El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, confirmó que los legisladores radicales no acompañarán el proyecto del Gobierno nacional para cambiar la jurisdicción del pago de la deuda reestructurada.

"La mayoría de los legisladores opinamos que no vamos a acompañar al Gobierno en este proyecto", afirmó Sanz en la previa de un encuentro de los legisladores nacionales del partido en Córdoba, donde se tratará el tema. "Vamos a escuchar a González Fraga, Prat Gay y Lousteau, vamos a debatir, vamos a tomar una definición", agregó el senador en diálogo con radio Mitre.

LPO había anticipado ayer que la idea que primaba entre los diputados radicales era el rechazo al proyecto de ley anunciado el martes por Cristina Kirchner. "Hay mucha bronca porque hizo todo este proceso sin consultar al Congreso y ahora quiere socializar las pérdidas. Por eso la mayoría no quiere saber nada con votar a favor", dijo a este medio una autoridad del bloque.

El mismo ánimo circulaba entre los senadores. "Acá hay mala praxis judicial y eso hay que decirlo de alguna manera", adelantaron a LPO desde el bloque.

El diputado Julio Cobos también se había apurado a rechazar el proyecto. "La posición del partido se fijará en Córdoba, pero en lo personal creo que así como está es imposible de votar", le dijo a Clarín. Lo mismo hizo Oscar Aguad: "La cesación de pagos es una mala noticia para la Argentina, sencillamente porque todos los problemas que tenemos hoy se van a complicar más".

En tanto, los socios del Frente Amplio Unen también parecen enfilarse hacia el rechazo, pese a que ayer aparecieron algunas voces a favor, como la de Humberto Tumini. "Hay dos alternativas: la negativa y la abstención", afirmó Hermes Binner, quien dijo que la última opción la usarían para que no los "coloquen en la disyuntiva de 'patria o buitres'"

"El proyecto no soluciona ninguno de los problemas, ni con los bonistas que entraron en los canjes ni con el 7% que quedó afuera, ni con el 1% que causó el fallo irresponsable de Griesa. El tema de la jurisdicción se tiene que resolver de otra forma yes dudosa la necesidad de que tenga que ser por ley", le dijo el santafesino a Clarín.

Elisa Carrió dijo por su parte que "la primera lectura (del proyecto) denota una mascarada irresponsable de los errores propios del Gobierno, pero no creemos serio apurar una decisión teniendo en cuenta el drama económico y social del país”.

Quien planteó una teoría más contemplativa con el proyecto oficial fue Ricardo Alfonsín. "Es bueno que intenten recuperar la jurisdicción que habían cedido. Hay que ser responsables y lograr consenso con los acreedores", tuiteó. La misma postura fue sostenida por su aliado Miguel Bazze, quien dijo que estarían dispuestos a aprobarlo si hay aceptación de los bonistas.