Mientras el Gobierno nacional trata de sacar rédito político de la pelea con los fondos buitre y el juez Thomas Griesa, en el mercado siguen analizando las alternativas para que Argentina salga del default y se evite un descalabro financiero.

En ese marco, a casi una semana de la caída en default, actualmente en el mercado circulan tres versiones sobre las posibles salidas de Argentina, aunque en ninguna de ellas hasta ahora el Gobierno argentino tiene influencia directa.

La primera y principal versión que circula en el mundo de las finanzas es la de las supuestas negociaciones entre un grupo de bancos extranjeros (JP Morgan, Citibank, HSBC y Deutsche Bank) y los fondos buitre. Las presuntas tratativas estarían estancadas pero los movimientos del mercado en los últimos días (sin una brusca caída de los bonos y acciones argentinas) revelan la esperanza de que se llegue a un acuerdo.

Esas entidades están interesadas en que Argentina salga del default por diferentes razones. La principal es que algunos de esos bancos tienen en su poder bonos argentinos y por normativa interna estarían impedidos de mantener bonos “basura” o en default. Es decir, que cuando caen hasta un determinado valor, están obligados a liquidarlos. Se trata de una restricción impuesta tras la crisis de 2008 y la caída de Lehman Brothers.

Una especulación de agentes del mercado es que las entidades pretenderían dilatar las negociaciones hasta que los bonos argentinos se desvaloricen hasta cerca de la cotización que los obliga a vender. Recién allí comprarían el total de la deuda que tienen los fondos buitres y hasta podrían conseguir un mejor precio. Los bancos creen que así el valor de los bonos volvería a dispararse y les cerraría el negocio hasta que encuentren una solución con el Gobierno argentino por la deuda que se quedarían en su poder.

Otros operadores creen que las versiones sobre las negociaciones salen desde los bancos, que pretenden evitar el desplome de la cotización de los bonos argentinos para no tener que pagar los 'credit default swap' (CDS). Esos seguros se activan cuando los papeles caen a un determinado valor y los agentes operan para evitarlo. El ISDA, la entidad que regula los seguros, ya ordenó al suizo UBS que active pagos por unos mil millones, pero otras entidades también tendrían que desembolsar sumas parecidas.

La segunda versión que se analiza en el mercado es quizás la más novedosa, pero también la más complicada. Abogados especializados en el tema plantean avanzar en negociaciones con los bonistas que entraron a los canjes de deuda para que voluntariamente renuncien a la cláusula RUFO y, de esa forma, que el Gobierno pueda negociar con los holdouts sin esa amenaza.

Quienes impulsan esta alternativa creen que lo ideal es comenzar la negociación con los bonistas europeos, ya que un grupo de ellos se mostró dispuesto a seguir ese camino. La semana pasada, Christopher Clark, abogado de acreedores europeos, envió una carta a Griesa en la que afirma que "estaría dispuesto ciertamente a nombre de nuestro grupo a considerar y aceptar una renuncia efectiva a la cláusula RUFO si eso ayuda a las negociaciones".

El grupo de bonistas representado por Clark, del estudio Latham & Watkins, tendría en su poder alrededor del 30 por ciento (unos 5.100 millones de euros) de los bonos denominados en euros, y sería uno de los afectados por el default. De todos modos, hay que aclarar que la parte más significativa de los bonos argentinos es la que emitida en dólares.

El problema para quienes alientan esta alternativa es que para lograr que la cláusula RUFO quede desactivada se debería contar con el aval del 85 por ciento de los bonistas que entraron a los canjes, con un piso del 66 por ciento de los tenedores de cada serie de bonos (Discount, PAR, Global 17, etc).

Como explicó LPO, la cláusula RUFO también podría ser una amenaza más allá del 31 de diciembre de 2014 ya que en la ley aprobada el año pasado por el Congreso para derogar la “Ley Cerrojo” y reabrir el canje, se estableció que no puede haber mejor oferta a los nuevos bonistas. El ex canciller Dante Caputo dijo que se trata de una “extrañísima ley” en la que la Argentina se “auto obliga” a cumplir algo que, en su origen, “era una concesión y garantía a quienes se les reestructuró la deuda”.

La tercera alternativa que se maneja en el mercado es conocida como la “solución Gramercy”. Ese fondo, de largos vínculos con el Gobierno argentino, intentó tiempo atrás acordar con los holdouts y ya con la sentencia firme contra Argentina, le plantearon a la Casa Rosada la posibilidad de que los bancos compren toda la deuda no reestructurada, no sólo la de los buitres como plantean JP Morgan, Citibank, HSBC y Deutsche Bank.

Gramercy sostiene que si un tercero compra toda la deuda defaulteada -incluidos los llamados me too- eso generaría un impacto positivo en la cotización de los papeles argentinos y los tenedores reportarían ganancias de entre un 15 y 20 por ciento, con lo que también los bancos que intervengan en la operación salvarían su inversión. Argentina lograría además salir definitivamente del default.

Esta solución fue rechazada por los funcionarios nacionales y por ahora nadie habla de reflotarla. De hecho, en el mercado hay operadores muy sorprendidos con la actitud del Gobierno de no activar ninguna de estas alternativas. Algunos ya creen que las limitaciones de la cláusula RUFO no son más que una excusa para seguir sumando réditos políticos.

“Tanto Kicillof como Cristina Kirchner han confirmado en sus últimos días lo que hasta hace poco era apenas una pasable sospecha. La cláusula RUFO era la última excusa elegante con la que contaba la Presidenta para evitar concretar un pago que, ahora sabemos, era para ella intolerable políticamente. De no ser así, no habría dinamitado los esfuerzos orquestados por Fábrega, Capitanich y Zannini para que el sector privado construya el puente de plata hasta enero de 2015, cuando vence la cláusula maldita”, escribió el economista Nicolás Dujovne en La Nación. Según Dujovne, otra opción que tampoco explora Argentina es la de canjear los bonos reestructurados con ley extranjera por otros bonos con ley local.