Así lo revelaron a DyN fuentes judiciales, quienes desestimaron que el magistrado hubiera emprendido una “persecución” contra periodistas en el marco de una causa impulsada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno contra las consultoras privadas, especialmente M&S, encabezada por los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo.

Hpy, el diario El Cronista reveló que el día 15 ese diario recibió un exhorto de Catania en el que le pedía "suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios", a partir de 2006.

En una nota de opinión, el director del diario, Fernando González calificó la solicitud de Catania, que lo incluye a él mismo y a una decena de periodistas, como "claramente intimidatoria" y un "cercenamiento a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional".

La denuncia de Moreno contra las consultoras que elaboran índices de precios alternativos al INDEC se refiere al posible delito de “agiotaje”.

Esa figura consiste en la alteración de indicadores económicos de manera artificial, en procura de causar una determinada modificación de los guarismos económicos en, por ejemplo, los bonos ajustados por CER, plazos fijos y la evaluación del riesgo empresario, explicaron las fuentes.

Si bien los periodistas cuyos datos fueron reclamados por el juzgado “no están previstos, por ahora, como testigos en la causa”, las fuentes consideraron que "difícilmente" pudieran tener un rol de “imputados” en la supuesta maniobra de agiotaje.

“Para ello debería probarse que sabían que los datos eran falsos e igualmente decidieron publicarlos con la intención de causar un efecto sobre la base de información maliciosa. La causa está en una etapa muy inicial y es exageradamente aventurado trabajar sobre una hipótesis de esa naturaleza”, añadieron.

Este pedido de datos a los medios –que según González incluyó a Clarín, La Nación, Ambito Financiero y Página/12- “es una medida más de unas diez o doce” que dispuso el juez, entre ellas informes al FMI y a otros organismos financieros nacionales e internacionales.

“El juez quiere saber cómo se transmitía la información. Es decir cómo se generaban los datos de la consultora, cómo llegaban estos a los periodistas, si se publicaban como información o si había algún otro interés”, explicaron fuentes del juzgado.

Al respecto, El Cronista también detalló que Catania preguntó en su escrito si el diario ha "facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el año 2006 hasta la fecha”.

Quejas de Diputados 

Como cada vez que se conoce una presión de Moreno por ocultar datos oficiales, los referentes de los bloques opositores de Diputados se reunieron para repudiar el hecho y, en este caso, le pidieron a juez Catania que desista del exhorto.

La conferencia de prensa la dieron los diputados Ricardo Gil Lavedra y Silvana Giudici (UCR), Carlos Favario (Demócrata Progresista), Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Gerardo Milman (GEN), Gustavo Ferrari y Eduardo Amadeo (Peronismo Federal).

Cuando las consultoras privadas fueron impedidas de difundir datos sobre la evolución de precios, estos diputados comenzaron a difundir un índice como resultado de las mediciones de todas las empresas.

Ahora no fueron menos críticos. "Esto es una censura estatal indirecta y un medio intimidatorio contra la libertad de expresión. Es una maniobra torpe, inconcebible y patética del Gobierno nacional", se quejó Gil Lavedra.

"Primero fueron por las consultoras, ahora van por los periodistas", repudió la radical, quien comparó el pedido de los nombres, teléfonos y direcciones de los periodistas como "las listas negras de la dictadura", recordó Giúdice.

Bullrich fue más desafiante: "Que vengan todos los exhortos que vengan, pero no vamos a permitir este exhorto vergonzoso". Al igual que sus colegas opositores, consideró que "Moreno destruyóel Indec".