Qué diría el ciudadano común si supiera que por el interés de un grupo político este año deberá concurrir, obligatoriamente, a votar varias veces. Qué diría el ciudadano común si supiera que los costos de este interés particular saldrán del erario público, es decir del pago de sus impuestos.

Así es, empezamos 2011 sabiendo que, como pocas veces en la historia, en el transcurso de un año los argentinos se encontrarán cara a cara en reiteradas oportunidades.

2011 será un año cargado de fechas electorales porque además de la elección de Presidente y vice -probablemente con segunda vuelta-, se renuevan en distintas fechas a lo largo y ancho del país, las Gobernaciones, las Legislaturas Provinciales y las Intendencias.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se eligen Jefe y Vicejefe de Gobierno, Legisladores Porteños y, por primera vez, los representantes a las Comunas.

Sumado a este nutrido cronograma electoral, está el tema de la controversial ley de internas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Vale recordar que la ley fue sancionada de apuro por los K en la primera semana de diciembre de 2009, cuando aún tenían la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Efectivamente, el 10 de diciembre muchos de esos legisladores debieron abandonar sus bancas por haberlas perdido a manos de la oposición en las elecciones del 28 de junio de ese año. Cualquiera podría preguntarse cuál era la legitimidad de esos legisladores para aprobar esta ley si el votante les había retirado su confianza: no los votó.

Que el ciudadano sepa: Esta ley tuvo en diputados el rechazo unánime de toda la oposición. Algunos bloques minoritarios (ex aliados al kirchnerismo) fueron engañados, ya que la presidenta veto los artículos que daban plazo para adaptarse a los nuevos requisitos.

Asistimos a una de las tantas paradojas del universo K. Fue Néstor Kirchner el impulsor de esta ley tremendamente restrictiva. El mismo que en el año 2005, como presidente de la Nación, firmara el decreto que autorizaba la posibilidad de que se presentaran a elecciones los partidos en formación, y también aquellos que, habiendo perdido la personería, estaban habilitados electoralmente si la Justicia se atrasaba en el trámite administrativo de notificación.

La normativa electoral es, en todo país serio, un marco que establece de manera transparente, previsible y estable la arena donde las diferentes corrientes de pensamiento, sus expresiones político-partidarias y sus propuestas de gobierno compiten por la preferencia del elector.

Cambiar las reglas para obtener ventajas no es cívicamente aceptable en la democracia moderna.

En aquel diciembre del 2009, el discurso oficial para justificar la normativa, era bastante distinto al de hoy. El argumento oficialista era el de "ordenar y fortalecer a los partidos". Lejos de ello, esta ley opera en la práctica de manera negativa. Veamos algunos ejemplos.

La ley obliga a los partidos a concurrir a elecciones internas, aunque haya lista única. Esta inaceptable intromisión en la vida partidaria es una maniobra para eliminar competidores, ya que si un partido no obtuviera el necesario porcentaje de votos del padrón, no podrá presentarse a las elecciones generales del 23 de octubre. Pero, ¿cuál sería la motivación de un elector de ir a votar cuándo hay lista única? En lugar de motivar al ciudadano para que defienda sus derechos en las urnas, se les suman obligaciones y se les resta descanso. El resultado: más desmotivación.

Por otra parte, económicamente es incomprensible que el gobierno se empeñe en pagar las boletas de todas las líneas internas, de todos los partidos, de todas las alianzas, en esta interna totalmente alejada del ciudadano común.

El agravamiento de los requisitos cuantitativos, de adhesiones o avales para presentar candidaturas en las internas, resulta en la práctica la desaparición de las minorías dentro de los partidos… o peor aun de partidos completos.

Someter a las expresiones minoritarias a requisitos de imposible cumplimiento, conspira contra la aparición de partidos emergentes y fuerza a un bipartidismo fantasioso. Además, la nueva norma deteriora la posibilidad de incorporar ciudadanos independientes en carácter de extrapartidarios, ya que un candidato que no participe de la interna no podrá participar de la general.

Las falsas primarias. Si bien el nombre es similar al que dan los norteamericanos al proceso de internas para nominar candidatos (con esta palabra se alude a una elección previa a la general) vale recordar que en Estados Unidos los ciudadanos pueden inscribirse voluntariamente en los padrones y esa es la única manera que los habilita a votar: inscripción previa.
Además pueden inscribirse solo a la primaria (interna) de un partido y votar solo en esa interna. Los padrones son por partido político.

En nuestra ley de internas hay varias trampas: no hay inscripción previa, no es voluntaria sino obligatoria. Se puede votar por cualquier candidato de cualquier partido, el padrón no es el partidario.

Un punto grave: las alianzas. Desde el regreso a la democracia en 1983 hasta las elecciones del 2009 las agrupaciones políticas celebraban alianzas luego de dirimidas sus internas partidarias. Se sabía quien había ganado en cada partido, sus posiciones políticas y su ideología. Ahora esta ley obliga a hacer las alianzas primero, e ir a internas después. Esta medida intervencionista y dirigista atenta contra la libertad de las estructuras partidarias de realizar libremente alianzas electorales. Otra vez, un traje a medida para el oficialismo K.

El rol de Gestapo del ministerio del Interior. La ley otorga un control excesivo al Ministerio del Interior, favoreciendo una especie de "policía electoral". Es inaceptablemente alto el margen de discrecionalidad en el tema adjudicación de pauta publicitaria audiovisual. Estos autoritarismos siguen la línea del discurso oficialista en el Senado: "Quien tenga disidencia no va a poder armar un nuevo partido”.

Boleta única, camino al voto electrónico. Desde el PRO alentamos este método simplificado y amigable. Así podemos eludir el clientelismo, el robo de boletas y las demás maniobras a las que apeló el kirchnerismo en las últimas dos elecciones nacionales.
La modernización de los sistemas de votación como ocurre en Brasil y otros países, favorece la participación del ciudadano común.

Por todo esto, estamos ante una Ley inconveniente e inoportuna, jurídicamente al borde de la inconstitucionalidad, y que hoy se torna inaplicable. Por eso es importante que haya novedades desde el Poder Judicial y también desde el Poder Legislativo, a través de la presentación de una ley que suspenda la aplicación de esta normativa distorsiva, intervencionista, que se mete en la vida interna de los partidos, que condiciona las alianzas, con efectos persecutorios sobre las minorías. En definitiva, antidemocrática. Y que aunque se le quiera decir al ciudadano que es importante para él, no lo beneficia en nada. Dos poderes del Estado tendrán que definir si permiten este abuso del Ejecutivo, que a través del actual gobierno pretende, una vez más, cambiar las reglas a su antojo en beneficio propio.