Este miércoles, los legisladores miembros de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales cuyo presidente es el legislador de Lousteau, Juan Nosiglia, firmaron su aval a cuatro convenios sobre la transferencia de la justicia nacional a la órbita porteña, remitidos el año pasado por el Jefe de Gobiernio, Rodríguez Larreta.

Como adelantó LPO, mientras se lleva a cabo el paro de los judiciales, los legisladores porteños le dieron dictamen al proyecto que implica el reconocimiento de la Autonomía de la Ciudad y el fortalecimiento del federalismo como sistema político ya que la Capital es la única que a diferencia del resto de las provincias del país no tiene la responsabilidad directa sobre su Justicia.

El primero de los documentos establece que el Estado Nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo. La CABA recibe los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; tres Fiscalías ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; tres Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo; una Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, y una Defensoría ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo. Por otro lado, se firmó el proyecto que ratifica el convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales o de interés nacional, para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el Organismo del Registro Público. Además, se transfieren las funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice la IGJ.

También fue firmado el dictamen favorable a que "el Estado Nacional transfiere y la CABA asume la competencia penal no federal relativa a los delitos que se detallan a continuación: delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, la fe pública, y leyes complementarias. El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario, conforme lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 26.702".

Finalmente, también se firmó el apoyo al convenio "Interjurisdiccional de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". La transferencia importa la de todo el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP); las funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución que determinen las partes en las actas complementarias para cuya firma quedan autorizados el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministro de Gobierno de la Ciudad.

Los cuatro convenios consiguieron la firma de los legisladores del Pro presentes y los legisladores de Lousteau. En tanto, Marcelo Depierro de Confianza Pública no firmó el convenio de interjurisdiccional de transferencia progresiva de la justicia nacional ordinaria penal.

Por su parte, Gabriel Fuks de la Corriente Nacional de la Militancia y Paula Penacca del Frente para la Victoria, no avalaron ninguno de los cuatro documentos presentados.

Enzo Pagani, Presidente del consejo de la Magistratura celebró el dictamen que autoriza a la Legislatura a tratar el proyecto en breve en el recinto, "lo mismo esperamos del Congreso Nacional para que los porteños puedan tener después de tantos años su propio Poder Judicial que les resuelva en forma ágil, moderna y eficiente sus causas judiciales".