Además del caos en el tránsito y del colapso en el sistema de transporte público de toda el aérea metropolitana, el conflicto que paraliza hace diez días el servicio de los subterráneos reavivó un profundo debate en el seno del PRO.

En medio de rumores cruzados de una tregua entre los metrodelegados y la empresa Metrovías y de una ruptura entre los gremialistas que tienen orientaciones políticas diferentes, no son pocos los que le plantean al jefe de Gobierno Mauricio Macri que podría capitalizar esta polémica, mostrándose como un líder con gestión. Y utilizan como antecedente el emblemático caso que debió resolver el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, apenas siete meses después de asumir.

En agosto de 1981, una huelga de controladores aéreos paralizó los aeropuertos norteamericanos. Reclamban un fuerte ajuste salarial, además de una reducción de la jornada laboral y la posibilidad de jubilarse con tan sólo 20 años de servicio. Todas sus reivindicaciones representaban cerca de 800 millones de dólares.

En pocas horas, miles de vuelos fueron cancelados. Reagan envió un duro mensaje a los controladores: declaró la ilegalidad de la huelga y les advirtió que tenían 48 horas para retomar sus tareas. Era la única posibilidad de abrir una negociación. Sólo lo hicieron 1.300 de los casi 13.000 huelguistas.

Cumplido el plazo, Reagan despidió sin vacilaciones a más de 11.000 controladores. Les pagó altas indemnizaciones pero, al mismo tiempo, impidió a través de la Justicia que pudieran volver a ser contratados en el sector aéreo. Además, para evitar medidas similares en el futuro, le retiró a ese sindicato la certificación para que pudiera mantener su actividad.

Un sector del PRO recuerda esta resolución histórica como un ejemplo a seguir, el de un líder de centroderecha que con medidas duras, gestión y sin contramarchas acabó con un conflicto en un sector esencial. Exhiben, además, un dato a su favor: la imagen positiva de Reagan creció entre los ciudadanos norteamericanos. Concluyen, entonces, en que los porteños también valolarían una intervención parecida para garantizar el normal funcionamiento de los subtes.

La estrategia que presenta este sector del PRO emula la experiencia de Reagan: Macri debía presentarse ante la Justicia para intentar declarar la ilegalidad de la huelga de los metrodelegados -sindicato que no cuenta con personería gremial- y luego lanzar un ultimátum. Recuerdan, además, que el gobierno porteño ya resolvió de este modo un conflicto parecido, aunque de menor calibre en términos de impacto sobre la ciudadanía: el paro de los trabajadores del Colón, a quienes se los acorraló a través de distintos planteos judiciales.

Otros dirigentes del macrismo, en cambio, explican que tomar este camino implicaría aceptar definitivamente el control del subte. Argumentan que los metrodelegados son empleados de Metrovías, la empresa concesionaria, por lo que no podrían despedirlos. En todo caso, para poder copiar el "modelo Reagan", Macri debería rescindir el contrato con el Grupo Roggio, por lo que todo el plantilla quedaría bajo la órbita de SBASE.

Podría también negociar los despidos con Metrovías, quien reclama desde hace semanas la apertura de un diálogo con el gobierno porteño. O bien podría declarar ilegal el paro e intervenir la operación del servicio con SBASE, como concedente. En todos los casos, debería asumir el traspaso, la principal traba.

De cualquier modo, el macrismo sabe que todo camino presentará obstáculos; sobre todo los que le plantará la Casa Rosada. Por caso, mencionan que luego de lograr un acuerdo con la UTA, el ministerio de Trabajo de la Nación no lo homologó, como marca ley nacional de asociaciones sindicales. Si la cartera de Tomada hubiera firmado ese convenio, conseguir que la Justicia declare la ilegalidad del paro de los metrodelegados habría sido más sencillo.

Mientras tanto, en los últimos días, el gobierno de la Ciudad intervino en el conflicto y avanzó -con tímidez- con un endureciendo de sus posturas: dictó la conciliación obligatoria, logró que se llegue a un acuerdo con la UTA, multó a los metrodelegados, pidió que se les quite la personería civil y presentó una denuncia ante el ministerio de Trabajo de la Nación. Pero a diferencia del caso Reagan, ya había transcurrido una semana de paro.