Los primeros tres meses de gestión del comisario César Silguero al frente de la PolicÃa Nacional desnudan una crisis de legitimidad. Los últimos acontecimientos en Ñeembucú exponen un escenario de descontrol interno que desarmó las promesas de depuración del ministro Enrique Riera.
El caso más grave se registró el domingo en la ruta PY19, en la compañÃa Acevedo Cue de Alberdi, donde agentes de fuerzas especiales de la División de Apoyo Táctico acribillaron a un civil. La vÃctima, un joven de 22 años identificado como Federick Cáceres Sosa, no tenÃa vÃnculo con los esquemas delictivos que rastreaban. El presunto episodio de gatillo fácil derivó en la detención inmediata de los doce uniformados. "Asumimos la responsabilidad", dijo Silguero.
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Este desenlace trágico fue el resultado colateral de una investigación que inició dÃas antes tras el asalto frustrado a un supermercado en esa ciudad. En el atraco, un grupo comando simuló un procedimiento de la Senad para mitigar la reacción de los empleados y asegurar el botÃn. La intervención de un familiar armado desbarató el plan original y obligó a los delincuentes a buscar refugio en el monte.
La investigación posterior confirmó la hipótesis más temida por la cúpula policial al identificar al cerebro detrás del asalto organizado en Alberdi. El lÃder de la estructura era Richard Cáceres Ojeda, un suboficial activo de la propia institución con antecedentes penales previos.
El uniformado fue abatido por sus camaradas el viernes a la noche durante un enfrentamiento armado en Cruce Acevedo, cuando intentaban escapar en una ambulancia alquilada para romper el cerco perimetral establecido por la Jefatura de PolicÃa de Ñeembucú y evacuar a los asaltantes. El movimiento sospechoso en un retén rutero encendió las alertas tácticas y desencadenó el tiroteo que terminó con el cabecilla muerto.
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Con un policÃa abatido y parte de la banda prófuga, la orden interna de la comandancia priorizó la captura sin evaluar riesgos. Los agentes especiales desplegados en la ruta PY19 operaron bajo un estado de presión institucional que anuló los protocolos básicos de identificación. El Toyota Allion blanco donde viajaba el joven inocente fue interceptado bajo fuego directo tras obviar una supuesta orden de detenerse.
La tragedia de Alberdi no es un hecho aislado, sino el punto de inflexión de tres meses marcados por denuncias de corrupción. La gestión de Silguero arrastra el desmantelamiento de la oficina antinarco de Ciudad del Este por extorsión e implantación de evidencias falsas, además de agentes filmados drogándose en el Mercado 4. A esto se suman escándalos recientes como el robo de motocicletas incautadas por los mismos agentes y casos de coacción sexual en Concepción.
El deterioro de la seguridad interna golpea de forma directa la administración del ministro del Interior, Enrique Riera, principal promotor de Silguero. La oposición califica de fracaso y relato ficticio la gestión de seguridad del presidente Santiago Peña tras su tercer informe ante el Congreso. Senadores como Rafael Filizzola acusaron al Ejecutivo de cinismo al montar una propaganda de paÃs seguro que ignora el avance territorial del crimen organizado.
El escenario polÃtico actual pone al comisario general bajo la presión de ejecutar una reestructuración profunda e inmediata dentro de las fuerzas del orden. Silguero se ve forzado a ordenar una purga en las direcciones de investigación y en las jefaturas departamentales clave para contener la creciente indignación social. Los gremios de la producción y el comercio fronterizo exigen garantÃas mÃnimas ante el avance de bandas mixtas integradas por delincuentes y policÃas.
El desenlace judicial del caso Alberdi determinará el margen de maniobra que le queda al Gobierno para sostener a la cúpula de seguridad. La imputación fiscal por homicidio a los doce policÃas especiales confirma el quiebre de la cadena de mandos y un panorama complicado para Silguero, Riera y el viceministro Carlos BenÃtez.
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