Después de la apertura de sobres y la furia desatada en el gobierno porteño de Mauricio Macri cuando se conoció que las ofertas de las empresas que pujaban para quedarse con la licitación del mobiliario urbano alcanzaban a la mitad de lo que la Ciudad cobra hoy en concepto de canon, la bronca colmó la paciencia del jefe de gabinete del ministerio de Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón.

La mano derecha del ministro Juan Pablo Piccardo renunció hoy a su cargo en medio de los conflictos del área, que también vive momentos de gran tensión por la aprobación del nuevo Código de Publicidad de la Ciudad.

El proyecto inicial del gobierno de Macri planteaba un adecuado ordenamiento del espacio público y eliminaba la polución visual con carteles proliferando sobre casas y avenidas, tal cual se prometió en la campaña. Pero en la Legislatura lo cambiaron hasta desvirtuarlo, al parecer gracias al aceitado lobby de las empresas del sector.

Simón había pedido vetarlo completo, y al final sólo se vetaron dos artículos. Sospechas de corrupción sobrevuelan este tema.

También se complico Mobiliario Urbano

El viernes pasado se abrieron los sobres de las ofertas económicas de las cuatro empresas que habían quedado firmes para quedarse con el millonario negocio del mobiliario urbano, luego del primero proceso licitatorio (donde se evalúan los antecedentes de las compañías). En esa apertura sólo encontraron desilusión.

Las compañías que quedaban en la puja por el mobiliario urbano daban apenas $4.222.226 al gobierno porteño en concepto de canon de un negocio que tiene ingresos de más de $120 millones. PC, Grupo Sur, Publicidad Sarmiento y Viacart, le darían la mitad de lo que el Poder Ejecutivo recibe hoy –unos $8 millones-.

Desde Espacio Público explicaron a La Política Online ese mismo día que las ofertas todavía estaban en proceso de análisis, y se estaban cotejando con las del primer sobre. Pero prometieron que el lunes o martes de esta semana iban a adjudicar el mobiliario.

Sin embargo, el ministerio porteño extendió su análisis. Pasó el lunes, pasó el martes. Y ninguna de las compañías tenía una respuesta por as autoridades de la Ciudad.  Las empresas que habían quedado en la pelea de licitación presionaron. Enviaron cartas a la cartera de Piccardo anunciando que, sin respuestas del gobierno, consideraban que podían empezar a trabajar sobre el mobiliario urbano.

Esta presión, se sumó a las complicaciones de Rodríguez Simón, pero no fue la única. La gestión macrista viene dejando muchas puntas sin atar y si sigue avanzando una causa que lleva adelante el juzgado de Facundo Cubas contra el legislador del Pro, Patricio Di Stéfano, podría caer toda la licitación.

Incompatibilidad de los cargos

El abogado penalista Mariano Bergés –en representación de la empresa Spinazzola SA– presentó una denuncia judicial contra Di Stéfano por “incumplimiento de los deberes de funcionario”. Es que el legislador macrista, que ingresó en reemplazo de la actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, había firmado un dictamen como integrante de la Comisión Evaluadora del Mobiliario Urbano –que pertenece al Ministerio de Ambiente y Espacio Público– seis días después de haber asumido como diputado de la Ciudad. Cumplir con ambas funciones al mismo tiempo es incompatible para la Constitución.

Esto también había sido denunciado por el ex diputado peronista, Eduardo Valdés, en agosto pero ante la Junta de Ética, Poderes y Reglamento de la Legislatura porteña.

En su momento, Di Stéfano le explicó a La Política Online: “No había incompatibilidad porque el dictamen de la comisión Evaluadora es no vinculante, es decir no es una firma de un acto administrativo. Esto significa que el ministro después ejecuta un acto administrativo ateniéndose o no la opinión del dictamen no vinculante de la comisión ad honorem que hace la evaluación”.

Sin embargo, el juez Cubas no lo interpretó así. En estos días preguntó a las autoridades de la Legislatura si desde el 29 de mayo al 5 de junio, Di Stéfano tuvo algún tipo de actuación como legislador. La respuesta fue un contundente sí. Acto seguido, el juez de instrucción lo citó a indagatoria –el primer paso para ser procesado-. Si esta causa avanza, y se confirma que el diputad del Pro cumplió con las dos funciones al mismo tiempo, la licitación cae junto al dictamen no vinculante que realizó en la Comisión ad honorem. Y el dolor de cabeza se extenderá a todo el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

Por último la basura

Rodríguez Simón era partidario de eliminar los contenedores y dividir la basura en las casas de manera de armar un circuito con cartoneros para que retiren el papel domicilio por domicilio. Esto generó un fuerte cortocircuito con Hugo Moyano ya que al menos 160 trabajadores de las empresas de limpieza perderían el empleo, por la desaparición de los contenedores.

Moyano hizo valer su peso político, amenazó con protestas tal cual anticipó ayer La Política Online, y finalmente los contenedores continuarán. Otro de los temas que malquistó al ahora ex poderoso jefe de Gabinete de Espacio Público.