Una curiosa metamorfosis caracteriza el paso de Daniel Cameron al frente de la Secretaría de Energía durante los casi diez años del kirchnerismo. De friccionada relación con su jefe, el titular del Ministerio de Planificación, Julio De Vido, desde los tiempos en que ambos disputaban la confianza de Néstor Kirchner en la primigenia Santa Cruz, Cameron es quizás, el funcionario que más veces amagó con renunciar a su cargo por diferencias con la conducción del sector energético.

De hecho, la ultima de sus renuncias nunca concretadas ocurrió hace poco más de un mes cuando confrontó con Planificación por el manejo de la política de precios para la generación de energía eléctrica.

Víctima del modelo de gestión kirchnerista, que acostumbra colocar al frente de una dependencia pública a dos funcionarios de escaso feedback o marcadas divergencias entre así a fin de facilitar el control político del área, Cameron se posicionó en los últimos días como un asesor en materia “legal” del viceministro de Economía, Axel Kicillof, en lo que tiene todo el aspecto de una intervención (light) al interventor.

“La Presidenta le manda paracaidistas a los paracaidistas que envía, es su estilo de conducción”, se divertían ante LPO en el Ministerio de Planificación, ya acostumbrados a sufrir las intervenciones directas de enviados de la Presidenta en sus áreas de gestión.

El flamante rol de Cameron de “asesor” estrella de Kicillof quedó en evidencia en la reunión que el viceministro mantuvo el 24 de agosto con directivos de compañías eléctricas -en la que les anunció el fin del paradigma \'marginalista\' instaurado por el menemismo para determinar los precios de la energía-.

El secretario de Energía cumple esa tarea por un pedido expreso de la Presidenta, confirmaron a LPO fuentes del gobierno."Hasta el jueves, un día antes, Cameron no estaba incluido en el encuentro (del que también participaron Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior)", indicó un empresario que estuvo en la tensa reunión.

El ideólogo del Costo Plus

Su presencia en la comisión que marcará los tiempos de la industria eléctrica se explica por ser uno de los impulsores del sistema de \'costo plus\', que regirá de ahora en más para las empresas del sector. El punto más saliente de nuevo esquema es que se dejará de lado el paradigma “marginalista”, según el cual los generadores más eficientes tenían mayor rentabilidad.

El mecanismo de costo plus consiste, a groso modo, en auditar la estructura de cosos de todas las empresas del sector y en base a eso, dictaminar un margen de ganancia \'razonable\'. Si bien aún no hay indicios acerca cómo se determinará el \'plus\' para las empresas, en el sector circula la versión de que podría ascender hasta un 3% o un 4% de lo facturado.

La intervención de la Casa Rosada en el negocio eléctrico se decidió en base a factores ideológicos -se busca terminar con la etapa de desregulación del mercado que signó los años \'90-, pero se aceleró por apremios coyunturales. Sucede que este año, las distribuidoras eléctricas -en especial, Edenor y Edesur, las grandes empresas de Capital Federal y el conurbano bonaerense- empezaron a solicitar asistencia financiera del Estado -en forma de subsidios- para cubrir sus cuentas de operación y mantenimiento.

Toda una novedad en la era kirchnerista, que se acostumbró a subvencionar la generación de energía -suministra el combustible de las usinas térmicas y financia tareas de mantenimiento- pero hasta ahora no subsidiaba al segmento de distribución de electricidad.

Cammesa rodeada

Sin embargo, entre julio y agosto la deuda de las distribuidoras con Cammesa -la empresa que administra el mercado eléctrico, presidida por Juan Manuel Abud y con Paula Español a cargo del área de Finanzas, dos delfines de Kicillof- superó los $ 600 millones, según confirmaron a este medio dos funcionarios de Gobierno. No es una cifra menor: representa casi un 75% de la facturación mensual de todas distribuidoras a nivel país, que asciende a $ 850 millones, apenas una cuarta parte de lo que cuesta generar la energía. El resto se completa con subsidios del Tesoro nacional.

Las compañías que operan bajo la órbita del Estado nacional -Edenor y Edesur-, que ofrecen el servicio eléctrico en Capital y Gran Buenos Aires, explican alrededor de un 45% del rojo con Cammesa. Algo así como $ 300 millones entre las dos, según cálculos privados. De hecho, a mediados de julio, Edesur dejó de pagarle a Cammesa una porción de la factura. Debía desembolsar $ 148 millones pero sólo abonó $ 12 millones.

Edenor también está atravesando momentos complicados. “La empresa pierden, además, a razón de $ 1,5 millones diarios por no poder cubrir sus gastos operativos”, advirtieron desde la distribuidora propiedad de Pampa Energía. En el mercado incluso señalan que el Gobierno ya le comunicó a la mayor distribuidora del país que le otorgará un préstamo para descomprimir su delicada situación financiera. Una de las posibilidades que se baraja es que la capitalización de la compañía por parte del Estado incremente la participación pública en el paquete accionario de Edenor, que ya tiene a la Anses como uno de sus socios minoritarios (controla el 27% del total).