La primera pregunta es ¿cómo se pagaron las viviendas?
Con fondos públicos.
Los de los impuestos, los de las retenciones, los del IVA a todos los alimentos.
Es decir el presupuesto público.
El que ejecuta el Ministerio de Planificación Federal, que habiendo analizado legalidad..., oportunidad... y conveniencia...,y habiendo fundamentado el acto administrativo correspondiente...
Decidió que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibiera dinero para la construcción de viviendas sociales.

La segunda pregunta es ¿quién o quiénes construyeron las viviendas?
Empresas constructoras privadas, con modalidades de contratación diversa y difusa.
Con poca licitación, con mucha adjudicación directa.
Con empresas fantasmas, prestanombres, testaferros: Schoklender

La tercer pregunta es ¿quién controla?
La respuesta es amarga: nadie.
Se tercerizó para eludir controles, se cajonearon por más de un año las denuncias de irregularidades
Se actuó con impunidad, no hubo ni controles de rutina, ni rendición de cuentas.
El apoderado de la Fundación era a su vez contratista, controlador y controlado. Eran la misma persona: Schoklender

La cuarta pregunta es ¿quiénes y cómo accedían a las viviendas?
La discrecionalidad era absoluta, favores políticos, filtros ideológicos,
aprietes previos, extorsiones posteriores, gravísimas denuncias
de discriminación y clientelismo. Atropello.


La quinta pregunta es ¿cuál fue el costo de las viviendas?
70 % más caras que el promedio nacional.
Tomando más de 100 modalidades de planes y diferentes empresas constructoras
el promedio nacional es de $95.000.
Las viviendas en cuestión costaron $160.000

La sexta pregunta apunta a la calidad de lo construido.
Ahora se están dando a conocer denuncias sobre la baja calidad?
Será imprescindible una auditoria técnica sobre las características de construcción
y los materiales utilizados en ella.

Más allá de este enfoque casi administrativo, pero con fuerte impronta republicana, están las cuestiones políticas:

La utilización del aparato del estado, per se o tercerizado, con dinero, tráfico de influencias, ausencia o elusión de controles y este vergonzoso capitalismo de amigos, es y ha sido una constante en estos 8 años de gobierno K, ahora utilizado de manera escandalosa con fines electorales.

Confundir la política de DDHH, o peor aún, utilizarla para blanquear actos de corrupción es además de delito, una bajeza imperdonable propia de amorales.

Negar primero, minimizar después, echar culpas a los medios periodísticos
y por último relativizar, todo mientras se buscan excusas pueriles.
Distraer de lo principal hacia lo accesorio, esta es una matriz que el universo K ha usado en forma sistemática, sobretodo frente a casos de corrupción de resonada notoriedad pública como Skanska, Antonini, Jaime, fondos de Santa Cruz, enriquecimiento ilícito, etc..

En el medio de este escándalo, es urgente recuperar los roles institucionales,
los controles republicanos y las libertades públicas.
Cada uno en su rol, en los distintos poderes del Estado, cada uno en su jurisdicción. Desde el rol de legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debemos conformar una comisión investigadora, para desentrañar las responsabilidades políticas y actuar en consecuencia.