La puja por el cambio de nombre de la calle Julio Argentino Roca en Burzaco, es el sutil mensaje que los concejales Mariano San Pedro, Alejandro Torres y Mario Fuentes enviaron al intendente Rubén Darío Giustozzi para advertirle que nada será igual desde el 10 de diciembre en el Concejo Deliberante. Ese día el kirchnerismo perderá su abrumadora mayoría de 17 ediles y pasará a la más modesta de 13, pero con este trío dispuesto a cerrar filas con la oposición si sus consideraciones sobre la gestión del gobierno no son atendidas.

La sobreactuación de hospitalidad de San Pedro, presidente del Concejo, durante las visitas de los ministros Daniel Bolettieri y Diego Fernández Garrido – responsables de las áreas de Infraestructura y Servicios; y Producción y Desarrollo- podría desaparecer si la oposición dispusiese su interpelación después del 10 de diciembre para interrogarlos sobre la opacidad administrativa que rodea al manejo de las cooperativas de trabajo que brindan servicios para esas dos secretarías, y que derivó en el despido de un funcionario por la policía, según viene revelando La Política Online.

Un domicilio sospechoso

Razones inmediatas sirven para explicar la sostenida vigencia que adquiere ese debate. Versiones conocidas la semana que pasó, aseguran la coincidencia entre el domicilio legal fijado por la sospechosa cooperativa “La nueva Argentina” y el particular del coordinador general de Espacios Verdes, dependiente de Fernández Garrido, Hugo Orlando Tomé. Ambos en la Boulogne Sur Mer 2277 de Longchamps.

No es el único dato sugestivo. Sobre la misma calle pero en el número 369 funciona Fernández Garrido S.A., firma vinculada familiarmente al ministro de Producción y Desarrollo. Se trata de una empresa dedicada a la fabricación y venta de mobiliario para oficinas, que hace poco habría comenzado a descollar en un nicho poco explotado pero de creciente demanda para la comunicación oficial del gobierno local. La señalética, especialmente requerida para ilustrar con cartelería de última generación las obras que se realizan.

El enojo de Alicia Kirchner

“La nueva Argentina” está involucrada en la firma de un convenio de inversión social entre el Municipio y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y su homologación por el Concejo Deliberante viene demorada desde las supuestas irregularidades que derivaron en el despido con la policía del coordinador de Cooperativas, David Coronel, dependiente del área a cargo de Bolettieri.

Esta cooperativa, que inició su actividad en Luis Guillón y hace apenas un año mudó su domicilio legal a Longchamps, no reflejaría en su conformación las exigencias del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). De hecho, en el convenio a suscribir por Giustozzi figura como responsable Antonio Juárez, sin aclaración de su cargo en la cooperativa cuando deberían firmarlo quienes desempeñen las funciones de síndico, secretario y tesorero.

La Política Online reveló en su momento que detrás de los millonarios fondos que el ministerio de Alicia Kirchner deriva a estas cooperativas, con el declarado objetivo de generar empleo, en Almirante Brown se desplegó una trama de presunta corrupción que salpica a Giustozzi y al piquetero Emilio Pérsico, jefe político del despedido Coronal y funcionario de Alicia Kirchner. Las denuncias hablan de cooperativas que cobraban por trabajos no realizados, previa entrega de “retornos” a los funcionarios que debían liberar los pagos.

Como sea, el caso motivó dos auditorias del Ministerio de Desarrollo Social sobre el programa en Almirante Brown –cuyo resultado no se ha hecho público-, y un fuerte enojo de Alicia Kirchner con Giustozzi.

En ese marco, la presión del trío de concejales en aparente rebeldía con Giustozzi, ya surtió efecto en alguno de sus delegados. Gabriel Soria, a punto de cumplir su mandato como concejal, no permanecería desocupado mucho tiempo. El ministro Fernández Garrido le ofreció convertirse en su segundo. Soria está ligado a una cooperativa dedicada a la poda de árboles en altura que cumple servicios para el Municipio y participa de forma frecuente en las tertulias que celebran San Pedro, Torres y Fuentes.

Fernández Garrido no es un funcionario más de Almirante Brown. Su línea directa con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, alimentó las versiones de su posible candidatura a intendente en los comicios del 2011.

Más dudas con el helicóptero de Giustozzi

Con un frente interno resquebrado, se explica que la plaza informativa comience a inundarse de versiones. Por ejemplo, las que ponen en duda que se cumpla en forma estricta la utilización solo para tareas de Seguridad del helicóptero adquirido por el Municipio, tal como se vio forzado a prometer Giustozzi públicamente, luego que este medio revelara la adquisición.

Fuentes del Municipio insisten en que los días 5 y 6 de septiembre, transportó a un reconocido arquitecto de la zona para tomar las fotografías aéreas que Daniel Bolettieri presentó en su informe a la comisión de Obras Públicas del Concejo y con las que intentó demostrar su gestión de regularización dominial en el barrio VI.PER.MU. de Claypole.

Durante su presentación, Bolettieri - también arquitecto - rechazó que el Municipio retenga fondos de las cooperativas, principal acusación de los trabajadores sometidos a presunta extorsión por David Coronel para percibir sus pagos. El funcionario no dijo toda la verdad. De las 11 que prestan servicios en su área, nueve sufren retrasos para percibir haberes y la denominada “Burzaco Limitada” que cumple trabajos en ministro Rivadavia, no los recibe desde hace un año.

Algunos ediles opositores estiman que las dificultades residen en el mismo sistema laboral ideado para suavizar la curva de desempleo. “Cobran unos 800 pesos al mes. El salario mismo los desalienta a trabajar porque saben que no alcanza. Los únicos que pueden hacer diferencia, son los que las administran. Ellos cobran cuando el Municipio certifica el trabajo realizado.” Ese filón habría sido el aprovechado por el despedido David Coronel y el contador Luis Linardi.

Allegados a Coronel aseguran que el ex funcionario tiene “la conciencia tranquila” porque “hice lo que el Pelado me pidió” aunque advirtió que “tengo un as en la manga” en el supuesto que la investigación sobre irregularidades salga del ámbito municipal y pase a la Justicia. El Pelado, como apodan a Bolettieri, apuesta a que eso no ocurra.

Si bien se evita comentarios públicos, hay preocupación en el oficialismo gobernante. El impacto cobrado por la difusión de supuestas irregularidades con las cooperativas son percibidas como síntoma de una nueva situación política donde tiene peso indisimulable el nuevo escenario económico para la administración. Esa aparente debilidad animaría el espíritu emancipador de los concejales en rebeldía y podría actuar como efecto contagio en otros, además de ser un aliciente para la oposición.

Eso llevó a funcionarios de la gestión a elaborar un interrogante por ahora sin respuesta: como transitar la segunda mitad de la gestión sin convertirla en una calle sin retorno.