pesos anuales, lo que representa la mitad de su facturación global.

Según datos que manejan en Balcarce 50, el grupo tiene participación en cinco operadoras: Cablevisión (56%), Multicanal (55%), Cablevisión Digital (48,94%), Teledigital Cable SA (49,94%) y Supercanal Holding (20%, donde es socio de Vila-Manzano). En total, suma 244 licencias y concentra el 47% de los abonados el país. Con la nueva regulación que establece un tope de 24, el holding tendría que sacrificar 220 permisos.

No es compatible, según la nueva norma, ser cableoperador y poseer señales de TV abierta. Como consecuencia, debería optar entre el cable o Canal 13, Canal 6 (Bariloche), Canal 7 (Bahía Blanca), Canal 10 (General Roca) y Canal 12 (Córdoba). La sangría no terminará allí: tendrá que elegir entre una de las ocho señales de cable. Hoy, posee Todo Noticias, Volver, Magazine, Metro, TyC Sports, TyCMax, Canal Rural y Quiero Música en mi Idioma. Por los canales de aire y suscripción el año pasado facturó 555 millones de pesos.

Hay más: al mismo tiempo que el Gobierno lanzó el año pasado la batalla mediática, en paralelo con la guerra gaucha, la Presidenta instruyó al Comfer que revise las habilitaciones que poseían los “generales multimediáticos”. Ese relevamiento determinó que al menos cinco de las radios que controla Clarín no estarían en regla. Son AM 810 (Córdoba), FM 102.9 (Córdoba), FM 100.3 (Mendoza), FM 96.5 (Bahía Blanca) y FM 99.5 (Tucumán). El Grupo Uno, de los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, es el segundo desfavorecido. Su firma Supercanal Holding es el tercer cableoperador más importante del país. Controla 30 licencias. De entrada, perderá seis habilitaciones.

El conglomerado cuyano debe sortear la misma complicación que Clarín porque posee canales de aire, entre ellos, América TV, Canal 13 (Junín, Buenos Aires), Canal 7 (Mendoza), Telesur Canal 6 (San Rafael), Canal 8 (San Juan) y Canal 5 (San Juan). Además, el Grupo Uno controla 15 emisoras de radio, entre ellas, La Red. En principio, tiene que deshacerse de cinco. Luego, habría otro escollo: para el Estado, al menos dos (FM 98.5 de Rosario y FM 94.9 de Río Cuarto) no tienen la habilitación “legalmente otorgada”.

De capitales españoles, el Grupo Prisa, en el peor de los casos, podría perder sus once licencias de radio y su panorama más optimista lo limita a seis sacrificios.

Es que hay seis emisoras que son consideradas por el Comfer como flojas de papeles. organismo analizan la estructura jurídica de la empresa desde el inicio de la guerra gaucha. Es que la actual Ley de Radiodifusión –al igual que la nueva– y la de bienes culturales establecen un tope de 30% el capital extranjero en los medios. El grupo ibérico se las ingenió –con la venia oficial– para ingresar al mercado con un ardid legal: el Grupo Prisa no compró la radio como una empresa española, sino que lo hizo mediante la firma ibérica Carsa (30%) y GLR (70%), con sede en Delaware, Estados Unidos. Esa operación fue considerada viable porque existe el Tratado de Reciprocidad de inversiones con Estados Unidos.

En las provincias, habrá conglomerados con bajas importantes. Por ejemplo, Cadena 3, de origen cordobés, posee 19 licencias a nivel nacional. Con la nueva norma, debería desprenderse de nueve. El Grupo Ick, histórico en Santiago del Estero, es propietario de Teleimagen Codificada S.A.

La norma K lo conminará a desprenderse de Canal 7 y sus 31 repetidoras, aunque conservaría sus dos FM (Meridiano y Panorama). Además, el multimedia provincial necesitará un permiso especial para poder operar porque es a la vez dueño de la empresa de energía eléctrica provincial.

Asoman como las beneficiarias del nuevo esquema las compañías de teléfono. Si bien la ley prohíbe que las empresas de servicios públicos sean licenciatarias de servicios audiovisuales, el artículo 25 inciso 2 –el “artículo de las telefónicas”– establece una excepción para Telefónica y Telecom. La española Telefónica ya le puso precio a su ingreso al mercado del triple play, es decir, a la posibilidad de vender el combo completo de telefonía, TV e internet. Pretende invertir u$s 1.700 millones para enfrentar a Multicanal- Cablevisión-Fibertel. El plan de negocios incluye también el desprendimiento de sus actuales activos, es decir, sus nueve canales de TV de aire, entre ellos, Telefe.

A partir del nuevo tablero, habrá que readjudicar las licencias quitadas y, claro está, no podrán participar los mismos actores. Es entonces cuando desde la oposición advierten que el Gobierno terminará vendiendo los permisos a empresarios aliados y armará un espectro de medios amigos.