Subtes: tras el paro, la puja se traslada al terreno judicial
A pesar de los pedidos para reabrir el diálogo, tras el paro de los metrodelegados, en el PRO dan por hecho que la puja por el traspaso de los subterráneos finalmente se definirá en el terreno judicial. Y consideran que el mejor escenario posible implicaría una tranferencia pero con el compromiso de la Nación de invertir parte de los 10 mil millones que reclaman en obras.
Luego de diez días de paro, los subterráneos de Buenos Aires volvieron a funcionar con normalidad. Pero el impacto de semejante medida de fuerza todavía es analizada por los gobiernos de la Ciudad y de la Nación. Desde el PRO ya salieron a reclamar nuevamente la reapertura de las negociaciones.

Según las estadísticas que manejan, los usuarios no distinguen con claridad quién el culpable de lo que sucedió, por lo que ambos gobierno se vieron perjudicados en sus imágenes positivas y también en los niveles de aprobación de sus respectivas gestiones. 

La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, dijo que "lo razonable es resolver el traspaso a través del diálogo" y que "la mejor manera es llegar a un acuerdo donde cada parte ceda un poco". Y agregó: "Si queremos que la gente viaje segura y bien, sentémonos todos a una mesa".

Repitió, además, que no tendrían problemas en "hacerse cargo de una parte de las inversiones en obras de infraestructura que no se hicieron en el subte y que son imprescindibles para la seguridad y para eso nos deberían autorizar a endeudarnos".

Pero más allá de estos pedidos, en el interior del PRO consideran que una negociación ya no es posible, y que sólo falta recorrer el camino de la Justicia. Las señales que dio el Gobierno nacional durante este último conflicto no le dejaron dudas al PRO.

En primer lugar, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, desistió de intervenir en las negociaciones. Y el spot televisivo difundido por el Gobierno terminó por confirmar el escenario de guerra. Incluso, un sector del gobierno porteño da por descontado que, más tarde que temprano, deberán hacerse cargo del subte.

El mejor escenario posible -explicaron fuentes a LPO- sería que la Justicia disponga el traspaso, pero forzando al Gobierno Nacional a hacerse cargo de al menos una parte de los 10 mil millones de pesos que reclaman en concepto de obras. 

Descartan, sin embargo, que la Justicia pueda obligar a la Casa Rosada a entregar los avales necesarios para salir a tomar deuda a los mercados. 

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