Los jueces de la Suprema Corte bonaerense decidieron avanzar en una donación voluntaria del 20% de su sueldo básico para destinarlo a un fondo para aportar a la emergencia sanitaria del covid-19.

A través de una acordada, se dispuso que tanto los integrantes de la Suprema, los jueces de Casación, cámara y primera instancia realicen -si lo desean- un aporte para destinarlo al ministerio de Salud. Para los cargos más altos se sugiere donar el 20% y el resto 15%.

No se trata de un descuento automático, sino sobre los salarios de quienes informen a través de un formulario su voluntad de hacer esa contribución para combatir la pandemia.

La acordada lleva la firma del presidente del tribunal, Eduardo de Lázzari, y entre los argumentos destaca "la situación económico financiera de la provincia" de Buenos Aires y la "necesidad de contar con recursos para dotar de insumos y elementos de salud al sistema".

El lunes, varias personas se expresaron a través de un cacerolazo desde los balcones con la consigna de que el sector político se rebaje los sueldos en medio de la difícil situación económica que afecta al país por el coronavirus.

El reclamo surgió después de que Alberto Fernández cuestionara en forma indirecta a Techint por despedir a más de 1.400 trabajadores de su constructora.

Según Página 12, un juez de la provincia cobra unos $ 400.000; en tanto los camaristas unos 250.000 y los salarios de los jueces de primera instancia rondan entre $ 150.000 y 190.000. Lo que donan es alrededor de un tercio de lo que reciben en mano. El sistema judicial bonaerense tiene sueldos entre 30 y 50 por ciento inferiores a los del sistema nacional. En todo el sistema bonaerense existen unos 2.500 jueces y fiscales.

Con esta acordada, el Máximo Tribunal de la provincia parece anticiparse a un reclamo hacia el sector judicial. "Ante el duro trance que enfrenta la sociedad argentina elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario", dice la acordada a la que LPO pudo tener acceso.

Asimismo, los jueces promueven un programa de medidas de austeridad del gasto, tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar el Fondo Solidario como congelar la cobertura de cargos al 31 de marzo y suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias.

También, suspendió la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital; la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial; y el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables.

A la vez, la Corte dejará de pagar las horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, "con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género".

Se estableció, en paralelo, que los magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, "deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria", pero la medida no comprende a los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.

Finalmente, el máximo tribunal provincial estableció que quedan exceptuadas de las medidas de austeridad y de prioridad del gasto, las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, a partir de las acciones implementadas por el Tribunal o su Presidencia para el resguardo de la salud de los trabajadores.