No se trata en este caso de dar opinión sobre la obra testimonio de Frank Fannon, y las vicisitudes del pueblo argelino, sino de muchos que están muy cerca de nosotros pero son habitantes de un inframundo en la Buenos Aires del bicentenario.

Me refiero a las centenares de familias, hombres, mujeres y niños que sobreviven en la cuenca del Riachuelo, a metros de los lujos y privilegios que otorga una ciudad que ellos también habitan pero que les están vedados, nada suntuario, nada exclusivo, un poco de aire puro, agua potable, una expectativa de vida y de salud similar a la del resto de los porteños, sin tener que estar engrillados a una enorme olla contaminante que les genera, múltiples enfermedades bronquiales, de piel, pulmonares, reumáticas, cancerigenas etc. como lo atestiguan la mayoría de las historias clínicas de quienes se han atendido en los Hospitales públicos de la zona.

El tema retoma el conocimiento público nuevamente, a propósito del debate suscitado entre el ministro de economía Boudou y el gabinete porteño de Mauricio Macri , el gobierno nacional anuncia un plan de construcción de viviendas destinadas a relocalizar a las familias asentadas en la traza del Riachuelo y la ciudad retruca el oportunismo electoral , el poco apego del plan a la realidad y la improvisación.

Sin embargo, detrás de la hojarasca de declaraciones nerviosas, de funcionarios ofendidos, formando un escenario más propio del living de Viviana Canosa que del seguimiento responsable, con políticas de solución para estos temas; hay una realidad objetiva e incontrastable.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Mendoza Beatriz c/ Estado Nacional, les impone al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad en el saneamiento de la cuenca, y la relocalización de las familias que allí viven.

Las más de 1200 familias que viven en el asentamiento Luján, en el Pueblito, Puente Bosch , villa 26 y villa 21-24 son responsabilidad primaria e indelegable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué hizo la Ciudad respecto del cumplimiento de esta sentencia de la Corte: nada absolutamente nada.

El único avance en esta materia deviene de una acción de amparo interpuesta por los vecinos de villa 26 de los cuales soy el abogado patrocinante, y aun así batallamos contra licitaciones que tardan más que el parto de un elefante en obtener su dictamen legal, funcionarios que se van, otros que llegan y deben ponerse al tanto, desafectación u ocultamiento de terrenos destinados a la relocalización de las familias de la cuenca, y siguen las firmas. Esta conducta configura el delito de desacato en cualquier sociedad occidental ponderada por esta feligresía política de la ciudad.

Esto no es todo, la Legislatura de la Ciudad, sancionó en el año 2006 la ley 2057 que declara la emergencia ambiental y sanitaria en la cuenca del Matanza-Riachuelo por el término de 5 años (que contó con el voto favorable de algún diputado oficialista hoy devenido en funcionario) y que dispone el censo y la relocalización de las familias que vivan en asentamientos precarios a la vera del riachuelo, como también el monitoreo y atención de la salud de las personas que allí viven.

De más esta decir que pasados los 5 años en que se fijó la emergencia sanitaria y ambiental para la cuenca no se trasladó ni reubicó ni una sola familia o persona, y, por supuesto, no existe un seguimiento detallado sobre la salud de los pobladores de la cuenca, como claramente expresa la ley.

La situación es sumamente grave ya que son muchas las familias y personas afectadas, y el Gobierno de la Ciudad se desentiende totalmente del destino de toda esta gente.

Intimado por la Corte Suprema de Justicia a realizar las obras postergadas de saneamiento del riachuelo, la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires es la que menos avances ha producido en el cumplimiento del fallo de la Corte.

Más allá del plan de viviendas anunciado por el gobierno nacional, la única iniciativa que promovió hasta ahora ha sido la de enviar cédulas de desalojo a los pobladores de la cuenca para que abandonen sus viviendas, desconociendo la manda judicial, y la vigencia de la ley 2057.

El Gobierno de la Ciudad actúa con las familias del riachuelo como si se tratara de extranjeros o vecinos de otras provincias. Juega con la salud y el destino de estas personas, muchas de las cuales se encuentran gravemente enfermas; papeleos, burocracia, discrepancias y conflictos con el Estado Nacional son tan contaminantes para la gente del riachuelo, como el lugar en el que viven. Un Gran prócer de este siglo nos decía que la única verdad es la realidad. La realidad es esta.