La administración Biden tiene un plan para debilitar la influencia polÃtica de Horacio Cartes y empoderar a Santiago Peña a través de la lucha anticorrupción. Asà lo detalla un documento clasificado del gobierno estadounidense al que tuvo acceso en exclusiva LPO y que establece propuestas, plazos y aliados para acorralar al lÃder del Partido Colorado y alinear a Paraguay con los "intereses de EEUU", amenazados por el poder del expresidente.
"Peña necesita elegir entre el gobierno de EEUU y Cartes", dice el documento de 13 páginas que se titula "Plan de Acción Integrado Interinstitucional Anticorrupción para Paraguay" y desglosa una hoja de ruta para los primeros años del Ejecutivo de Peña. La caracterización que hace el informe es cruda y evita caer en eufemismos: Cartes es una "presencia polÃtica corrupta que puede infectar al gobierno entrante" -el documento está fechado el 27 de julio, tres semanas antes de la juramentación de Peña- y el actual presidente es calificado como el "protegido" del empresario. Se anticipa además que se iniciarán acciones para "debilitar la influencia polÃtica de Cartes y empoderar a Peña".
Los puntos fuertes del documento de Estados Unidos que apunta a Cartes
En los primeros párrafos se pinta a Paraguay como un paÃs dominado por una "cultura de la impunidad" que tiene de protagonistas a buena parte de los polÃticos que "también manejan la actividad económica" y a las organizaciones del crimen transnacional que trafican drogas y armas por su territorio. Pese a que el gobierno de Joe Biden destaca la sintonÃa que tuvo con Mario Abdo BenÃtez, a quien Cartes acusa de haberlo entregado a los funcionarios estadounidenses, reconoce que el trabajo no puede quedar a mitad de camino con Peña.
El documento blanquea la nueva doctrina del Departamento de Estado para el paÃs que se engloba bajo el concepto "TeorÃa del Cambio". Esta consiste en impulsar una serie de acciones "fuertes y unilaterales" a través de la embajada que conduce Marc Osfield, contra actores "claves" del entramado de corrupción. El documento abre una ventana extraordinaria a como opera el Departamento de Estado en la región y el lugar de "laboratorio polÃtico" que los demócratas le han asignado a la democracia paraguaya.
Se confirma que se continuará con medidas como la quita de visa a los objetivos elegidos, al mismo tiempo que se buscará empoderar a "actores creÃbles" que luchen contra la corrupción para reducir "la cultura de la impunidad".
El documento clasificado no solo presenta el plan anticorrupción como una oportunidad para Peña se reivindique y se aleje de la órbita del cartismo, sino como una urgencia para contrarrestar la influencia de China en la región, ya que Paraguay es el único paÃs que reconoce a Taiwán en Sudamérica (y uno de los pocos en todo el mundo) y Washington espera una arremetida de Beijing. Este claro trasfondo estratégico explica por qué el plan involucra a varias oficinas y agencias estadounidenses, desde el Departamento de Estado hasta la USAID.
De hecho, los primeros pasos de Peña confirman que entendió el mensaje de EEUU, como reveló este medio. Apenas cinco dÃas después de asumir el cargo, el presidente reunió el domingo 20 de agosto en la residencia oficial de Mburuvicha Róga al vice Pedro Alliana; el titular de la Corte Suprema, César Diésel; el lÃder del Congreso, Beto Ovelar; el fiscal general Emiliano Rolón, y el contralor general Camilo BenÃtez. Era el primero de una serie de encuentros para discutir una polÃtica integral contra la corrupción, el contrabando y otras actividades ilÃcitas, un gesto esperado en Washington.
El combate a la corrupción y al crimen organizado se convirtió en el monotema que domina la relación bilateral y que sigue el cronograma estipulado en el documento. Entre los objetivos pautados para el 30 de abril y el 15 de agosto, por ejemplo, se contemplaba reuniones con ministros y miembros del Congreso para tantear el terreno. El propio Peña se encontró con Marc Ostfield el 9 de agosto, a pocos dÃas de jurar como presidente. Lo acompañaron a la embajada el canciller Rubén RamÃrez Lezcano y la jefa de gabinete, Lea Giménez.
Lezcano enumeró la agenda y al final aparecÃan los temas que importaban a EEUU: "el combate al narcotráfico, el fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción y el crimen organizado". Horas antes, el fiscal Rolón venÃa de reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia y la DEA, y la semana previa, el embajador Ostfield habÃa recibido a una delegación del Congreso estadounidense que se entrevistó con autoridades paraguayas salientes y entrantes.
