Los diputados kirchneristas Carlos Heller y Roberto Feletti serán los más criticados en la primera sesión de agosto cuando, tras el receso invernal, el kichnerismo apruebe el proyecto para transferir al Banco Nación los fondos originados en la justicia ordinaria que ahora están en el Ciudad.

Es que para el Banco Ciudad ambos tienen razones para excusarse de la votación y sin embargo hasta ahora no se apartaron del debate. Heller, muy por el contrario, presidió el plenario de comisiones que emitió los dictámenes que se pondrán a consideración.

La secretaría parlamentaria, que preside Gervasio Bozzano, militante de La Cámpora, envío misivas a los bloques aliados del kirchnerismo para que no falten a la sesión del 8 de agosto.

Como toda la oposición adelantó su negativa por lo que el Frente Para la Victoria deberá apelar a todos los suyos para no correr riesgos. Cada vez que hizo superó por poco los 140 votos, once más que la mayoría simple en caso de que las 257 bancas estén ocupadas, lo necesario para aprobar el dictamen de Diana Conti, la autora de la iniciativa.

El caso de Heller es grave: preside el Banco Credicoop que compite mano a mano por la cartera crediticia del Ciudad, que se vería claramente resentida si, como plantea el proyecto, pierde los fondos provenientes de la justicia ordinaria.

El Banco del diputado de Nuevo Encuentro es de categoría 9 y el Ciudad es 8, por lo que la competencia es lineal. Por esa razón, sostienen en el Banco porteño, Heller debería haberse excusado.

El antecedente más cercano es el del empresario aceitero Roberto Urquía, quien por ser empresario aceitero se excusó de votar en la sesión que finalmente rechazó la resolución 125.

Se basó en la ley de ética pública, que en su artículo 2, dedicado a los “deberes y pautas del comportamiento ético”, propone “abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil”.

El proyecto original, presentado por Conti, solicitaba extraer del Ciudad los fondos que proceden de la justicia.

Pero resistencias en el propio bloque oficialista y sobre todo entre los empleados de la entidad obligaron a modificarla, ya que el desfinanciamiento obligaba a bajar el número de agentes. Ahora sólo propone girar el dinero originado de los nuevos expedientes judicial.

Heller se mostró cauto en la primera reunión de la Comisión de Justicia, presidida por Jorge Yoma. Pero llevó la voz cantante del plenario posterior que sumó a la Finanzas, que él preside. Fue un elocuente cambio de actitud muy diferente al de Yoma, quien se expresó en contra en un dictamen propio.

Lejos de eso, Heller acusó al Banco Ciudad de haber priorizado los préstamos a grandes empresas que no ocasionaban rentabilidad. En una carta que envió a los diputados de todos los bloques, el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger atacó especialmente al banquero K.

“No veo como el diputado Heller no percibe que la rentabilidad de esos préstamos queda para la Ciudad de Buenos Aires. Él conoce perfectamente que son las características especiales de esos depósitos judiciales los que le permiten al Banco Ciudad llevar a cabo políticas agresivas de préstamos a la vivienda, así como sostener el financiamiento de largo plazo y subsidiado a las Pymes de la ciudad, en beneficio principalmente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Digo que conoce perfectamente que es así porque él sabe que la regulación de descalces de plazos del BCRA no nos permitiría sostener esta cartera crediticia de perder el fondeo judicial”, continuó Sturzenegger.

El caso de Feletti es menos notorio, porque hasta ahora no se pronunció sobre la ley. Aunque en el Ciudad remarcan que le costará explicar cómo usó libremente los fondos judiciales cuando presidió la entidad.


“Termina en la justicia”

El jefe del bloque de diputados del Pro, Federico Pinedo, presagió que la discusión terminará en los tribunales, porque “es inconstitucional”

“La ley está modificando una ley de la dictadura que está derogada. Es un disparate que pretende quitarle a la cuidad facultades que le fueron entregada con la ley Cafiero”, afirmó.

Esa norma establece los organismos de la Ciudad que permanecerán en manos de la Nación tras la declaración de autonomía, como fue el caso de la policía federal. “Nada dice de los depósitos judiciales”, explicó Pinedo.

Durante el debate en comisión el diputado hizo hincapié en que la justicia ordinaria debía traspasarse a la Ciudad y a que ese trámite pendiente ahora, con esta ley, se agregaría un nuevo traspaso de los recursos.

Encontró en esa tesis apoyo de toda la oposición, inclusive del Frente Amplio Progresista, siempre reacio a avalar “El único objetivo de esto es joder a Macri”, simplificó Pinedo.

En la carta que envió a los diputados, Sturzenegger se sorprende de que tal como quedó planteado, el proyecto no favorece a nadie. “El régimen de traspaso no le generará recursos relevantes al Ejecutivo Nacional en los próximos años (sí al gobierno que llegue a partir del año 2015). Por otra parte sí le impondrá al Banco Nación la ardua tarea de prepararse para gestionar 25.000 pagos y depósitos judiciales que hoy, luego de una década de trabajo, están mayoritariamente bancarizados y automatizados en el Ciudad”, anticipó.