Las empresas de grúas y parquímetros pagaron a la Ciudad como canon menos del 2% de la recaudación total entre los años 2014 y 2016. Además durante ese período el Estado porteño le pagó a Dakota y BRD más de 335 millones de pesos en concepto de aumentos salariales a los trabajadores de las concesionarias.

El contrato para el control de estacionamiento es uno de los más escandalosos de la Ciudad. Fue firmado en 1991 con Carlos Grosso como intendente y debía expirar en el año 2001. Durante más de 15 años las empresas operaron con un contrato vencido y lo siguen haciendo hasta ahora. El gobierno intentó abrir una nueva licitación, pero fracasó.

En el medio Dakota y BRD, que cubren la parte norte y sur del territorio, pagaron cánones ínfimos respecto a su recaudación y además recibieron compensaciones del gobierno porteño para poder continuar prestando el servicio. Según un informe de la Auditoría porteña (AGCBA) que firmaron el oficialismo y la oposición, entre 2014 y 2016 BRD, cobró del tesoro porteño 170,8 millones de pesos, mientras que Dakota se llevó 164,5 millones en el mismo período.

Exclusivo: Neuss, Dakota y BRD se quedarían con negocio de las grúas porteñas

Ambas empresas abonaron a la Ciudad 360 mil pesos en 2014 y 660 mil pesos en 2015 y 2016. Los ingresos totales por acarreo de Dakota fueron de 28,5 millones, 37,1 millones y 63 millones en esos años. A BRD le fue un poco peor y pudo ingresar 25,4 millones, 34,5 millones y 57,4 millones.

Si se compara el canon y la facturación de las empresas, en 2016 Dakota pagó el 1,04% a la Ciudad y BRD el 1,15. En esos tres años las empresas nunca superaron el 2% de sus ingresos anuales respecto a lo que abonaron por canon.

"El cánon que abonan las grúas a la Ciudad no es proporcional con las ganancias obtenidas. Además, estas mismas concesionarias son las que tienen contratos vencidos desde el 2001 y el Gobierno porteño los renueva por medio de ‘permisos de uso precarios'", rechazó la titular de la Auditoría, Mariana Gagliardi del Frente de Todos.

El gobierno porteño le abonó a partir de 2007 un plus por "los mayores costos generados por la prestación de servicios". Además la Ciudad se hizo cargo de los extras salariales que cobran los empleados por multiplicidad de tareas.

Una nota publicada en Tiempo aseguraba que las empresas también los subsidios aumentaron de 2012 a 2015. Pasaron de $32 millones de pesos a $108 millones; es decir, poco más del 230% de incremento. Dakota SA recibió en ese segmento $130 millones, en concepto de alquiler de maquinaria, equipos y medios de transporte, y alquiler de edificios y locales. En teoría las empresas tuvieron una rentabilidad del 7%.

En 2013 la legislatura aprobó un nuevo sistema de estacionamiento regulado que obligaba a los proveedores de las grúas suministrar también los parquímetros. Sin embargo luego de la adjudicación, el gobierno porteño cambió los requerimientos y por eso Parkeon, una de las empresas que había perdido, impugnó la licitación en la Justicia. Para evitar más complicaciones, el ejecutivo que encabezaba Macri decidió dar de baja la licitación.

Luego de las trabas judiciales, el gobierno porteño envió a la Legislatura un nuevo proyecto que modificará la Ley de Estacionamiento medido para salir del embrollo judicial que impide implementar el sistema. La afectación de los predios motivó un fallo de primera instancia donde el juez Francisco Ferrer determinó que 3 artículos de la ley de Estacionamiento Medido debieron aprobarse con doble lectura y trabó la licitación que estaba en su etapa final.

El fallo impidió al gobierno volver a concesionar el servicio y por eso desde el Ejecutivo buscaron salvar la normativa, que en oficialismo confían en aprobar el expediente con doble lectura pero 31 votos en vez de 40.

Hasta ahora no hay novedades y tanto Dakota como BRD continúan facturándole al gobierno porteño y es posible que lo sigan haciendo por varios años más: ambas se presentaron a la licitación organizada por el gobierno porteño, al igual que una empresa del femicida Jorge Neuss. También compiten Plein Air Park SA, ITnet-Tránsito Rosario y Elinpar. Cinco de esas seis empresas tendrán premio, ya que ninguna puede operar en más de una de las cinco zonas en las que dividida la Ciudad.

La auditora Mariana Gagliardi.