Para EEUU, el triunfo de Peña, y la sombra de Cartes, parecÃan inevitables. Por eso envió a la ceremonia de asunción del presidente electo a Den Haaland, secretaria de Interior, y a Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, como para despejar cualquier duda. La administración Biden profundizaba asà la presión sobre el Partido Colorado después de haber designado como "significativamente corruptos" a nueve funcionarios paraguayos, entre ellos a Cartes.
"El Partido Colorado es una muralla contra la agenda globalista de Biden"
Lo cierto es que EEUU ya tenÃa pactada la aprobación de una baterÃa de leyes anticorrupción con el gobierno de Abdo y, según el informe, Peña deberá darle continuidad en el Congreso, donde el oficialismo controla las dos cámaras. Hasta el momento, los legisladores paraguayos ya pasaron las leyes de conflicto de intereses y de contratación pública.
La reforma de la carta orgánica de la PolicÃa Nacional está siendo impulsada por el ministro de Interior, Enrique Riera, y quedan pendientes otras claves como la de monetización de activos de la SecretarÃa Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y la creación del Ministerio de Integridad y Transparencia, que no aparece en la lista prioridades de Peña. Pero EEUU da al gobierno paraguayo un periodo de gracia de entre 18 y 24 meses.
En realidad, el documento ordena las medidas que viene concretando el gobierno estadounidense desde mediados de 2022, cuando cargó contra Cartes por contrabando, lavado de dinero y supuestos vÃnculos con la organización terrorista libanesa Hezbollah, y los objetivos que se plantea para un plazo de entre 6 y 24 meses: que Paraguay priorice las polÃticas anticorrupción, que quienes facilitaron los negocios de Cartes rindan cuentas y se les apliquen sanciones, que el gobierno acelere cambios en la legislación para fortalecer las instituciones y que se involucren otros paÃses y organismos en el plan.
Los primeros dos objetivos son a cortÃsimo plazo -seis meses- y están parcialmente cumplidos, y los últimos, que se verÃan a mitad de mandato de Peña, entre los 18 y los 24 meses, están en marcha. En el documento se nombra explÃcitamente a los paÃses con los que cuenta EEUU para jugar a su favor, como Taiwán, Colombia y España (incluso la Unión Europea en su conjunto) y organismos como el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el FMI y el Banco Mundial.
Para los próximos meses, EEUU prevé redactar una propuesta de asistencia técnica para aplicar las leyes que Paraguay tendrÃa para antes de fin de año, en coordinación con el Departamento de Justicia, el FBI, la ONU y la OEA. Como revela el informe en su introducción, el plan es un modelo para otros paÃses, aunque no especifica cuáles ni en qué zona. Y para marzo de 2024, la USAID estará al frente de la misión para ajustar sistemas disciplinarios y procesos de selección y remoción de jueces y fiscales en el Poder Judicial paraguayo.
En su reciente viaje a Nueva York, Peña tuvo un breve encuentro con Biden y una vez de regreso a Asunción explicó que reafirmaron "el compromiso de trabajar en conjunto sobre todo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado", en lÃnea con el documento y las sucesivas reuniones entre altas autoridades de los dos paÃses. En un cara a cara previo con Christopher Dodd, asesor especial para Latinoamérica de Biden, y Victoria Nuland, subsecretaria de Estado, la corrupción volvió a plantearse en el centro de las conversaciones.
A mediano plazo, la administración Biden se propone acelerar la independencia la Corte Suprema, la FiscalÃa, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y modernizar y profesionalizar al cuerpo de oficiales y a las estructuras organizacionales de las fuerzas militares de la mano del Departamento de Defensa, un paso clave para blindar las instituciones paraguayas a las grandes maniobras de corrupción.
El documento también pone el foco en la oposición y en las ONG. Organizaciones de la sociedad civil en Paraguay confirmaron a este medio que vienen trabajando propuestas de USAID y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), financiada por el Congreso estadounidense y destinada a empujar proyectos que promuevan los valores pregonados por Washington. Incluso los plazos del documento coinciden con algunas propuestas ya en curso.
En el documento queda claro que Peña enfrenta una encrucijada. Por un lado, tiene que demostrar a EEUU que mantendrá la alianza estratégica en base a esta hoja de ruta y por el otro, la sombra de su mentor polÃtico y otros dirigentes del Partido Colorado señalados por Washington condicionan su margen de acción. Ninguno de estos factores era desconocido por Peña, pero ahora tendrá que navegar esa contradicción desde el poder.
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mientras la region entera no de un giro d 180 grados hacia los BRICS, la devastacion economica-social sobre Latam, generada x los yankis, no cesara jamas.....