Concejales radicales en Avellaneda pidieron informes sobre la licitación de las obras de modernización del puerto de Dock Sud que podría favorecer a Exolgan. Las consultas se hicieron tanto al gobierno de Jorge Ferraresi como al consorcio portuario que preside Carla Monrabal.

La polémica había sido adelantada por LPO y generó revuelo en el ambiente portuario. En rigor se trata de una convocatoria bajo el marco del régimen de iniciativa privada para realizar una obra clave en el Muelle 1 de esa terminal, que permitirá la operación de buques de mayor calado. Nadie en el sistema discute la necesidad de la obra, clave para el comercio exterior argentino.

Pero los concejales del radicalismo consideran que existe falta de transparencia en el proceso elegido para adjudicar las obras, que demandarán una inversión de unos 120 millones de dólares.

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"No tenemos nada en contra de la obra, pero no existe ningún pliego de bases y condiciones y la única empresa que tiene ventajas es Exolgan", dijo a LPO el concejal Fernando Landaburu. "Lo que planteamos es que no hay transparencia en el proceso. No hay reglas de juego claras y no hay garantías ante las empresas que quieran presentarse", agregó.

La obra consiste en la demolición de un viejo muelle para luego construir la infraestructura portuaria necesaria que permita la atención de buques de hasta 366 metros de eslora y 52 metros de manga.

El proyecto contiene aspectos técnicos que despertaron quejas en el sector portuario, que lo interpreta como una concesión directa a Exolgan, actual operadora de Dock Sud.

No tenemos nada en contra de la obra, pero no existe ningún pliego de bases y condiciones y la única empresa que tiene ventajas es Exolgan. Lo que planteamos es que no hay transparencia en el proceso. No hay reglas de juego claras y no hay garantías ante las empresas que quieran presentarse.

En el sector objetan que las obras a desarrollarse previstas en la iniciativa privada presentada, serían linderas con un terreno que es propiedad de Exolgan, empresa perteneciente al grupo PSA (Puertos de Singapur) y a MSC (Mediterranean Shiping Company), lo que plantea una clara ventaja competitiva para el concesionario actual y un escollo insalvable para cualquier otro operador que quisiera participar del proceso licitatorio.

"Hay que tener presente que el objeto de la contratación es un permiso de uso por un plazo de hasta 10 años, lo que significa que se está seleccionando un operador para la próxima década", dice el pedido de informes que redactó el radicalismo y destaca que el contrato sería por una suma que ronda los 120 millones de dólares. 

El puerto de Dock Sud.

Además, los concejales destacaron que una iniciativa privada requiere de pautas, parámetros, condiciones y reglas que regulen la competencia entre los concurrentes. "Es sorprendente que una contratación de la dimensión social, económica y técnica se realice exclusivamente con los lineamientos de un aviso oficial", sostuvieron en su comunicado.

Y cuestionaron que en el Boletín Oficial no está establecido en ninguna parte si el plazo de 10 años de duración del permiso es prorrogable, porque la versión en el sector es que se le podría otorgar al adjudicatario la posibilidad de prorrogar la concesión por otros diez años.

A la bancada radical le llama la atención que la convocatoria fue establecida en 45 días corridos en pleno período estival, cuando podría haber sido de hasta 120 días según el reglamento. "Ese plazo estaría más que justificado por la magnitud del proyecto y el interés público involucrado", dice Landaburu.

Durante los primeros días de febrero, el diputado del PRO, Héctor Stefani, avanzó ante distintos organismos con pedidos de acceso a la información pública respecto de la licitación.

Stefani pidió información al ministro de Transporte, Diego Giuliano; al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Patricio Hogan, y al titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Alfonso Albanese.

Lo mismo hizo en el ámbito de la provincia con la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del consorcio portuario de Dock Sur. En este último caso, el diputado pidió saber si se elaboró el pliego de bases y condiciones y dónde fue publicada la licitación; además de reclamar el plano técnico que delimita el espacio portuario objeto de Iniciativa Privada y  los principales rubros que componen el monto total de inversión.