Tras haber conseguido más de U$S 192 millones en un bono colocado el viernes en el mercado local, ahora Daniel Scioli buscará un permiso de la Legislatura para un nuevo endeudamiento que permitan conseguir los fondos necesarios para pagar los sueldos y el medio aguinaldo que resta sin depender del gobierno nacional.

Por estas horas, el equipo económico del Gobernador analiza colocar en el último trimestre otro bono de U$S 250 millones que originalmente iba a colocar en el exterior.

Al igual que el bono colocado el viernes, esta iniciativa se realizaría en el marco del Programa de Emisión de Deuda Pública, que autoriza a la provincia un endeudamiento anual por hasta $ 7.850 millones. Si se lleva a cabo a través de ese mecanismo, se evitaría la necesidad de un aval del cuerpo Legislativo, un ámbito que ya generó con el Ejecutivo varias fricciones en lo que va del año.

Sin embargo, otras versiones aseguran que la autorización de la Legislatura para este ejercicio ya se agotó. Sólo quedó pendiente una autorización para emitir bonos hasta U$S 1.000 millones en el mercado externo, algo que está completamente descartado. En ese camino, no se descarta que el cuerpo legislativo pueda sancionar una nueva autorización para toma de deuda en el mercado interno.

Mientras tanto, en el equipo económico de Scioli todavía festejan la exitosa colocación del viernes a una tasa fija del 9% en el mercado local. En la Gobernación sostienen que fue una operación más ventajosa para la Provincia que las que otorga el gobierno nacional que prestó hace un par de semanas $600 millones, también a un año, y a una tasa del 17,5% anual.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, asegura que no será necesario ningún nuevo pedido de ayuda extraordinaria a la Casa Rosada. Aunque saben que la independencia económica de la principal provincia del país dependerá en rigor de la continuidad de la fuerte política de recaudación tributaria.

Así, se estudia un aumento en el impuesto inmobiliario dirigido a los Countries y Clubes de Campo. Según publica hoy el diario El Día, el mecanismo tendría dos caminos: Por un lado una mayor efectivización en el trabajo de la Agencia de Recaudación. Esto es poner la lupa sobre la detección de construcciones o ampliaciones no declaradas, así como a los morosos, y aplicar en esos casos una dura política de intimación a regularizar las situaciones.

La idea sería avanzar en una catarata de inspecciones que apuntan a detectar y luego trasladar al impuesto inmobiliario, los metros de construcciones no declaradas por los propietarios de viviendas de estos barrios exclusivos.

Pero también se podría avanzar en aplicar modificaciones directamente en los gravamenes impositivos que pagan los countries y barrios cerrados, el 5% del resto de las grandes propiedades declaradas y hasta un adicional sobre el valor de Patentes para el mismo porcentaje del parque automotor de Buenos Aires.