El Papa Francisco estuvo muy presente en la primera reunión de la mesa de diálogo que se armó para encontrarle una solución a la toma del predio de Lugano que lleva más de un mes.

La mesa la conformaron 8 legisladores del PRO y la oposición y una veintena de delegados de la toma del terreno ubicado en las calles Fernández de la Cruz y Pola, que fue tomado el 24 de febrero por vecinos de la villa 20 en reclamo de viviendas.

Ni siquiera los asesores de los legisladores pudieron ingresar a la reunión, que duró casi tres horas y se concertó en el despacho de la jefa de bloque del PRO, Carmen Polledo, con la custodia de un llamativo numero de encargados de seguridad. Incluso el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, que fue designado por la Justicia como “veedor” del desalojo, debió pedirle a su acompañante, la hermana del ex legislador Diego Kravetz, que se retirara puesto que Polledo no la dejó ingresar.

En el inicio de la reunión, el vocero de los delegados repartió estampitas del Papa Francisco, en un gesto que no tuvo nada de inocente: el Sumo Pontífice intervino de manera directa en el conflicto tras enviarle un mail al legislador de Unen, Gustavo Vera, oponiéndose al desalojo.

Como adelantó LPO, el mail generó una crisis en el PRO y en el Gobierno nacional, que midieron los costos de oponerse a una orden del Papa y frenaron el desalojo que ambos gobiernos preparaban en secreto para hoy. El PRO accedió a crear la mesa de diálogo pocas horas después de que el titular de La Alameda difundiera la carta.

Luego del mail del Papa a Vera, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, apretó el freno y paralizó el operativo que tiene prácticamente cocinado con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

Tras intercambiar varios llamados con Vera, Berni decidió darle al menos una semana más de tiempo al diálogo, antes de avanzar con el desalojo que, según definió la Justicia, debe hacerlo la Policía Metropolitana con la ayuda de la Federal y Gendarmería.

Los legisladores, en tanto, programaron una nueva reunión de la mesa de diálogo, que podría realizarse el viernes de la semana que viene. Aunque, según explicaron a LPO desde el bloque macrista, si la Justicia avanza con el desalojo, Berni y Montenegro no están obligados a hacer caso de lo que defina la mesa de legisladores.

Las alternativas

Además de Vera, por la oposición estaban los diputados de izquierda Alejandro Bodart y Marcelo Ramal; la jefa del bloque kirchnerista, Gabriela Alegre, y el presidente de la comisión de Vivienda, Javier Gentilini, de Proyecto Sur.

Por el PRO estaban, además de Polledo, los legisladores Alejandro García y Helio Rebot. Los macristas no presentaron ninguna alternativa sino que aseguraron que fueron sólo a “escuchar” a los delegados para transmitir sus pedidos al Ejecutivo.

“El tema está en manos de la Justicia y el Poder Ejecutivo, nosotros no podemos hacer nada”, dijeron los legisladores del PRO tras el encuentro.

Gentilini, Amor y Alegre, en tanto, se mostraron proclives a una solución “institucional”. Es decir: a hacer caso a lo que pida la Justicia.

Vera, Bodart y Ramal fueron quienes se abroquelaron del lado de los delegados de la toma, que sugieren un plan alternativo al desalojo. Los ocupantes proponen una desocupación gradual para que el gobierno porteño avance con los trabajos de saneamiento del predio que ordenó la jueza Elena Liberatori.

En el predio funcionaba un cementerio de autos que contaminó el suelo durante décadas. El propio Papa se refirió a la contaminación del terreno: "Me resulta muy paradójico que antes no desalojaban a los autos y ahora están apurados por desalojar a las personas sin reconocer los problemas de inclusión social", fueron las palabras de Francisco.

Los legisladores de la oposición explicaron que según un estudio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, el saneamiento se puede hacer por etapas, sin desalojar a todos los ocupantes. En tanto que un estudio del Instituto nacional de Tecnología Industrial, asegura que el saneamiento debe hacerse con la totalidad del predio desalojado.

El problema que agrava la situación de los ocupantes es que ya no pueden volver a la villa 20, desde donde proviene la mayoría de los usurpadores del predio.

Según relató Amor en la reunión, los delegados le contaron anoche que ente todos los ocupantes pagaban un millón y medio de pesos de alquiler para vivir en la villa 20 a un grupo de punteros que maneja el asentamiento. Pero ahora los punteros no les quieren devolver las habitaciones que alquilaban hasta antes de trasladarse al predio, por lo que si la policía los desaloja quedarán en la calle.