Lamentablemente, la pesadilla se repite una vez más. Otra mujer es asesinada por su ex pareja. Las cifras son alarmantes: cada 30 horas en promedio se produce un femicidio en el país. La muerte de Claudia Schaefer en un country en la localidad bonaerense de Pilar pone en descubierto lo que todavía resta en materia de prevención, promoción y ejecución de políticas públicas para ayudar a las víctimas de violencia de género. En otras palabras, muestra las fallas del Estado para dar respuesta a este flagelo.

La ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres prácticamente no es operativa. A seis años de su sanción, el Poder Ejecutivo Nacional todavía no reglamentó más de un 50 por ciento del articulado, entre ellos temas claves. Es llamativo que no está reglamentado el artículo que garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (artículo 2, inciso b). No podemos quedarnos en las promesas y discursos, cuando las mujeres siguen muriendo.

Por otra parte, el desafortunado tratamiento mediático que recibió el caso, difundido como "Femicidio Vip" o "Crimen en el country" espectaculariza el trágico desenlace y estigmatiza, una vez más, a la víctima. Estas calificaciones, por parte de algunos medios de comunicación, muestran un abordaje marketinero del caso e implica el desconocimiento de la problemática.

Los medios de comunicación deberían romper con los estereotipos y discursos naturalizados que tienden a tratar estos hechos como telenovelas. La prensa amarilla corre el eje de la discusión y liga la violencia de género a una situación económica. Con esta clase de calificativos, se desampara aún más a las víctimas, con un falso justificativo socioeconómico. El dinero no es un factor que resuelve los problemas. Este enfoque esconde un metamensaje pavoroso: “Si matan a la señora rica del country, que me queda a mí que soy pobre”.

Conflicto y violencia cruzan hoy a toda la sociedad. Está claro que la violencia de género no reconoce edad, geografía ni clase social. Es necesario profundizar en la prevención y exigir que se arbitren los mecanismos necesarios para brindar asesoramiento legal y acceso a la Justicia a todas las mujeres.

Schaefer murió degollada en manos de su ex marido, el empresario Fernando Farré. Ella ya había hecho una denuncia por violencia de género en una fiscalía de la Ciudad; ya se había asesorado, había logrado separarse de hecho, y había iniciado el divorcio. Había buscado ayuda, pero tenía miedo que Farré se llevara a los tres hijos que tenían en común.

Hace poco más de dos meses marchamos por “Ni una menos”. Los dispositivos públicos, salvo honrosas excepciones, siguen sin funcionar. Las mujeres siguen muriendo. ¿Hasta cuándo?