La abogacía cumple un papel fundamental a través del control de los Poderes del Estado, defendiendo el estado de derecho, la democracia y la Constitución Nacional.

El trabajo de las abogadas y abogados cumple un rol central en nuestra sociedad, constituye una herramienta para la defensa, satisfacción y operatividad de los derechos de las personas, en tanto puente de acceso a la justicia y acompañamiento para cada ciudadano en los procesos judiciales. Asimismo, la abogacía estatal representa al estado y presta legalidad a las decisiones públicas.

Sin embargo, con frecuencia nuestra profesión es desprestigiada y recibe ataques de distintos sectores, tantos públicos como privados. En los últimos meses sufrimos el intento de limitar nuestras incumbencias, las sucesiones notariales o el divorcio administrativo solo van a dejar indefensa a la población.

Del mismo modo, etiquetar a la abogacía como "la industria del juicio" es menospreciar el rol que las y los profesionales del derecho tenemos en nuestro sistema jurídico.

Todo esto sucede en gran medida por la falta de acción de parte de nuestra representación colegial, quienes suelen ser subsidiarios y estar atados a sus vínculos con el poder político de turno, lo que la vuelve ineficaz en nuestra defensa.

Las abogadas y abogados estamos acostumbrados a delegar representación en actores vinculados con la política partidaria, lo que tiene consecuencias negativas directas en la desatención de nuestras demandas profesionales. Pero afortunadamente está comenzando a ser visibilizado como un obstáculo por nuestros colegas y debe empezar a cambiar si queremos jerarquizar la profesión, y a la vez mejorar el servicio de justicia de cara a la comunidad.

En este sentido, es prioritario asumir el compromiso de hacer escuchar la voz de la abogacía, debido a que el deterioro generalizado de las condiciones de trabajo y el desprestigio tiene como consecuencia directa la degradación del acceso a la justicia.

El avance de la tecnología y el uso de nuevos formatos digitales marcan un escenario de cambios no exento de incertidumbre sobre lo que sucederá en las relaciones laborales en general y en la abogacía en particular.

El ejercicio de la profesión se encuentra inmerso en un proceso de redefinición constante de los procedimientos y modalidades de trabajo. La práctica profesional cambió por completo después de la pandemia. La digitalización llegó para quedarse. El expediente digital, las audiencias por zoom, los trámites vía web, son una realidad, lo que produjo la baja o casi nula presencialidad de abogadas y abogados en los Tribunales y en el Colegio Público.

En este marco, la justicia se tiene que modernizar de manera permanente, estando a la altura de lo que la época requiere, para hacerle la vida más fácil no solamente a los trabajadores del derecho, sino también a las personas.

Sin embargo, encontramos muchos obstáculos administrativos que complican la labor profesional y que producen continuas arbitrariedades desde los magistrados y los organismos estatales, que obstruyen el desarrollo de nuestro trabajo y deterioran nuestros honorarios.

La justicia no da respuesta en tiempo y forma. Hay muchísimos juzgados vacantes, lo que provoca que jueces subroguen dos juzgados a la vez y todo se torne muy lento, llegando en algunos juzgados casi a la parálisis.

Por otro lado, cada vez más, los jueces incumplen con la aplicación de la ley de honorarios de los abogados y las abogadas, fijando los mismos siempre a la baja y no respetando los mínimos legales exigidos. Asimismo, las tasas de interés de actualización de los juicios y honorarios son ridículas, el paso del tiempo licua nuestros honorarios y las sentencias, generando un perjuicio irreparable para las y los profesionales y para los ciudadanos.

Quienes ejercemos la profesión coincidimos en que las principales preocupaciones de la abogacía son las arbitrariedades por parte de los magistrados, la regulación a la baja de los honorarios, la demora en su cobro y la necesidad permanente de modernización de la justicia para que se vuelva más ágil y -aunque pueda sonar redundante- justa.

Bajo la premisa de revitalizar el rol social de la abogacía, debemos trabajar en conjunto para modificar esta realidad, jerarquizar nuestra profesión y garantizar un servicio de justicia adecuado para nuestra sociedad.

Rubén Ramos

Secretario General de la Asociación de la Abogacía del Estado y candidato a presidir el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal