Cualquier mendocino sabe que el bien más valioso de su provincia no es el vino sino el agua. De hecho, toda Mendoza es básicamente un desierto que el talento de generaciones de pioneros y su acertado manejo hídrico, convirtieron en lo que es hoy. Por eso las polémicas en torno a la distribución y el manejo de ese bien preciado, suelen alcanzar en la provincia cuyana el estatus de discusión de Estado.

Y como no podía ser de otra manera, la guerra fría que libra el gobernador Paco Pérez con su vice Carlos Ciurca también tiño este debate que golpea importante intereses económicos y mediáticos y llega a las orillas del propio Marcelo Tinelli.

Corría el 2010 y desde el Departamento General de Irrigación (ente de contralor y administrador del escaso recurso hídrico provincial), partieron resoluciones que le solucionaron la vida a millonarios inversores, deseosos de poder regar sus exclusivos barrios privados y campos de Golf en las afueras de la ciudad.

El entonces titular del organismo, Eduardo Frigerio, y su asesor estrella, Jorge Villalón, dieron los llamados permisos “precarios” para que una veintena de pozos regaran exclusivos espacios. Los pozos se hicieron, más allá de que la zona en cuestión estaba y está en emergencia hídrica y es protegida, por el escaso nivel de la capa freática de la zona y los amplios cultivos, sobre todo de vid, que ya hay en ese lugar, conocido como Alto Agrelo, donde tienen sus bodegas importantes firmas como Norton, Ruca Malén, Séptima, Chandon, Catena Zapata, Pulenta State, entre otras.

Según la denuncia original –realizada por un grupo de legisladores provinciales opositores, a mediados del 2011-, los permisos fueron dados en forma flagrantemente irregular, todos juntos y en tiempo récord. En todos los casos eran para emprendimientos inmobiliarios que no están de ninguna manera en las prioridades que debe evaluar Irrigación para autorizar pozos.

Este escándalo, de proporciones en su época, fue el que revivió Paco Pérez este sábado, en una de las actividades más importante de la vendimia. El gobernador anunció que había “instruido” al Departamento General de Irrigación para que diera de baja los pozos de la polémica. Y que el Gobierno provincial analizaría la vieja Ley de Aguas para modernizarla y pensar en una Mendoza a 100 años.

Esa propuesta de nueva ley será elaborada por un grupo de notables, que incluirá a técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo, universidades privadas, abogados expertos en derecho de agua y dirigentes políticos, oficialistas y opositores, entre lo que se destaca el ex gobernador Arturo Lafalla (PJ, 1995-1999).

Todos nerviosos

Las denuncias de los legisladores opositores fue tan contundente que el Jury de Enjuiciamiento (le corresponde evaluar la conducta del titular de Irrigación por ser un cargo que necesita acuerdo del Senado), suspendió en poco tiempo a Frigerio y se apestaba a juzgarlo cuando éste presentó su renuncia, que rápidamente fue aceptada por el entonces gobernador Celso Jaque. A su vez, una incipiente investigación judicial fue archivada por el fiscal de delitos complejos Santiago Garay.

A su vez, el actual presidente de Irrigación, José Luis Álvarez, propuesto en su momento por Pérez, nunca aclaró qué es lo había pasado y cómo habían sido aprobados rápidamente los pozos de la polémica, sin pasar por los estamentos técnicos correspondientes y en tiempo récord.

Lo cierto es que olvidar las denuncias y las irregularidades en el momento en que Frigerio renunció (a dos días de haber asumido Paco Pérez, en diciembre del 2011) fue la lógica dentro de un PJ que fue muy golpeado por el escándalo. A su vez, nadie ponía en ese momento las manos en el fuego por Jaque, defensor de Frigerio y Villalón. Paco, parte de ese gobierno como ministro de Obras Públicas, nunca hizo una autocrítica… hasta ahora.

El caso de Irrigación, según el ex gobernador Lafalla “claramente de corrución”, involucró de una manera u otra a pesos pesados de varios ámbitos. Por ejemplo, uno de los inversores del exclusivo Golf Club Alto Agrelo es nada menos que Marcelo Tinelli. Pero el escándalo también golpea a otros emprendimientos de lujo como Cerezas de Argentina SA, Santa María de los Andes SA,, Vignes des Andes, Bulnes SA, Santa Croce SA, KLP SA y Aymuray.

En varios de esos emprendimientos, los nombres de importantes empresarios mendocinos se escucharon, aunque nunca fueron confirmados. De hecho, el Grupo Uno, de Daniel Vila y Alfredo Vila, tiene sus orígenes de la mano de un exclusivo emprendimiento inmobiliario en el oeste de la ciudad, Dalvian, recientemente perjudicado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la Universidad Nacional de Cuyo, que había reclamado por terrenos que según argumentó, el barrio privado le había robado.

Si bien no se confirmó nunca, fuentes relacionadas con las denuncias iniciales indicaron que la sospecha aún persiste sobre la participación de los Vila en Santa María de los Andes SA. También se habló de la participación de José Luis Manzano, cuya debilidad de los últimos años ha sido su bodega en Tupungato, que produce el vino Altus.

La jugada de Paco

Paco Pérez mantiene por estos días un sordo enfrentamiento con Vila y Manzano porque presume que han decidido volcar su poderoso grupo mediático y económico a favor de su vicegobernador Ciurca, que lo desafía abiertamente.

Por eso, en Mendoza se interpreta por estas horas que la decisión de Paco Pérez de reabrir aquel escándalo es un mensaje cifrado a Vila y Manzano.

De hecho, en medio d e los festejos por la vendimia, Paco Pérez mencionó otras de las cuestiones que nunca de investigaron: Cuánto se pagó por cada pozo autorizado rápidamente y salteando los más básicos procedimientos administrativos de Irrigación. Se habló de 100.000 dólares por pozo. Tampoco se indagó ni administrativa ni judicialmente sobre quién recibió el “incentivo” para apurar las autorizaciones.

El sábado al mediodía, ante cientos de productores vitivinícolas y empresarios bodegueros, el gobernador lanzó su mensaje de guerra: “He dado expresas instrucciones al señor Superintendente General de Irrigación para que los dé de baja”. Se refería a los pozos de la polémica. Y agregó: “Hace un año en este mismo escenario dije que queríamos tener un sistema eficiente y transparente para el otorgamiento de permisos de aguas subterráneas, eso ya está hecho”.

Inmediatamente después, Pérez indicó que iba a proponer una nueva Ley de Agua, y las especulaciones florecieron. Los emprendimientos inmobiliarios de lujo, que requieren inversiones millonarias y también generan una altísima rentabilidad, florecen en los valles mendocinos, aprovechando un paisaje incomparable, los viñedos y las bodegas. Por eso, la letra chica del proyecto de nueva Ley de Aguas será la clave del rumbo que le quiere dar el Gobierno provincial a este tipo de emprendimientos. A esto hay que sumar el interés de grandes conglomerados empresariales, nacionales y extranjeros, con intereses en el sector vitivinícola. También deberá estar presente el crecimiento de la población y los barrios en el Gran Mendoza, ya con zonas sufriendo la falta de agua.