Afirman que el próximo gobierno podría sacarle las licencias a Cristóbal
Es porque el artículo 165 de la Ley de Medios establece que las violaciones a la norma son nulas de pleno derecho. Es decir, imprescriptibles. La transferencia de C5N y Radio 10 violó al menos dos artículos, según Alejandro Pereyra, el director del Afsca impugnado por el gobierno.
La aprobación por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) de la transferencia de los medios de Daniel Hadad a Cristóbal López dejó en el centro de las críticas al organismo que conduce Martín Sabbatella, acusado de favorecer a los empresarios amigos del gobierno.

En diálogo con LPO, el abogado Alejandro Pereyra explicó en detalle cuales fueron las faltas que la AFSCA dejó pasar para “legitimar” la operación. Pereyra fue designado por el Frente Amplio Progresista para ocupar el lugar que le corresponde a esa fuerza en el directorio del organismo, pero fue impugnado por la Universidad Nacional de La Plata y el CELS que dirige el periodista oficialista Horacio Verbitsky.

De acuerdo con Pereyra, se violaron dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mientras que hay sospechas sobre un tercero. Esto podría tener consecuencias legales ya que algunos legisladores de la oposición están manejando la posibilidad de denunciar al directorio.

Sin embargo, Pereyra explicó que la Ley de Medios da otra posibilidad para frenar la transferencia de C5N y Radio 10 y cuatro radios FM, claramente violatoria de la norma. De acuerdo con el abogado, la posibilidad de impugnar la decisión está contemplada en el artículo 165.

Ese apartado establece que sus disposiciones son de orden público y “los actos jurídicos mediante los cuales se violaren las disposiciones de la presente ley son nulos de pleno derecho”. Es decir, que las violaciones son imprescriptibles y la causa podría ser reabierta a corto, mediano o largo plazo.

Claro está que para eso suceda debería haber una decisión política del gobierno de turno, algo que es difícil que suceda con el kirchnerismo, que ha elegido como su empresario favorito al “zar del juego”.

Denunciarán a Sabbatella

LPO supo que el bloque de diputados del FAP tiene en sus manos una demanda penal contra Sabbatella por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aún no hay confirmaciones cuándo será presentada.

Por otro lado, la diputada Elisa Carrió anunció anoche que denunciará penalmente a Martín Sabbatella y el directorio del Afsca por haber violado la Ley de Medios y por “abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público”

Los puntos flojos

Pereyra sostiene que hay dos claras violaciones a la Ley. En principio, la más evidente fue la infracción sobre el artículo 41, que establece que las licencias “son intransferibles” y que la realización sin autorización previa “será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta”.

Pereyra también explicó que según el artículo 44 está “expresamente prohibido” que un titular delegue a un tercero la explotación de su licencia. Esto fue lo que sucedió en abril de 2012, cuando Cristóbal López se hizo cargo de C5N. Según el artículo 108 inciso H, la delegación también es causante de la caducidad de las licencias. “En ese momento, el Afsca ya tendría que haberle retirado la licencia”, señaló el abogado.

Pero además hay una tercera sospecha sobre la operación. Es que la Ley de Medios prohíbe que los titulares de empresas de servicios públicos sean propietarios de medios. El Grupo Indalo manejaba hasta el año pasado la empresa Clear, encargada de la recolección de residuos en Chubut. López afirma que el año pasado se desprendió de la firma, como también de la concesión de colectivos en Neuquén.

Según Pereyra, si eso sucedió antes de abril de 2012, cuando se hizo cargo de C5N, no habría inconvenientes legales. “Sería muy arriesgado que hubiesen realizado la compra con ese vicio legal. De todos modos, no es sencillo desprenderse de un servicio público, habría que investigarlo”, afirmó.

Pero también hay sospechas sobre otros negocios de López como las concesiones en los peajes o las explotaciones petroleras, que son de carácter público aunque no estarían afectadas. Así como la selección de su constructora en obra spúblicas emblemáticas que impulsa el kirchnerismo como el polo audiovisual de la isla Demarchi o la sdos megarepresas de Santa Cruz.
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  • 2
    Pake
    06/03/13
    20:17
    Habría que analizar también la ampliación hasta el 2032 de la concesión de Palermo
    Responder
  • 1
    Dante
    05/03/13
    23:55
    El abogado sabe poco de derecho, parece. Todo enunciado particular contenido en una norma hay que interpretarlo en el contexto de la norma completa, y aun del plexo vinculado a ella. La intransferibilidad dictada por la ley es a futuro; la misma ley manda a adecuar el cuadro de distribución de licencias, lo que implica necesariamente la transferencia en función de esa adecuación. De lo contrario, la ley se contradiría a sí misma. Por otra parte, es de muy mala intención confundir "servicio público" con "obra pública" o "contrato público".
    Responder
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