El ministro de Espacio Público porteño, Diego Santilli, encabezó la audiencia pública que se realizó en el Centro Cultural Recoleta, para discutir el contrato de licitación del servicio de recolección de basura de la Ciudad para la próxima década, que supera los 30 mil millones.

Ante una sala que quedó chica -lo que sorprendió a los organizadores-, Santilli escuchó durante unas cuatro horas las posturas de los más de 20 oradores, algunos de los cuales lo cuestionaron duramente.

Legisladores de la oposición, comuneros, miembros de ONGs y representantes de otros sectores le hicieron frente al calor del recinto y expresaron sus observaciones al pliego del contrato mas importante de la Ciudad.

El plan le da un impulso definitivo a la separación en origen; la instalación de miles de contenedores y cestos papeleros en toda la ciudad; la formalización de las cooperativas de recuperadores urbanos (que trabajarán los residuos secos); y nuevos sistemas de control y castigo para las empresas. Los funcionarios estiman que podría ponerse en marcha en febrero de 2013.

Servicio para las villas

Uno de los puntos clave del nuevo contrato es cómo se realizará el servicio en las villas de emergencia. El pliego hace especial hincapié en que por primera vez se garantizará la recolección de residuos. Tan es así que en esas zonas la basura se retirará dos veces por día, mientras que en el resto de la ciudad será solo una vez. En ambos casos, será los siete días de la semana, a diferencia de los seis que se recolecta actualmente.

En las villas, la modalidad de recolección será “mixta”. Además de los contenedores -que estarán agrupados en “islas” debido a la imposibilidad de distribuirlos como en las zonas urbanizadas-, también se implementará el sistema de recolección en acera con bolsas, algo que no podrá aplicarse en el resto de la capital, salvo excepciones.

Los funcionarios del Ministerio remarcaron no sólo la incorporación de estos sectores si no también destacaron el trato igualitario que recibirán los habitantes de las villas, algo que fue valorado por los legisladores y comuneros opositores. Sin embargo, también hubo críticas a la falta de especificación de cómo se llevarán a cabo esas iniciativas.

Por ejemplo, se cuestionó que no está claro cómo harán las empresas para realizar en esas zonas las prestaciones complementarias que exige el nuevo contrato: fregado de peatonales, limpieza de excrementos caninos, despegue de pegatinas, retiro de graffitis, pancartas y pasacalles.

Las críticas

Justamente, la falta de concientización de los vecinos sobre lo relevante de la separación de los residuos sólidos y secos fue otro de los puntos que generó mayores cuestionamientos. El pliego garantiza que tanto la Ciudad como las empresas lleven a cabo campañas informativas. Sin embargo, se dijo que es necesaria una política seria en ese sentido para que no se repita el fracaso del actual esquema de separación que se aplicó tímidamente en los últimos meses.

La legisladora kirchnerista María José Lubertino, una de las pocas integrantes del Legislativo que participó de la audiencia, reconoció que este contrato es un avance respecto al esquema actual, pero criticó la falta de transparencia sobre la “estructura de costos” de la licitación y llamó a trabajar en alternativas para bajar el precio del servicio.

En el mismo sentido, el representante del MST Alejandro Bodart fue uno de los más enfáticos y lanzó duras críticas a la administración macrista. El legislador se preguntó por qué se le da la posibilidad de hacer este trabajo a empresas privadas cuando el Estado puede hacerlo por mucho menos dinero. Si se siguiera por este camino “se ahorrarían unos 23.000 millones en diez años”, afirmó.

Un funcionario del ministerio que dirige Santilli le dijo a LPO que la alternativa de una gestión pública en toda la ciudad -en una de las siete zonas el trabajo lo hará el Ente de Higiene Urbana- es disparatada y desechó que pueda lograrse un ahorro de esa cantidad de dinero.

Otras exigencias

El nuevo contrato se enmarca en los principios que surgen de la ley 4120, que constituye el marco regulatorio del Servicio Público de Higiene Urbana; en la Ley 1854, conocida como Ley de Basura Cero; y en la Ley 992 a través de la inclusión social de los recuperadores urbanos a cargo de la recolección diferenciada de materiales reciclables.

Además, se establece las empresas que ganen la licitación no podrán adjudicarse más de dos zonas y deberán haber prestado el servicio en el país en los últimos cinco años. Entre las exigencias, deberán contar con una flota de vehículos "cero kilómetro" y mantener a los 5.000 trabajadores que actualmente cumplen tareas en el sector.

Como adelantó LPO, el funcionario que estará a cargo de esta titánica tarea será Edgardo Cenzón, que fue elegido por Mauricio Macri para poder encarrilar la política del GCBA en esta materia, en la cual no ha logrado resultados positivos. En los próximos días, Cenzón asumirá en la subsecretaría de Higiene Urbana, en reemplazo de Fernando Elías.