En silencio y tratando de evitar confrontaciones, los intendentes peronistas empiezan a manifestar preocupación por la liberación masiva de presos en el Conurbano. A diferencia de los intendentes de la oposición, los alcaldes del PJ evitan -por el momento- hacer declaraciones públicas aunque avanzan en reuniones con representantes del Poder Judicial.

En las últimas horas cuatro intendentes peronistas mantuvieron un encuentro en la Asociación de Magistrados con los representantes de jueces, fiscales y defensores del Departamento Judicial de Morón (oeste del Conurbano). Allí estuvieron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo).

Méndez denunció que más de 20 presos liberados volvieron a San Miguel 

El objetivo del encuentro fue interiorizarse acerca de los pasos que seguirá la Justicia respecto a la eventual disposición de prisiones domiciliarias. Según expresaron a través de un comunicado, los intendentes manifestaron "su preocupación acerca de que esas medidas no afecten la seguridad en cada uno de los municipios".

La preocupación de los intendentes aumenta con el correr de las horas aunque quieren evitar chocar con Alberto Fernández y Axel Kicillof. Según se informó, en ese encuentro con funcionarios judiciales, los alcaldes pidieron ser informados de cada una de las medidas que se tomen respecto de prisiones domiciliarias y la ubicación de las personas que potencialmente podrían obtener su liberación transitoria.

"Por supuesto que estamos preocupados, porque hay gente que está siendo liberada y que fue juzgada por delitos muy graves", dijo a LPO un intendente del Conurbano de larga tradición peronista que pidió estricta reserva.

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El eje de la preocupación pasa por el hecho de que en muchos casos no se tratan de delitos contra la propiedad, sino que son delitos contra las personas. Y en muchos casos delitos graves. "Hay femicidas, hay violadores, hay genocidas", dijo otro alcalde.

Pero además, ponen la lupa sobre el Patronato de Liberados, organismos que dependen del Ejecutivo y que tienen como misión controlar y asistir a los internos al momento de recuperar su libertad. De ellos depende, en gran parte, que la reinserción social sea posible.

El problema es que carecen de presupuesto para hacer un seguimiento a la cantidad de peronas que salen de las cárceles de la provincia. Ya en 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal, admitía los problemas de ese organismo en el que trabajaban 600 asistentes para controlar a 48.000 detenidos.

Según la Ley 12.256 de Ejecución Penal bonaerense se recomienda una cantidad de un trabajador social cada 30 liberados. Hoy existen en la provincia un asistente cada 80 liberados.

El problema no solo alcanza a los distritos del extenso interior bonaerense sino también en el Conurbano. "En mi distrito, el Patronato no funciona", se lamentaba un intendente de la Tercera que busca seguir de cerca el tema.

Por ahora, los alcaldes peronistas mantienen el silencio respecto de un tema que explotó en los últimos días y que genera diferencias dentro del Frente de Todos. No existió al momento una declaración pública en conjunto de los intendentes, aunque no la descartan llegado el caso.

Fue Jaime Méndez, el intendente de San Miguel, el primero en la oposición en salir a rechazar de manera abierta la liberación de presos en la provincia.

Méndez aseguró que más de 20 presos volvieron a sus domicilios en su distrito y detalló que se se trata de delincuentes que cumplían condenas por estafas reiteradas, tenencia de arma, robo agravado, privación ilegal de la libertad, extorsión, abuso sexual, encubrimiento, robo calificado, robo con arma de fuego, estafa, comercio de estupefacientes, corrupción de menores, tráfico ilegal de estupefacientes y violencia agravada por el vínculo.