La Auditoría General de la Nación (AGN), máximo organismo de control de las cuentas públicas, está trabada en un conflicto interno por el análisis de posibles sobreprecios en una obra energética de Electroingeniería que investigó en exclusiva La Política Online en 2008.

En el organismo hay dos estudios realizados por especialistas del sector y, por supuesto, hay dos posiciones. La oposición defiende un dictamen técnico según el cual hubo sobrecosto por $ 138 millones. El oficialismo sostiene otro que dice que no hubo irregularidades.

Aunque la AGN procura aprobar sus informes por unanimidad, está lejos de lograrlo en este caso. La oposición es minoría en el organismo, pero no está dispuesta a alejarse del dictamen que, a pedido de la AGN, realizó Jorge Lapeña, secretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín. El advirtió que hubo un sobreprecio del 55% en el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado de la obra adjudicada a Intesar SA, empresa subsidiaria de Electroingeniería, informó el diario La Nación.

Pero la AGN le encomendó, simultáneamente, la misma tarea a un experto recomendado por el kirchnerismo, Oscar Eduardo Perrone, que dijo no haber encontrado nada irrazonable en los costos. Cada uno utilizó una metodología diferente.

Este expediente se abrió hace un año y medio, cuando un primer informe sobre el caso, aprobado por unanimidad en la AGN, advirtió que el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado había costado un 48% más que el anterior, Choele Choel-Puerto Madryn, y encargó profundizar la investigación. Por la complejidad del asunto, la Auditoría recurrió a Lapeña y Perrone.

La difusión de aquel estudio motivó la apertura de una causa penal y generó un fuerte escándalo: el kirchnerismo anunció que le quitaría al presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy, las atribuciones para hacer públicos los informes; el entonces fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido denunció que la AGN le ocultaba documentación (le negaron copia del informe y los papeles de trabajo), y Electroingeniería levantó de radio Del Plata, de su propiedad, el programa de Nelson Castro, días después de que el periodista hablara al aire sobre el tema.
Congreso

Ahora, otra vez, el caso se anuncia conflictivo. El senador Ernesto Sanz, presidente de la UCR, afirmó a LA NACION que el partido llevará los sobreprecios detectados por Lapeña a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso -que él integra y donde la oposición tiene mayoría- para que el tema se vote y llegue a los plenarios de ambas cámaras. "Roberto Lavagna se fue en 2005 denunciando sobreprecios en la obra pública. Desde ese momento, todas las obras están sospechadas, pero nunca habíamos tenido pruebas tan contundentes de los sobreprecios como en este caso", afirmó Sanz.

Además, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán presentó la semana pasada un pedido a la Comisión Mixta para que le solicite en forma urgente a la AGN que informe el resultado de la auditoría de costos. "Hace meses que esto debería estar terminado. Tenemos información de que una auditoría confirma los sobreprecios que denunciamos hace dos años. Necesitamos esos documentos", dijo Morán.

Los dos dictámenes son reservados, pero, según supo este diario de dos funcionarios de diversa extracción con acceso a los papeles, el trabajo de Lapeña afirmó que si bien el monto de la oferta adjudicada para el segundo tramo de la obra fue de $ 388.173.473, según sus cálculos, los costos justificados sólo ascienden a 249.779.640. Esto arroja un sobreprecio de 138.393.833.

Para Perrone esto no es así. Además, su informe sostiene que los tramos de la obra no pueden compararse porque son distintos años, regiones y estaciones, tal como había dicho Electroingeniería. También, que se usaron distintas torres y que cambió el trazado de la obra.

Tan delicado es el asunto para la AGN que no lo trata una comisión de supervisión, como al resto de los casos. El propio Colegio de Auditores, formado por los siete miembros de la AGN (cuatro oficialistas y tres radicales), se constituyó entero en comisión. Además, los auditores acordaron manejarlo con total confidencialidad hasta que presenten su conclusión final.

En total, son cuatro los informes agregados al expediente. Además de los de Perrone y Lapeña; hay uno que había realizado la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) región Córdoba a pedido de Electroingeniería, que dice que no hubo sobreprecios, y un último, presentado hace unos dos meses por los funcionarios de planta de la Auditoría ("la línea"), que releva toda la documentación de la obra (sobre el pliego, las ofertas, la adjudicación y la ejecución).

Según la oposición, de este último también surgen nuevas pruebas que refuerzan las sospechas. Por ejemplo, una resolución de la Secretaría de Energía que, entre un tramo y el otro, modificó las condiciones de contratación y eliminó el tope al precio de la obra. El informe de la línea también es confidencial por el momento.

El dictamen de Lapeña que el radicalismo defiende es cuestionado por el kirchnerismo; entre otras cosas, porque parte de sus datos los toma del estudio previo de la UTN. Según relataron fuentes con acceso al caso, Lapeña calculó por sí mismo los costos directos de la obra (como los materiales) y tomó del análisis de la universidad de Córdoba los indirectos (como la mano de obra, los factores físicos de la obra y las distancias).

La situación está trabada. La propuesta de uno de los auditores oficialistas fue entonces no seguir dilatando un debate inconducente, hacer un informe que se refiera sólo al trabajo de la línea y enviar los dos dictámenes al Congreso. Los radicales no lo aceptarían. Planean hacer un informe completo que reúna las conclusiones de Lapeña y el relevamiento de la línea. Dicen que así al Congreso no le quedará duda de los sobreprecios.

Pasado mañana, los siete auditores volverán a reunirse para debatir el tema y buscar un acuerdo; algo que hoy parece difícil.