En el lapso del último año, se conoció una zaga de escándalos de corrupción en la ciudad de Miami. Los casos se refieren a conflictos de intereses, pedido de coimas como peaje y complicidad espuria con grandes desarrolladores inmobiliarios. Algunos fueron probados y derivaron en destituciones de comisionados. Otros se encuentran bajo investigación. Todos manchan la reputación de la ciudad ubicada al sur de Florida.
"La ciudad de Miami es un sindicato criminal disfrazado de Municipalidad. Desafortunadamente eso es lo que últimamente ha quedado determinado", se lamenta ante LPO el consultor Fernand Amandi, uno de los analistas políticos más requeridos en Florida. Desde Miami dirige la consultora Bendixen & Amandi International. Si bien su clientela es amplia, es fuente de consulta permanente entre los candidatos demócratas.
Pese a su fama mundial, Miami es una ciudad relativamente pequeña en la que viven casi 450 mil personas. La mayoría, de origen latino. La gobierna el alcalde republicano Francis Suárez y cinco comisionados que forman una suerte de cuerpo legislativo. Suárez tiene 46 años y es hijo del primer alcalde cubano que tuvo Miami. Asumió en 2017 y fue reelecto en 2021 con el 78% de los votos.
Los comisionados representan a los cinco distritos en los que se divide administrativamente Miami. El trabajo del alcalde es part-time. Y la gestión diaria de la ciudad, incluida la administración de los 1.165 millones de dólares manejados en 2023, está tercerizada. ¿En quién? En el Manager Arthur Noriega.
En el último año, se conocieron serias denuncias e investigaciones en marcha contra el alcalde Suárez, el Manager Noriega, la fiscal de la ciudad Victoria Méndez, dos comisionados y funcionarios municipales de segundo rango. Los casos son múltiples y se entrecruzan.
"En las elecciones que se realizaron hace pocas semanas ganaron los candidatos sostenidos en una plataforma de anticorrupción, ética, vinculada a los intereses de los residentes y no a los partidarios. Eso explica bien dónde está la angustia y la búsqueda de los votantes de esta ciudad. Es un mensaje que muchos debieran escuchar. La gente que siente que la política se ha pervertido a tal punto que ya no representa sus intereses, sino los de quienes están en el poder", opina Fernand Amandi.
Se refiere al batacazo electoral que dieron Miguel Ángel Gabela y el activista Damian Pardo, electos comisionados por el distrito 1 y el 2. Ambos impulsan por estos días la expulsión de los funcionarios sobre los que pesan acusaciones graves de corrupción. Por ejemplo, la fiscal de la ciudad Victoria Méndez.
La postulación de Suárez enfrenta dos obstáculos: una grave denuncia y dudas sobre su financiamiento
La noticia más reciente sobre la ola de escándalos es que un tribunal federal acaba de ordenar la confiscación de los bienes del comisionado Joe Carollo. Lo resolvió con el objetivo de hacer cumplir una sentencia de más de $63 millones en su contra. Ex alcalde de Miami, el cubano Carollo representa el Distrito 3, que incluye la emblemática Calle 8 y el barrio Pequeña Habana.
El tribunal federal pidió confiscar el dinero en efectivo, los bienes y las propiedades de Carollo. En noviembre, ya le habían embargado su salarios como comisionado. Carollo fue declarado responsable en una demanda civil federal presentada por dos empresarios. Lo acusaron de intentar destruir sus negocios como represalia política. El jurado les dio la razón.
Bill Fuller, propietario del restaurante Ball and Chain, en La Pequeña Habana, y otro empresario afirmaron que Carollo los extorsionó a través de la policía de la ciudad. Agregaron que el comisionado los amenazó con cerrar sus negocios, porque ambos apoyaban a su oponente político en las elecciones locales.
En paralelo, el alcalde Suárez sigue bajo la lupa del FBI. El cubano-americano recibió al menos 80.000 dólares para asesorar a la desarrolladora inmobiliaria Location Ventures. A cambio la empresa le habría pagado 170.000 para ayudar a reducir la burocracia y obtener permisos de rezonificación para la construcción.
En su condición de alcalde part-time, Suárez está habilitado a asesorar empresas. De hecho sigue ejerciendo como abogado privado y como consejero de varias empresas. Por ejemplo, trabaja para DaGrosa Capital Partners LLC. Pero ese doble juego sólo puede ser realizado bajo la condición de haberlo declarado y de que las sociedades que le paguen no tengan negocios con la ciudad.
"Éticamente lo de Suárez es una aberración", se quejó ante LPO el ex alcalde de Miami Tomás Regalado. "Es un delito cobrar dinero por una gestión que no es específica, donde tú no empleas tiempo en la oficina, ni cumples horario, simplemente recibes dinero a cambio de buenas relaciones con un desarrollador inmobiliario que está haciendo un proyecto multimillonario en tu ciudad", planteó este cubano de 76 años que fue comisionado y alcalde por dos períodos. Antecesor de Suárez al frente de la ciudad, Regalado aspira a volver al poder en Miami.
Pero hay más. A fines del año pasado, el entonces comisionado trumpista Alex Díaz De la Portilla fue acusado de soborno, lavado de dinero y mala conducta oficial. Además fue arrestado, le sacaron la clásica foto de reo y lo corrieron de su banca como comisionado de la ciudad de Miami. El gobernador Ron DeSantis lo suspendió inmediatamente después de que se difundieran los cargos en su contra.
Dentro del microclima del Ayuntamiento de Miami, las sospechas sobre su comportamiento eran vox populi desde hace años, según supo LPO. Los rumores sobre sus desmanejos éticos fueron alimentados por una docena de ex empleados. Algunos de esos asistentes se convirtieron en informantes clave de la investigación en su contra.
A través de un socio oculto, De la Portilla controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware. Así lavó presuntamente unos 245.000 dólares. Esa ofrenda fue realizada, según la investigación, por una empresa de servicios de gestión, a cambio de permisos para construir un complejo deportivo en la ciudad de Miami. Permisos gestionados por el ex comisionado De la Portilla.
Por último, la mancha venenosa de la corrupción alcanzó en estos días al Manager Noriega. El sitio WLRN descubrió que una empresa de muebles, propiedad de la familia de la esposa de Noriega, había recibido cientos de miles de dólares en contratos de la ciudad. Desde 2020, cuando Noriega fue nombrado administrador de Miami, Pradere Manufacturing le dio muebles de oficina a la ciudad por más de 440.000 dólares en contratos. Ahora, un grupo de cinco ex Managers de Miami reclama la renuncia de Noriega. "Hay que parar este circo en la ciudad", afirmó uno de los antecesores de Noriega en Actualidad Radio.
El director de cine Billy Corben, residente de Miami y activista mordaz en contra de la corrupción política en la ciudad, también exige la salida de Noriega. Autor del popular documental "Cocaine Cowboys, los Reyes de Miami", Corben coincide con la mirada pesimista de Amandi sobre la naturalización de los desmanejos éticos en la ciudad de Florida. "La ciudad de Miami es una organización corrupta e influenciada por mafiosos que se hacen pasar por un gobierno local", lapidó Corben desde Twitter.
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