Un día después del fallo de la Corte Suprema que suspendió el tarifazo del gas para los usuarios residenciales, el Gobierno de Mauricio Macri sufrió una nueva derrota judicial: ahora la Cámara Federal de San Martín ratificó a la jueza Martina Forns en la causa en la que suspendió el aumento de las tarifas de luz en todo el país.

La jueza federal de San Martín -a la que esta semana le dejaron una granada cerca de su casa- hizo lugar a principios de mes a un amparo presentado por vecinos de Tres de Febrero y el CEPIS y suspendió el incremento de las tarifas de luz en todo el país ante la ausencia del "requisito constitucional" de la audiencia pública. Además, ordenó al ENRE que obligue a las empresas a refacturar con las tarifas de enero y que devuelvan lo que cobraron de más.

Días después, el Gobierno apeló el fallo -que en breve llegará a manos de la Corte- y recusó a la jueza por presunta imparcialidad (la acusan de ser parte de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima) y también por supuesto prejuzgamiento, al haber anticipado su opinión sobre el fondo de la cuestión en los medios.

Pero el objetivo de desplazarla chocó contra la Cámara Federal de San Martín, que rechazó la recusación y determinó que Forns reasuma el control del expediente, por lo que la medida cautelar deberá ser ejecutada de manera inmediata. Esto es, que finalmente el Gobierno deberá pedirle al ENRE que ordene la refacturación, un proceso que es complejísimo para las empresas.

La jueza Forns

En la resolución de la Cámara se observa el hilo común de todos los fallos contra los tarifazos: el Gobierno violó el principio de legalidad al no cumplir con la normativa legal de hacer audiencias públicas, por lo que el dictado por la jueza Forns no es reprochable.

Es la posición de la Corte en el tema gas, por lo que se descuenta que lo será también cuando decida en los expedientes por el aumento de la luz. Será el argumento también de comercios, industrias y clubes de barrio para pedir que le suspendan la suba del gas. Asimismo, ya se analizan presentaciones por la subas sin audiencias públicas de otros servicios públicos como el agua o la telefonía fija.

La muy probable ratificación por parte de la Corte del fallo de Forns generara un conflicto serio en las empresas de energía eléctrica, que a diferencia de lo que sucede en el gas tienen el 75 por ciento de su facturación en los usuarios residenciales. Es decir que el impacto económico sería mucho más pronunciado.

Acaso por eso esta mañana había estupor -y reproches- en las empresas eléctricas por la sucesión de derrotas judiciales que viene sufriendo el gobierno nacional. Incluso, afirman que los subsidios que está entregando el Gobierno se hace en concepto de préstamo, por lo que más allá de pilotear la situación actual, les complica la ecuación financiera.

Apenas conocido el fallo, Edenor había advertido que de tener que devolver lo que cobraron en los últimos meses tendrían “cero ingresos durante el próximo año” y hasta quedarían en riesgo de no poder pagar los salarios a unos siete mil empleados. Incluso, la empresa alertó a la Bolsa que la suspensión del tarifazo le generará un déficit de caja de aproximadamente 7.000 millones de pesos en el año y la pondrá en “situación de disolución y pérdida de su patrimonio”. Edesur también señaló que estaba en riesgo la cadena de pagos y la prestación del servicio.