Las amenazas y el asesinato de periodistas, cuando se produce en razón del ejercicio de su labor, configura una grave violación del derecho a la libertad de expresión, en su dimensión tanto individual como colectiva.

El objetivo de este artìculo sobre la Situación de las Investigaciones sobre amenazas y el Asesinato de Periodistas, por Motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística es hacer un llamado de atención de la situación de indefensión en la que se encuentran los periodistas y reporteros en el paìs, y màs aùn, en épocas de elecciones, que además, llama demasiado la atención la falta de investigación: de las amenazas, extorsiones y asesinatos de comunicadores sociales que se incrementa año tras año.

Es cotidiano observar, en los países que cercenan de modo directo o indirecto, la libertad de expresión de los comunicadores sociales, en cualquiera de sus formas, que estos se encuentren en un estado total de indefensión.

No olvidemos que un caso emblemático de censura a la libertad de expresión seguido de muerte fue el caso Cabezas, en el que nos quisieron hacer creer, durante buena parte de la investigación, que, aquello, que no fue un asesinato a un reportero.

En este sentido, recientemente –Marcelo Longobardi-, uno de los periodistas màs escuchado en los amaneceres de los argentinos, por un multimedios opositor al gobierno nacional, tuvo un confuso atentado dentro del Barrio Parque: el màs seguro de la Ciudad, rodeado de embajadas y garitas de seguridad.

Las autoridades policiales y judiciales coincidieron en que el hecho ocurrido fue un robo, tipificado en el código penal. Es decir, un hecho de inseguridad màs.

Pero poco después, el Secretario de Seguridad -ante la sistemàtica ausencia de la Ministra del area- reconoció que el robo sufrido por el periodista Marcelo Longobardi a principios del mes de octubre, no fue “al voleo”.

Esto que dijo el Secretario de Seguridad ya había sido apuntado antes, por Jorge Lanata,-compañero en el multimedios del agredido Longobardi- que calificó el asalto como un "atentado" porque hubo una tarea de "inteligencia previa", por lo que se llega a la cocnlusiòn que, lo que se creìa que era un “asalto” no fue un “asalto”.

Vale agregar también que hay màs de una forma de turbar la libertad de expresión, entre esas esta la tan utilizadas por los “nazis” durante su régimen, que es la del escrache.

Escrache como el vivido por el director de La Política Online con afiches que aparecieron a mediados del mes de septiembre en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, que dan muestra de la degradación de nuesto sistema democràtico. En tiempos de democracia es intolerante este tipo de métodos.

A la luz de este hecho en particular, del sufrido por Marcelo Longobardi y de muchos otros que ya quedaron impunes por una justicia adicta, y para que la amenaza y muerte a los periodistas, que piensan distinto al gobierno, es bueno recordar las recomendaciones del sistema de protección de Derechos Humanos, en cuanto a la obligación que tiene el Estado a protegerlos, pero que omite a diario.

No sería extraño que estos hechos confusos contra los periodistas en particular y comunicadores sociales en general se vayan exacerbando dìa a dìa, de a quì a octubre del 2015, por ello sería bueno que el gobierno a través de sus instituciones recuerde algunas recomendaciones como la siguiente:

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. (CIDH - Declaración de Principios sobre Libertad de Expresion.)

Por su parte la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dice en El artículo 9. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Pero, a entender del suscripto, esta protecciòn se queda a mitad de camino, toda vez que debemos entender que, quien atenta contra un periodista en el ejercicio de su función, no esta solamente atacando a ese hombre o violando la libertad de expresión en su faz individual y/o social; sino que se està atentando contra el sistema democrático en general y por tal debe darsele la relavancia e interés concreto que se merece.

La consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión; y, a su vez, el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento del pueblo, que conducirá a una verdadera comprensión de la realidad.

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