Tras la suspensión del aumento en la tarifa de luz en todo el país, las distribuidoras Edenor y Edesur advirtieron que el freno judicial perjudicará su operatividad, afectará la cadena de pagos y podría ponerlas en "situación de disolución".

La dramática advertencia realizada por las distribuidoras llega un día después del fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que suspendió el aumento en todo el paía y en medio de prolongados cortes de luz en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

La advertencia de Edenor fue de carácter institucional, con una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores. Allí, la firma dice que la suspensión del tarifazo le generará un déficit de caja de aproximadamente 7.000 millones de pesos en el año y la pondrá en “situación de disolución y pérdida de su patrimonio”.

Edenor informó a la Bolsa de Buenos Aires que la suspensión del tarifazo le produce un déficit de caja de unos 7.000 millones de pesos en el año y la pone en situación de "disolución".

“El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación”, afirmó esta tarde Edenor.

Esta situación “pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios”, agregó la empresa que tiene a su cargo la distribución de electricidad en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense.

La advertencia de Edenor a la Bolsa tuvo efectos en la jornada bursatil. La distribuidora lideró las pérdidas durante toda la jornada, y cerca del cierre sus acciones caían 3,16%.

El planteo de Edesur

La jueza Forns dispuso el miércoles la nulidad con alcance nacional de las Resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. La medida abarca el 100 por ciento de los clientes de Edenor y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas (1 de febrero del corriente año), la cautelar implica “la acreditación a los clientes de las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente a enero”.

Casi en simultáneo, la distribuidora Edesur expresó mediante un comunicado de prensa que recibe “con preocupación” las consecuencias del fallo de la jueza Forns al entender que su decisión “atenta de manera directa contra la operación de la empresa e indirectamente contra la calidad del servicio de los clientes al que según el fallo, se intenta proteger”.

Edesur dijo que la suspensión del tarifazo pone en riesgo su plan de inversiones y afirmó que el aumento no necesita de una audiencia pública previa.

“De persistir esta situación, advertimos que podrán verse afectados la cadena de pagos de la empresa, así como también el Plan de Inversiones en obras actualmente en ejecución”, planteó la compañía al confiar en que “la Justicia revea esta decisión para poder implementar el nuevo cuadro tarifario y devolverle a la empresa normalidad en la operación del servicio”.

La conducción de Edesur destacó que “la actualización en el precio mayorista de la energía, no necesita de la realización de una audiencia pública”, al plantear que en el caso del Valor Agregado de Distribución (VAD), a partir del 1° de febrero de 2016 “sólo se reconocieron ajustes adeudados aprobados por ley en el Acta Acuerdo de 2005, luego de la realización de la Audiencia Pública correspondiente”.

“Es importante recordar que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías. Y en la actualidad, con la aplicación del nuevo cuadro tarifario, el 65 por ciento de nuestros clientes residenciales pagan menos de 150 pesos por mes”, explicó la empresa distribuidora.