Primero fue Chubut, luego Tierra del Fuego y Mendoza. Ayer se sumó Córdoba a los pedidos de amparo judicial contra el tarifazo del gas. Y ahora se suma San Luis a la oleada de medidas cautelares para poner límite al aumento desmedido de las tarifas de calefacción.

A un día de la reunión de los gobernadores con Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren, se suman complicaciones para las expectativas del poder Ejecutivo. A diferencia de Tierra del Fuego o Córdoba en las que las presentaciones judiciales fueron realizadas por privados, esta vez es el gobierno de San Luis quien presentó un recurso ante la Justicia Federal para que "suspenda la aplicación de los aumentos" en la tarifa del gas natural.

Es la línea del gobernador de Chubut, Mario das Neves y del radical mendocino, Alfredo Cornejo a la que ahora se suma el puntano Alberto Rodríguez Saá.

El fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, informó esta mañana que había recibido instrucciones del gobernador Alberto Rodríguez Saá para que iniciara la demanda. Así, el gobierno se presentó ante la justicia en forma conjunta con el Programa de Defensa del Consumidor que está a cargo de Alberto Montiel Díaz.

Allende y Montiel Díaz ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa para dar precisiones sobre la presentación, que ingresó a los Tribunales Federales a última hora de la tarde de ayer, es una "acción declarativa de certeza".

"Como medida cautelar hemos pedido al Juzgado Federal de San Luis que suspenda en forma inmediata la aplicación de los aumentos que han causado tanta conmoción en toda la sociedad", anunció Allende.

De todas formas, admitió que la Empresa Provincial de Gas (EmProGas) "todavía no ha emitido facturas con el aumento" y resaltó que las primeras boletas que "van a recibir los usuarios van a tener un aumento que va a impactar sobre 20 días del bimestre" por lo que no se sentirán los incrementos de manera importante.

"Pero haciendo una proyección de un período del año pasado, si la persona consumiera lo mismo durante este año, con la aplicación de las nuevas tarifas, el aumento proyectado supera el 1500% y en algunos casos llegan al 2000 por ciento", aseguró.

Además, el fiscal señaló que están aguardando que "en las próximas horas se dicte la medida cautelar" en concordancia con el pedido de suspensión del aumento. El pedido ante la justicia se efectuó para que "esta medida abarque a todos los usuarios", agregó.

Por su parte, Montiel Díaz destacó que los aumentos son una medida "irrazonable" por parte del gobierno nacional que "pone en riesgo la economía de todos los particulares, pone en riesgo la salud, principalmente, porque todo aquel que no pueda pagar el gas no va a poder calefaccionar su hogar", destacó.

Asimismo, estimó asimismo que la cautelar podría tener una resolución "en 24, en 48 o en 72 horas", en cambio, "si tuviéramos que esperar la resolución de la cuestión de fondo, el proceso podría demorar más tiempo", indicó.

Cuando se le preguntó si los usuarios debían abonar las facturas recibidas, recomendó "esperar hasta el último vencimiento", y reiteró que serían "dos o tres días más para ver qué resuelve el juez". En ese sentido, admitió que sería muy arriesgado recomendar que no se pague el servicio, ya que "cuando no se abona se corta" por eso insistió en esperar "hasta el último vencimiento".