El Gobierno de Mauricio Macri modificó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Desde la CGT anticiparon su rechazo al proyecto, mientras que los abogados que irán a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad.

Como se anticipó días atrás, el Presidente firmó un DNU  que establece como "obligatorio y excluyente" la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" para el reclamo de un trabajador ante la Justicia. Esas comisiones deberán expedirse sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial.

La norma toma los lineamientos del proyecto de Ley que obtuvo el año pasado media sanción en el Senado, y que debía ser tratado en la reapertura de las sesiones. Ese proyecto sufrió modificaciones impulsadas por la CGT y el oficialismo se comprometía a avanzar en una ley para la prevención de los accidentes de trabajo. Pero en las últimas semanas desde la central adelantaron que pedirían más cambios, y Macri apuró el decreto.

En los fundamentos del DNU, el Gobierno sostiene que "esperar los tiempos habituales del trámite legislativo pendiente ante la Cámara de Diputados irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida". Así intenta justificar "la necesidad y urgencia", aunque también la Rosada podría haber llamado a extraordinarias

El DNU también sostiene que "en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales". 

La cúpula de la CGT

DYNPablo Molina

Según la norma, la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional "agotará la instancia administrativa" del reclamo, aunque "las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central". De todos modos, "el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral". De no hacerlo, lo que considere la Comisión, será la decisión definitiva.

El DNU  les fija a las comisiones un plazo máximo de "60 días hábiles administrativos para expedirse" y prevé que ese plazo "será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", en tanto "la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables".

Rechazo de la CGT

Desde la CGT salieron rápidamente a rechazar la decisión del Gobierno de modificar el régimen por DNU y anticiparon que la Rosada se enfrentará a varios pedidos de inconstitucionalidad, aunque no especificaron si la central adoptará la estrategia judicial.

"Nos sorprende la resolución del Poder Ejecutivo porque esto está en plena discusión en el Congreso. Esto nace mal parido", se quejó Jorge Sola, el secretario de Prensa de la CGT. "Nosotros lo veníamos discutiendo desde antes de que llegara al Congreso, con nuestros equipos técnicos y los de la Superintendencia. Y, de buenas a primeras, nos encontramos que lo ingresaron y a nosotros nos quedaban un montón de temas a discutir", recordó Sola, que agregó que aun así acompañaron la decisión en el Senado.

"Creemos que el sistema tiene que cambiar para ser sustentable, pero ahora en plena discusión, cuando en Diputados pensábamos acercar posiciones, nos encontramos con este decreto que no cae del todo bien", indicó Sola en diálogo con FM Milenium. "Si el decreto respeta el mismo proyecto, desde la CGT va a tener nuestro rechazo", ratificó.

El dirigente del sindicato del Seguro estimó que "una gran cantidad de abogados laboralistas presentarán recursos de inconstitucionalidad porque no creo que estén dadas las condiciones para un DNU".

Buscan frenarlo en la Justicia

En coincidencia con lo afirmado por Sola, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, adelantó esta mañana que esa entidad irá a la Justicia a pedir la inconstitucionalidad del DNU publicado hoy en el Boletín Oficial.  

Jorge Rizzo

LPOJuan Casas

"El Colegio Público va a plantear la inconstitucionalidad del decreto porque no hay necesidad ni urgencia. Este es un tema que se reforma por ley. Espero que la bicameral (de Trámite Legislativo del Congreso) se ponga los pantalones", señaló Rizzo en diálogo con radio Belgrano.

"(La reforma) elimina abogados, elimina que nosotros podemos supervisar los derechos de los trabajadores, tiene mucho olor a menemismo", disparó el dirigente de Gente de Derechos, que admitió que hay grupos de abogados que se dedican a lo que se conoce como la industria del juicio y a aumentar la litigiosidad. "La ley es para beneficiar a las ART no para beneficiar a los trabajadores", completó.

En la misma línea, el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Héctor Recalde, anticipó que esa fuerza irá a la Justicia para rechazar el DNU. "La podríamos haber tratado en extraordinarias si tenía apuro el Presidente, pero prefirió hacerlo por un método que no es el indicado ni por la Constitución ni por la ley. Eso con respecto al origen espurio de la norma. El contenido es regresivo y fue declarado por la Corte como inconstitucional en otras ocasiones", aseguró el legislador.

En declaraciones a radio Metro, el abogado laboralista advirtió que la nueva regulación "obstaculiza el acceso a la Justicia y altera todo el sistema de competencia, porque lo que hace es soslayar la Justicia nacional de trabajo". Recalde explicó que la norma "da facultades a las Comisiones médicas como si fueran tribunales" y recordó que "la experiencia, lo que indica, es que los trabajadores sometidos a estas comisiones pasaban un vía crucis".