El desmadre del sector energético, agudizado por la continuidad del congelamiento tarifario que no permite cubrir los costos operativos de las empresas, dio un paso más hacia el barranco durante la semana pasada. Por primera vez en los casi 10 años de gobiernos kirchneristas, tanto las distribuidoras de gas como las eléctricas dejaron de pagar la factura de los productoras del fluido y de las generadoras, lo que promete complicar severamente la cadena de pagos de toda la industria.

En el caso de las gasíferas, que en los últimos días pidieron al Gobierno -sin recibir respuesta alguna- un salvataje del Gobierno para pagar la factura de gas a las petroleras, las distribuidoras dejarán de pagar -o sólo abonarán un porcentaje- los montos involucrados en la compra del hidrocarburo.

Así lo empezaron a comunicar desde el jueves a productores como Total, YPF, PAE, Petrobras y Pluspetrol, entre otras. La situación de las eléctricas difiere un tanto, pero conceptualmente es idéntica. A raíz del default de las principales distribuidoras -Edesur y Edelap dejaron de pagar en julio la factura de energía Cammesa, mientras que Edenor se sumó a ese lote la semana pasada-, la compañía administradora del mercado eléctrica se vio obligada a diferir los pagos a generadores por la compra de energía. En la volteada también cayeron transportistas como Transener.

La explicación es simple: Cammesa es la encargada de gestionar el dinero que recaudan las distribuidoras por el cobro de tarifas, fundamentalmente residenciales, aunque también a pequeños comercios e industrias. Como el default de las dos grandes distribuidoras de Buenos Aires y el Conurbano erosionó todavía más sus finanzas, desde el jueves pasado empezó a comunicarles a las generadoras que el cronograma de pagos será reprogramado a 30 y 35 días.

"Es un paso más en la precarización del sistema. Hasta ahora, Cammesa sólo nos abonaba los gastos de operación y mantenimiento y los cargos por la potencia disponible. Buena parte de la factura permanece impaga y se acumula como acreencias a favor de las empresas en el Foninvemem, un fondo que prevé la construcción de nuevas centrales", explicó el gerente comercial de una generadora del sur del país. "Ahora, ni siquiera nos reconocerán los costos operativos, con lo cual habrá que hacer malabares para pagar los sueldos", advirtió.

Crisis eléctrica

A raíz del atraso de las boletas de luz en el área Metropolitana -que la lleva más de 10 años y provoca estragos financieros en las empresas-, este año las distribuidoras empezaron a prorratear las facturas de comprar de electricidad a Cammesa. La deuda de la industria con la compañía mixta se aceleró en los últimos meses: pasó de orillar los $ 400 millones en junio a superar los $ 800 millones durante la semana pasada. Incluso son muchas las empresas -en especial, distribuidoras del interior y cooperativas- que ingresaron al régimen de Distribuidoras Morosos Crónicos (Dimocro), debido a que lo que deben equivale a tres meses de facturación. La distribuidora de Puerto Madryn, por ejemplo, registra un rojo de $ 14 millones cuando su facturación mensual ronda los 2,7 millones.

Además de las tres grandes firmas de Capital Federal y el Conurbano, las más afectadas son las empresas eléctricas de Corrientes, que adeudaba a fines de septiembre 61 millones; Emdersa, de Mendoza, con un saldo negativo de 60 millones; Misiones ($ 32 millones), Catamarca ($ 43 millones) y EPEN y Santa Cruz (14 millones cada una), entre otras.

Los números del colapso

La situación financiera de las eléctricas es cada vez más complicada. Edenor pierde a razón de $ 1,5 millones por no poder cubrir sus costos operativos, según admitieron en la empresa. En la misma línea, un economista del área de Presupuesto de Edesur detalló que la empresa precisará este año de $ 600 millones para solventar su programa de obras.

La compañía de Endesa –controlada por la italiana Enel- desembolsó en 2011 $ 657 millones, un 47% más que los 456 millones de 2010.

“A Edenor también le hace falta una cifra similar. Entre las dos empresas necesitan fondos por más $ 1000 millones para cubrir el déficit de caja de 2012”, advirtió una fuente del sector. Sobre la distribuidora que cubre el norte de Buenos Aires pesa también una deuda de US$ 300 millones adquirida en los ’90. Esos compromisos fueron refinanciados en 2003 a cancelar en 20 años, por lo que en el mercado descartan que vencimientos cercanos compliquen todavía más el escenario. “El problema se reduce a que los márgenes operativos son cada más exiguos”, admitió la fuente.

El congelamiento de las tarifas se convirtió en motor del alza exponencial de los subsidios al sector eléctrico, que en 2011 superaron los $ 40.000 millones, un 3% del PBI. Y este año prometen seguir expandiéndose de la mano de los incrementos de las compra de gas desde Bolivia y en formato líquido (LNG).

En ese marco, en el mercado están a la espera de conocer los lineamientos generales del nuevo marco de 'costo plus' que, tal como anunció Kicillof a los empresarios eléctricos en agosto -distribuidores, transportadores y generadores de energía- reemplazará al sistema desregulado implementado a principios de los '90.

Crisis gasífera

Las mayores distribuidoras de gas del país -un lote que lideran Metrogas, Gas Natural Fenosa (ex Gas Ban) y Camuzzi- comunicaron a los productores del hidrocarburo que a partir del mes que viene dejarán de pagar -o abonarán un porcentaje- de la factura de compra del fluido a raíz del congelamiento tarifario, que ya lleva más de 10 años.

La semana pasada las nueve distribuidoras y las dos grandes transportistas (TGN y TGS) enviaron una carta a la primera línea del Gobierno para reclamar una reunión urgente con las autoridades a fin de revertir la crítica situación que atraviesa el sector, cada vez más apremiado por el incremento de los costos operativos y la mano de obra.

La misiva, sin embargo, dirigida al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof. Fue con copia a los secretarios de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de Energía, Daniel Cameron, y al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Antonio Pronsato, no surtió efecto.

El silencio de radio en los despachos oficiales forzó a que desde el miércoles las empresas empezaran a adelantarles a las petroleras que, por problemas de caja -la recaudación no alcanza para cubrir los costos operativos y cubrir los precios de venta-, incumplirían los pagos de las facturas a partir de noviembre. Metrogas, la mayor distribuidora con más de dos millones de clientes y perdió $ 55 millones durante la primera mitad de 2012 (un 217% más que en 2011), directamente comunicó a sus proveedores que dejaría sin pagar el próximo vencimiento.

En ese marco, Moody's calificó el viernes de forma negativa (con una categoría Caa3) el programa de ON por US$ 600 millones de la compañía. Gas Natural, la segunda compañía del sector y la única que logró un actualización parcial de tarifas, tuvo una propuesta más contemplativa: pagará entre un 40 y un 50% de la factura y el resto lo financiará a un año con un interés del 18%. Es la misma tasa que la firma española -que debe cancelar un vencimiento de $ 68 millones en noviembre- pagaba a los bancos por créditos a corto plazo que dejó de percibir tras la renacionalización de YPF.

Desde 2000, los salarios que deben afrontar las distribuidores se incrementaron un 644% y la tasa de fiscalización y control que cobra el Enargas -el ente regulador- creció 800 por ciento. De ahí que los $ 65 millones mensuales que recaudan, en conjunto, las distribuidores (cerca de $ 30 millones lo aportan los residenciales) no sean suficientes para costear el funcionamiento de las redes gasíferas. Entre las principales petroleras afectadas por esta situación se encuentran la francesa Total, el mayor jugador del mercado, YPF, Pan American Energy (PAE) y Petrobras, entre otras.