Ante el peligro inminente que significan 600 casas de más de dos pisos construidas sin las mínimas normas de seguridad, el gobierno porteño  pretende demoler unas 50 casas, las que corren más peligro. No se hará por la fuerza, sino mediante un acuerdo con sus habitantes y vecinos, que también pueden sufrir las consecuencias de un derrumbe.

De esta manera, según informó hoy el diario Clarín, la gestión de Mauricio Macri decidió avanzar con medidas concretas para las villas 31 y 31 bis mientras espera que la Justicia decida a quién le corresponde el control de esas tierras, a la Ciudad de Buenos Aires o al gobierno nacional.

Además, la Ciudad insistirá con que la Policía evite el ingreso de materiales para la construcción y va a denunciar a las empresas que los proveen.

"Les vamos a explicar por qué es peligroso que vivan ahí. Luego van a ser evacuados y relocalizados dentro de la misma villa", adelantó Fabián Rodríguez Simon, jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público y coordinador de una unidad creada para tratar los problemas del asentamiento. Las conversaciones con algunos delegados ya comenzaron y continuarán durante enero. En ese marco, los vecinos pidieron que antes de destruir cualquier casa se haga un estudio técnico y sugirieron la intervención de expertos de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Pero hacia dentro de la villa todavía hay algunas dudas. "Nos dijeron que había unas 50 en peligro y que iban a empezar con 20, pero va a ser difícil convencer a todos", dijo una delegada de la villa consultada por Clarín.

También deberán intervenir los Bomberos, por un orden judicial del juez Andrés Gallardo. Despejadas todas las dudas sobre la necesidad de la demolición, la Comuna va a intimar al Gobierno nacional para que realice los trabajos. "Si en 48 horas no lo hacen, nos vamos a ocupar nosotros, pero le vamos a pasar la cuenta al Gobierno", advirtieron en Espacio Público.

Las 50 viviendas que se podrían demoler están identificadas. El Gobierno cuenta con un relevamiento realizado por un grupo de arquitectos, liderados por Juan Carlos Poli, quien se hizo pasar por fumigador y estudió las 56 manzanas de la villa. También utilizó las herramientas tecnológicas: una empresa de imágenes satelitales hizo un estudio aéreo y tomó fotos desde un helicóptero. Todos esos datos se actualizan cada semana con los informes que prepara la Agencia de Control Gubernamental.

Además de no tener habilitación, las viviendas seleccionadas, de tres, cuatro, cinco y hasta seis pisos, se caracterizan por la fragilidad de sus estructuras. El peligro aumenta por la circulación constante de los trenes (hay casas que están a dos metros de las vías) y de los camiones que llevan agua potable o que limpian los pozos ciegos, dos servicios vitales para la vida cotidiana de gran parte de los habitantes de la villa.

En octubre, el Gobierno porteño fue a la Justicia, pero la construcción en altura todavía no se pudo detener. La jueza Cecilia de Negre ordenó ahora que los retenes estén a cargo de la Policía y que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad "colaboren con las fuerzas de seguridad". El Ministerio de Justicia salió a decir que la Federal no está obligada a controlar el ingreso de materiales y que sólo tiene que proteger a los inspectores. Pero el macrismo insiste con su estrategia. De hecho, planea denunciar penalmente a los funcionarios que desobedezcan la orden judicial y pedirle a la jueza que les aplique astreintes (similar a una multa).

Para Rodríguez Simón, que comanda la estrategia judicial, "los retenes sólo los puede hacer la Federal". "Nosotros necesitamos la fuerza pública para hacer cumplir la medida cautelar", dijo. Y agregó: "Preferiríamos que el Gobierno nacional nos acompañe, pero si no lo hace el problema lo vamos a solucionar nosotros". El objetivo a corto plazo es frenar definitivamente el ingreso de materiales para construir y dejar pasar los que sirvan para hacer mejoras.