El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, propuso este jueves desregular el sistema de generación eléctrica "a efectos de lograr una reducción estructural de la tarifa de por lo menos un 30 por ciento de lo que está hoy, sin hacer subsidios ni tarifas sociales", abriendo un debate muy interesante en el sector.

"No le veo mucho sustento técnico. No es verdad que los costos de la compra de energía sean el doble que en otros países. Es más, en algunos casos es hasta al revés, los costos marginales argentinos están por debajo", aseguró el director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Federico Bernal, quien piensa que el proyecto de Juan Manuel Urtubey se trata de "una movida para dilatar la sanción de la ley que retrotrae los aumentos tarifarios" y que esta semana trataría en comisión el Senado.

"No te dan las cuentas. El costo de abastecimiento representa alrededor de un tercio del componente de la factura. ¿Cuánto deberías bajar ese tercio para que las tarifas se reduzcan un 30%? ¡Casi un 100%! Yo creo que una rebaja y hasta una eliminación de impuestos sería mucho más importante", agregó a LPO Andrés di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.

Como explicó este medio, luego de los últimos aumentos las tarifas argentinas pasaron a estar entre las más altas de América Latina. Y producto de la dolarización del sector, se espera que la reciente devaluación y la suba del precio del barril de petróleo internacional traigan aparejados un nuevo rebote tarifario.

En este marco, la oposición presentó un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que anula los aumentos realizados a partir de noviembre del 2017 y obliga a recalcularlos en base a un índice que tiene n cuenta la evolución de los salarios. Si se aprueba, el ministro Aranguren calculó un costo fiscal de $170.000 millones para los próximos dos años.

Previo a la discusión en el Senado, Urtubey lanzó su propuesta que pone el ojo en los costos de generación. Como era esperable, entre los empresarios que están en el negocio de la generación no cayó muy bien. "Es una muy mala señal al mercado al no querer respetar los contratos o querer bajar abruptamente el precio spot", afirmó a LPO un ejecutivo del sector.

El precio de la generación

En miras a reducir el fuerte déficit fiscal que ocasionaban los subsidios, el Ministerio de Energía fue recomponiendo los valores de generación de energía que previamente eran asumidos por Cammesa y se pactó un sendero de precios que para el 2018 se calculan un 56% por encima de los vigentes hace dos años. Según la Resolución 19 de Cammesa, para este año se calcula un gasto de 1583 millones de dólares.

La remuneración de generación térmica, por ejemplo, se compone entre otros elementos, de un precio mínimo de potencia -que para una central de ciclo combinado grande se ubica en 3.050 dólares el MW por mes- un precio base de potencia que está fijado en 7.000 dólares sobre MW al mes y un precio para la potencia adicional que a partir de noviembre del 2017 se estableció en 2.000 dólares por la misma medida.

Como la desregulación se supone que haría un libre juego de oferta y demanda, los especialistas destacan que "en los picos de demanda los precios podrían irse por las nubes", por lo tanto destacan contradicciones en el proyecto del gobernador salteño. "La única forma de que los precios vayan a la baja en un mercado desregulado es en un escenario de sobre oferta, cosa que está lejos de la situación actual", sostuvo Di Pelino.

Si se desregulan las precios de la generación y se los deja al libre juego del mercado, en épocas de alta demanda podrían irse por las nubes por la falta de oferta, advierte Di Pelino.

Para el vocero del Ceres, la madre de todos los problemas radica en el precio de gas por boca de pozo que dispuso Aranguren. "Vos no podes estar importando a 4 dólares y reconocer un precio local de 6,7 dólares el millón de BTU para el año que viene. Te tenes que poner de acuerdo. Para los combustibles reconocen el precio internacional y el gas lo pagan por encima del mundo", exclamó.

En rigor, el Gobierno ofreció ese super precio para conseguir las inversiones en generación eléctrica que empezaron a detonar este año con las nuevas centrales de ciclo combinado. Se trata de inversiones por miles de millones de dólares y son de hecho uno de los pocos negocios rentables de la Argentina porque tienen un precio en dólares garantizado, en base al precios subsidiado por el Estado.

Con una matriz energética tan dependiente del gas como la argentina, este mayor costo de boca de pozo termina encareciendo no sólo todo el sistema gasífero sino también el eléctrico, ya que el 42% de la potencia instalada proviene de fuentes térmicas de este insumo.

En un sistema dolarizado, donde los consumidores pagan pesos y el gobierno compra en dólares, cada modificación del tipo de cambio impacta no sólo en subsidios y tarifas sino en fuertes desequilibrios entre los agentes económicos de toda la cadena. Por ejemplo, esta semana las empresas productoras de gas manifestaron pretender un tipo de cambio mayor al pautado con las distribuidoras -fijado en $18,33-, lo que pone en peligro a todos los contratos.

"Cualquier cambio en el dólar afecta todas las reglas de juego y tira todo lo pautado por la borda. Lo que está pasando es que las productoras están recibiendo muchísimo menos. Y las que van a pegar el grito en el cielo en poco tiempo van a ser las distribuidoras y las transportistas porque cuando presentaron las necesidades de la recomposición tarifaria lo hicieron a un dólar a $22,3 para el segundo semestre del 2018", subrayó Bernal, quien no está de acuerdo con la dolarización del sector, pero comprende que "querer cambiar eso con este gobierno es inviable, sería lo mismo que pedirle la renuncia a Aranguren".