En un extenso escrito firmado por Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a solo 48 horas de elegido el nuevo presidente, la Corte Suprema de Justicia le reconoció las deudas históricas que el gobierno central tiene con las provincias de Santa Fe y San Luis.

La sentencia fue interpretada de diferentes maneras según el espacio político. Desde el kirchnerismo sostienen que son argumentos para “el ajuste” que apunta a desfinanciar al ANSES, y desde el PRO una presión de la Corte al nuevo gobierno mientras que el Socialismo festeja la medida.

“Vamos a ser absolutamente respetuosos de las decisiones judiciales”, sostuvo una alta fuente del partido de Mauricio Macri, aunque reconocieron que les llamó la atención el momento en que se conoce la sentencia.

Es que el fallo sienta precedentes y habilita al resto de las provincias a reclamar deudas sobre la coparticipación a partir de la deducción que de forma unilateral el gobierno central viene aplicando desde la gestión de la Alianza, lo cual la Corte acaba de declararlo inconstitucional.

Tanto en ámbitos políticos como judiciales, la sentencia del Tribunal Supremos fue leída como un mensaje –y algunos hablan de presión- hacia el propio Mauricio Macri abriéndole un nuevo frente de negociación no sólo con las provincias sino también con la propia Corte.

“Es un fallo de neto contenido político”, consideró un funcionario judicial en comunicación con LPO, quien explicó que una vez que asuma “Macri deberá enviar los pliegos para cubrir las dos vacantes del máximo tribunal y lo que está haciendo Lorenzetti es marcar la cancha”.

“Así como el diario La Nación no esperó ni 24 horas para sentar su posición respecto a los Juicios de Lesa Humanidad, la Corte publicó el fallo a los dos días de elegido el nuevo presidente”. afirmó la misma fuente.

Si bien Macri aseguró que a partir del 10 de diciembre se abría una nueva etapa de diálogo y respeto entre Nación y las provincias, la decisión de la Corte cayó como agua helada en medio de las tensas negociaciones por la conformación del gabinete económico y sumó incertidumbre al estado de las cuentas con que se encontrará Cambiemos a la hora de asumir la presidencia.

“Ese fallo estaba preparado desde antes del ballotage”, afirmó en diálogo con LPO el radical Jorge Boasso, que se preguntó “¿por qué se demoró tanto en la sentencia?”. En rigor, llama la atención que la fecha de sentencia, 24 de noviembre, esté escrita a mano alzada a diferencia del resto del texto.

Boasso, uno de los primeros dirigentes rosarinos en acordar con el PRO previo a la Convención de Gualeguaychú donde se formalizó la alianza, consideró que el fallo “obliga a pagar la deuda a un gobierno que no la generó”.

Ya en el 2004, el edil solicitó mediante un Decreto aprobado por el Concejo Municipal que el ejecutivo, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, informe sobre las gestiones impulsadas por la provincia para que se reconozca la deuda de coparticipación que se iba acumulando desde el 2001.

Por otro lado, analistas cercanos al kirchnerismo leyeron el fallo como un golpe a las finanzas del ANSES: “La decisión de los supremos enciende señales de alarma para la sustentabilidad del sistema de la seguridad social: uno de cada seis pesos con los que cuenta la Anses para su operatoria, desde el pago de jubilaciones hasta la cancelación de las sentencias judiciales, provienen de los impuestos coparticipables”, escribió Tomás Lukin en Página/12.

La teoría que abonan desde el gobierno saliente es que la sentencia tiene por objetivo principal dar argumentos para “el ajuste” en las políticas sociales, fibra sensible de la era kirchnerista.

Euforia socialista

A diferencia de la preocupación que despertó el fallo en las dos principales corrientes políticas del país, en el Socialismo santafesino sólo cabía algarabía. Tanto Antonio Bonfatti como el gobernador electo Miguel Lifschitz coincidieron en señalar la sentencia como una reparación histórica.

“Los recursos serán usados para infraestructura”, adelantó Lifschitz y en el mismo sentido se pronunció el gobernador saliente Antonio Bonfatti: “esto va a traducirse en numerosísimas obras”.

A su vez, dirigentes del partido de la rosa expresaron su reconocimiento por las redes sociales a Hermes Binner por las gestiones que llevó adelante ante la Corte en tiempos que gobernaba la provincia.

Según explicó el constitucionalista Domingo Rondina, fue el actual Procurador Jorge Barraguirre durante la gestión de Binner “quien estructuró la demanda sobre tres hechos concretos: las deducciones en la coparticipación del impuesto al cheque, las detracciones de partidas para formar un fondo de garantías para el ANSES cuando la seguridad social estaba privatizada y los descuentos de alícuotas retenidas por AFIP”

En suma, la deuda supera los 25 mil millones de pesos que, según Rondina, le da mucha fuerza a Miguel Lifschitz a la hora de negociar con Macri acuerdos de coparticipación con Santa Fe.

A su vez, la Corte obliga al cese inmediato de los descuentos significando un incremento sensible de los aportes federales a Santa Fe que deberá afrontar el nuevo gobierno. “Es una maniobra política del máximo Tribunal. El Poder Judicial tiene hipotecada a la democracia” concluyó el constitucionalista.