Tras su primera gira internacional, el presidente Javier Milei volverá a enfrentarse a los desafíos de una realidad argentina compleja, cuya transformación requiere indudablemente mucha más "política" de lo que el libertario parece dispuesto a asumir.

Su modus operandi, caracterizado por la intransigencia del cambio producto en gran medida de una visión reduccionista del resultado electoral y la legitimidad de allí emanada, lo llevó en apenas dos meses de gestión a autoboicotear las posibilidades de implementar -aunque sea parcial y progresivamente- su programa reformista con aspiraciones refundacionales. Frustrada en el Congreso la ambiciosa "Ley de Bases" y con el DNU de diciembre judicializado en varios de sus aspectos principales, Milei deberá enfrentar así la gestión diaria con herramientas limitadas.

Pese al estrepitoso fracaso que implicó el retiro de una ley que le hubiese dado importantes facultades extraordinarias -los tan mentados "superpoderes"- para avanzar en varias áreas clave de la economía, desde el relato presidencial se buscó convertir la evidente derrota parlamentaria en una victoria frente a la casta. Así, una norma que aspiraba a sentar las bases de la refundación argentina acabó por convertirse -siempre en el relato presidencial- como un instrumento que permitió correr el velo a los "traidores" y exponerlos frente a la sociedad.

En este contexto, sin las herramientas de la ley, es esperable que el gobierno se concentre en la profundización del ajuste fiscal con el objetivo de conseguir el déficit cero, y en avanzar en todas aquellas desregulaciones que sean posibles por la vía de decreto.

Si bien el gobierno es optimista en relación a una baja de la inflación a un digito en abril, el país avanza rápidamente hacia un escenario fuertemente recesivo. Mientras que los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo (8,9% contra una inflación mensual del 25,5%), en las últimas semanas se anunciaron nuevos aumentos de transporte, combustibles y energía eléctrica, que se suman al impacto que ya tienen otros precios liberados, como el caso de la medicina prepaga o los medicamentos.

Mientras tanto, no parece haber señal alguna de moderación. Por el contrario, fiel a su tan audaz como riesgosa estrategia de demolición en la búsqueda de la "rendición incondicional" de quienes no comparten su proyecto, parece haber recalibrado su narrativa anticasta para mover su foco privilegiado desde el Congreso hacia los gobernadores. Lo curioso es que, a diferencia de lo que ocurrió con el DNU de diciembre, los enemigos principales del cambio ya no parecen ser los gobernadores de UP (con Kicillof a la cabeza), sino Martín Llaryora, del peronismo cordobés, y Maximiliano Pullaro, el radical de Santa Fe.

Con la supresión de los subsidios al transporte de pasajeros y la reducción de las transferencias a las provincias a su mínimo histórico, Milei busca hacerle pagar a las provincias una buena parte de los costos del ajuste a la vez que avivar las llamas de la narrativa anticasta.

Además, lo sucedido en el Congreso no solo expuso la "traición" del peronismo cordobés (cuyos funcionarios ya fueron eyectados del gobierno) sino que demostró con meridiana claridad que "Juntos por el Cambio" es una construcción política ya fenecida. Lo cierto es que la constatación de ambas realidades parecen acelerar los intentos de confluencia entre LLA y el macrismo, un tema que seguramente ocupará la agenda en los próximos días.

Si bien la situación estará lejos de un "take over" del gobierno por parte de Macri y sus socios, requerirá -para concretarse- de una inevitable cesión de cuotas de poder. A priori, ambos espacios tienen incentivos para avanzar: del lado de LLA, para sumar un mayor volumen parlamentario que, aunque no le permitiría alcanzar la mayoría, le imprimiría mayor consistencia al liderazgo oficialista en el Congreso; del lado del PRO, para encarar la reconstrucción partidaria después del fracaso de JxC y volver a espacios de poder tras quedar en tercer lugar en las pasadas elecciones generales.

Sin embargo, habrá que esperar para ver cómo evolucionan las conversaciones, y cómo reaccionan no solo algunos dirigentes amarillos más refractarios a acordar -como Rodríguez Larreta-, sino también varios referentes libertarios del gobierno, que recelan de todo acuerdo que implique concesiones y amenace la pretendida "identidad" del gobierno libertario.

Así las cosas, pareciera que los principales interrogantes para el gobierno pasan hoy por cómo reacomodar el tablero político tras las diferencias que quedaron expuestas durante un verano inédito en el parlamento. Es que si bien en lo que respecta al rumbo económico el camino parece estar claro, es impensable que el gobierno pueda sostener más allá del primer trimestre del año un ajuste fiscal de inevitable impacto recesivo sin la consideración de la gobernabilidad. Y, aunque el presidente pareciera no poder o querer verlo, la gobernabilidad no es algo que deriva de un orden espontaneo ni un fenómeno plebiscitario sostenido en encuestas favorables, sino una construcción política.