Después de varias semanas de reclamos por parte de la comunidad italiana y asociaciones dedicadas a la protección del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, finalmente la Legislatura porteña aprobó ayer una ley para evitar que el Gobierno nacional traslade el monumento a Cristóbal Colón a Mar del Plata.

En abril, la Legislatura había aprobado una declaración solicitándole a Mauricio Macri que intervenga ante Cristina Kirchner para que desista de trasladar la estatua y habilite el uso público y libre acceso a la Plaza Colón. “Desde 2007 esta Plaza, que constituye un espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue cercada y anexada a la Casa Rosada permaneciendo cerrada al público las 24 horas como un jardín privado”, había denunciado la legisladora porteña Marta Varela, presidenta de la Comisión de Ambiente.

Con la situación sin cambios, ayer se aprobó un proyecto de ley presentado por Fernando Sánchez (Coalición Cívica) que declara como “integrante del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad al monumento a Cristóbal Colón”.

De esta manera, se buscó evitar que el Gobierno confirme las especulaciones y traslade la estatua a la Plaza Colón de Mar del Plata e instale en su lugar una de Juana Azurduy donada por el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Incidentes y cautelar

Pese a la aprobación de esa ley, esta mañana llegó hasta la plaza Colón una grúa dispuesta a comenzar el operativo para concretar el traslado. En el PRO recordaron que para llevar a cabo este tipo de acción es necesario que tenga la aprobación de la Legislatura.

Ante esta situación un grupo de funcionarios porteños se acercó hasta el lugar con la intención de ingresar a ese espacio público que continúa enrejado. Según dijeron desde el PRO, la seguridad de la Casa Rosada impidió el ingreso y agredió al jefe de patrimonio de la Ciudad, Tomás Insausti.

Por la tarde, la ONG Basta de Demoler informó que la jueza subrogante Claudia Rodríguez Vidal dictó una medida cautelar ordenando la detención del traslado e intimando al Estado nacional a que en un plazo de tres días presente un informe sobre la situación. Sin embargo, la ONG asegura que la grúa continúa trabajando en el lugar y convocó a una protesta en el lugar.

En tanto, la legisladora macrista Lía Rueda, que estaba protestando frente a la Casa de Gobierno denunció que fue "acompañada por fuerzas de seguridad dentro de la Casa Rosada para mantener una reunión". Desde su entorno aseguraron que Rueda permaneció incomunicada y no dejaron ingresar a sus compañeros Cristian Ritondo, Fernando De Andreis y Carmen Polledo,  que se acercaron al lugar.

Ritondo convocó a una conferencia de prensa para denunciar "atropellos y maltratos que sufrieron funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por parte del personal de seguridad de la Casa Rosada".  Además, se darán detalles sobre los problemas que se generaron en la Casa Rosada cuando la legisladora Rueda y los defensores del pueblo Atilio Alimena y Gerardo Gomez Coronado fueron a informar sobre la decisión de la justicia de frenar el traslado.