El fallo de la Corte Suprema a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe por la retención del 15% de la coparticipación para financiar a la Anses y del 1,9% de esa masa de recursos para la Afip, habilita al resto de las provincias a sumarse el reclamo, lo que podría derivar, en el caso de María Eugenia Vidal, a exigirle a Mauricio Macri que le gire unos 18 mil millones de pesos extra solamente el año que viene por este concepto.

El martes pasado, el Supremo Tribunal emitió una sentencia que sorprendió por su oportunismo. A días del cambio de gobierno, la Corte sentó posición sobre una disputa entre la nación y las provincias que data del 2006, y que, si se extiende a la totalidad de los distritos, implicará una dispara del déficit al 7% del PBI, según cálculos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino(Idesa).

“La retención del 15% de la masa coparticipable nace en el pacto fiscal de 1992 cuando, para financiar la severa crisis que sufría el sistema previsional, la Nación y las provincias deciden compartir el esfuerzo”, recuerda un reporte de esa entidad.

“El pacto se prorrogó en 1995, pero venció en diciembre de 2005. Sin mediar un nuevo acuerdo, el gobierno nacional decidió –a través de la ley de Presupuesto 2006– mantener esa apropiación. Como era previsible, la Corte consideró ilegal esta detracción disponiendo su inmediata suspensión y un plazo para que se devuelvan los fondos apropiados desde el 2006”, puntualiza el trabajo de Idesa.

Lo cierto es que, pese a representar un misil para las delicadas finanzas del gobierno nacional, el fallo puede convertirse en una gran ayuda para la relación entre Macri y los gobernadores.

El presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, aclaró que la resolución “no va a condicionar” al próximo presidente “ni va a provocar una crisis”. En ese sentido, durante el brindis de fin de año, el juez Juan Carlos Maqueda le comentaba a los presentes que consideraba errónea la lectura de que el fallo era en contra de Macri y que pudiera perjudicarlo.

En el PRO ya aclararon que piensan tomar deuda para cubrir el rojo fiscal que provocará la quita de retenciones, y así reducir el financiamiento inflacionario con emisión monetaria, tal como planteó el próximo ministro de Desarrollo Productivo, Francisco Cabrera.

La devolución del 15% de la coparticipación sería una gran ayuda para las provincias que tienen las cuentas más ajustadas, como Buenos Aires. El futuro ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, habló de un déficit de 15 mil millones de pesos en las arcas del distrito.

Por otro lado, Vidal aseguró que Macri le había prometido unos $13 mil millones anuales para obras por año.

Si la gobernadora electa decide recurrir a la justicia por la retención, el próximo presidente debería devolverle en 2016 un total de $18.375 millones, calculan en el entorno de Silvina Batakis.

A esa cifra se llega al sumar el 15% de coparticipación para financiar a la Anses, estimada en $15.517 millones, más el 1,9% para la Afip.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal(Iaraf), sólo en 2015 el gobierno le terminará reteniendo unos $13 mil millones de coparticipación por el 15% para financiar a la Anses.

De ahí que un fallo a favor de Vidal le permitiría a Macri girar ese dinero con el argumento de que se trata de una decisión de la justicia, a la que ya señaló que va a respetar y evitará interferir en su labor, en el marco de su discurso institucionalista.

La deuda al nivel de 2001

Asimismo, ayuda a otros mandatarios alineados con su futura gestión las provincias más relegadas y que peor están en términos financieros. Sin ir más lejos, el jueves pasado Macri se reunió con el próximo gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y le prometió solucionar los problemas financieros de ese distrito, en particular para realizar las obras que no pudieron concretarse durante el mandato de Cristina.

El trabajo de Idesa advierte que “las provincias inmediatamente beneficiadas son Córdoba, San Luis y Santa Fe. Pero desencadena el reclamo del resto de las provincias que sufren la misma detracción”, como ya insinuó el mendocino Alfredo Cornejo, y sugirió el santafesino Miguel Lifschitz, uno de los beneficiados con la sentencia.

Para el instituto, el flujo anual de la retención del 15% de la coparticipación que corresponde a las provincias asciende a $56 mil millones, que equivalen a 1,3% del PBI.

De acuerdo a Idesa, “el monto total retenido desde el 2006 asciende a $400 mil millones a precios del 2015, equivalentes a 7,3%% del PBI”, aunque la consultora Economía y Regiones ubicó el monto en $363.648 millones de pesos, más intereses.

"Esto implica que el déficit fiscal pasará de 6,2% a 7,5% del PBI y que la deuda pública registrada del Estado nacional pasará de 43% a ser superior al 50% del PBI", compara Idesa.

"Estos datos alcanzan para dimensionar el deterioro que este fallo impone en la situación fiscal que heredará el nuevo gobierno. Se llega a un nivel de deuda pública similar al del 2001 y el déficit fiscal duplica al observado en ese mismo año. Esto, sin considerar los pasivos que no registra la contabilidad pública, entre los que se destacan los juicios previsionales, las deudas con proveedores del Estado en materia de energía y obra pública, los reclamos de las provincias que no transfirieron sus sistema previsionales y los acreedores externos que tras el fallo de Griesa dejaron de cobrar sus acreencias", concluye el documento.