El gobierno de Axel Kicillof busca evitar que Cambiemos avance en el Senado bonaerense con el nombramiento de 42 pliegos de jueces y fiscales que fueron enviados durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Esos pliegos tienen dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y con ese dictamen pueden ser aprobados con mayoría simple. Los senadores de Cambiemos amenazan con bajar los pliegos al recinto. Tienen los votos para hacerlo y el peronismo no cuenta con aliados para evitarlo.

Todas las partes buscan una salida. Desde el Ejecutivo intentaron avanzar con algunas reuniones, pero las diferencias y las tensiones en el Senado traban el diálogo.

Cambiemos amenaza con votar en el Senado los pliegos de jueces y fiscales que había enviado Vidal

Fuentes del Ejecutivo argumentan sus motivos para frenar el tratamiento de los pliegos. Sostienen que la ex gobernadora estaba despidiéndose de la gobernación y "quería dejar un legado, o más bien un lastre, en el Poder Judicial y el Ministerio Público".

Esto -explican resulta muy notorio cuando se observa que la mitad de los pliegos fueron enviados al Senado el 8 de agosto de 2019, días antes de que Cambiemos perdiera las elecciones primarias.

Las vacantes se habían generado en julio de 2015, los exámenes para ocupar el cargo se tomaron el 13 de septiembre de 2016, pero el Consejo de la Magistratura bonaerense elevó su propuesta a la ex gobernadora casi tres años después, el 16 de julio de 2019, a menos de un mes de las primarias.

En La Plata destacan que dos de los pliegos enviados son especialmente sensibles: las dos vacancias del Tribunal de Casación Penal, la instancia máxima en asuntos penales de la Provincia.

"La aprobación de los pliegos se trata de un acto institucional sumamente relevante y delicado", explican en el gobierno y agregan que "se trata de funcionarios que atienden conflictos de derechos, y en algunos casos restricciones de libertades".

"El problema de esto es que para cargos que son vitalicios, tenemos pliegos de personas sobre las que pesan severas denuncias", dicen desde el gobierno y apuntan ejemplos de tres casos que trabajan en el Ministerio Público bonaerense y responden a Julio Conte-Grand.

Uno de ellos es el el pliego de Maximiliano Jarish para cubrir el cargo de agente fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro. Por estos días, Jarish es secretario de una fiscalía, pero no está cumpliendo funciones porque está detenido por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Sucede que el funcionario judicial está sospechado de integrar, junto con policías una red de narcotráfico. "De ser nombrado, como está preso, ni siquiera se le podría tomar juramento", dicen en el gobierno.

Otro de los pliegos polémicos es el de Juan Pablo D'Onofrio para cubrir el cargo de Agente Fiscal de Lomas de Zamora. D'Onofrio es actualmente secretario General de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, estuvo involucrado en la destitución del Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrarri, quien en varias oportunidades había denunciado Conte-Grand por persecuciones y hostigamientos.

Pero quizás el pliego más cuestionado es el de Francisco Pont Vergés para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Casación. Actualmente Pont Vergés se desempeña como secretario de Política Criminal e Instrucción Penal de la Procuración. Ni más ni menos que el segundo de Conte Grand.

Por su accionar en ese cargo fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria (CPM) y la Asociación Civil AJUS, por persecución a la defensa pública y por entrometerse en el marco de una investigación por torturas a una persona trans en una cárcel de la provincia.