La relación entre la Conferencia Episcopal Española y el PSOE ha sido históricamente fría, pese a la reciente visita del presidente Pedro Sánchez a Juan José Omella. Ahora los socialistas sopesan cómo lidiar con la comisión de investigación en el Congreso sobre los abusos a menores en la iglesia y los inmuebles que la institución registró a su nombre, pero que no le pertenecen, como admitió esta semana el cardenal.

La comisión es una iniciativa presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Sánchez admitió este jueves que podría respaldar la propuesta de sus socios, luego de compartir en Twitter un mensaje de apoyo al escritor Alejandro Palomas, quien relató que fue abusado sexualmente por un religioso en La Salle de Premià de Mar, Barcelona, en 1975.

La Iglesia reconoce que registró a su nombre inmuebles que no le pertenecen y promete a Sánchez devolverlos

Por su parte, Adriana Lastra resaltó que "estamos del lado de las víctimas". "Somos el partido mayoritario, tenemos esa responsabilidad y vamos a estudiar atentamente esa petición de comisión de investigación. No nos cerramos a ella", dijo la vicesecretaria general del PSOE. Un aliciente para los socialistas es que Ciudadanos también salió a respaldar la creación de la comisión, lo cual hace que el PSOE no quede asociado automáticamente a las posiciones anticlericales más radicales de las formaciones que la promueven. 

Somos el partido mayoritario, tenemos esa responsabilidad y vamos a estudiar atentamente esa petición de comisión de investigación. No nos cerramos a ella

Pero el gobierno busca avanzar en otro aspecto que involucra a la CEE: los 965 bienes inmatriculados por la institución gracias a la Ley Hipotecaria de José María Aznar en 1998. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que el Ejecutivo prestará asesoramiento a los ayuntamientos con menos recursos para recuperar "inmediatamente" los inmuebles en manos de la iglesia.

"Les anuncio que vamos a cooperar para acompañar, ayudar y asesorar sobre todo a los ayuntamientos más pequeños, con menos medios y menos capacidad, para que puedan innmediatamente los bienes recuperarse para el dominio y patrimonio público y también, cuando corresponda, para el patrimonio y la titularidad de una persona física", explicó Bolaños este jueves, tras especificar que "en torno a 1000 bienes van a ser devueltos a sus propietarios".