Junto con los titulares de la Fiscalía y de la Asesoría, el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires -título en cabeza de Mario Kestelboim, desde marzo de 2007- es uno de los tres pilares del Ministerio Público porteño.

Tal vez por su naturaleza independiente y por la discrepancia radical con ciertas políticas del Ejecutivo capitalino, es que Kestelboim -abogado peronista "sin relación con los Kirchner", ex delegado interventor en la Facultad de Derecho de la UBA entre junio del 73 y septiembre del 74, defensor de presos políticos y hombre allegado a Francisco Talento, del riñón albertista- denuncia que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, lo "ningunea".

A su vez, pone de manifiesto la "irresponsabilidad" de la Ciudad, que aceptó un reciente traspaso de competencias penales desde la Nación sin las partidas presupuestarias correspondientes.

Muy enojado con un reciente fallo del juez porteño Norberto Tavosnansk, que habilitó el uso de "munición letal como ultimo recurso" para desalojar viviendas del IVC ocupadas por habitantes de la villa 1.11.14, afirmó: "Lo gravísimo es que el Ejecutivo, a través de sus jueces, estén permitiendo con esta sentencia de desalojo, dar la posibilidad de que se reiteren situaciones como las de Kosteki y Santillán".

¿Cómo ve la inminente trasnferencia de competencias penales de Nación a Ciudad, considerando que ya se iniciaron las gestiones para concretar un tercer convenio para el traspaso de unos 27 delitos?

Es algo que aún está en trámite, pero se sabe que origina ciertas situaciones de adecuación de edificios, de presupuesto, inclusive la creación de establecimientos para el alojamiento temporario de los juzgados, más aún si mediara condena para el cumplimiento de las penalidades. En este momento hay 21 personas privadas de libertad en la competencia de la Ciudad y vinculados a los dos convenios de transferencia anteriores. Nosotros no tenemos alojamiento para las personas privadas de la libertad, con lo cual son alojadas en Ezeiza, Marcos Paz y en algún otro caso en Bahía Blanca, Rawson, Neuquén. El hecho de que no haya ni establecimiento ni fuerza penitenciaria porteña hace que se esté violando derechos tanto del encartado como de la Defensa Pública. Se hace muy difícil la relación del detenido con su defensor y también con la familia.

¿Entiende que esto constituye un impedimento para el traspaso de competencias?

Sin lugar a dudas, al menos para que este tercer convenio sea acogido abiertamente en aras de la circunscripción y el afianzamiento de la Justicia porteña, pero en detrimento de la Defensa Pública y la relación del encartado con su grupo familiar. Máxime si se suman 27 delitos…Hoy, los detenidos en el orden contravencional están alojados en los vestuarios de la cancha de Atlanta: tenemos déficit de metros ocupados. Cuando se consigue algún inmueble, siempre son espacios insuficientes y eso también reciente la actividad de nuestros defensores.

Sin mebrago, la Ciudad parece estar dispuesta a avanzar en la transferencia, aún sin las partidas presupuestarias correspondientes...

Hacerse cargo del traspaso sin las partidas es una suerte de irresponsabilidad: es agravar esta situación de ausencia de una estructura edilicia, de funcionamiento, de designación de personal, de equipamiento, de falta de establecimientos para los privados de su libertad, de falta de una fuerza penitenciaria local. En algún momento intentamos resolver el tema de la ausencia de establecimientos para los detenidos, mediante un convenio con el titular del servicio penitenciario federal, Alejandro Marambio. Prometió un establecimiento particular en Ezeiza para nuestros detenidos -con penas no mayores a 3 años- con lo cual este módulo que ofrecía tenía buenas condiciones. Pero no lo cumplieron. Eso nos hubiera facilitado tener a nuestros presos en un solo establecimiento, lo que facilita el contacto entre el defensor y su asistido, y también era positivo en cuanto a que Ezeiza tiene cierto grado de facilidad de acceso.

La relación con Macri

Más allá de las discrepancias ideológicas, ¿Cómo evalúa la gestión de Macri?

En el tema habitacional, está claro que la política del Jefe de Gobierno es muy parcial: atiende más a las necesidades de embellecimiento que a las necesidades de vivienda. Las partidas presupuestarias -y esto también depende de la Legislatura, que las vota- atiende muy deficitariamente la asistencia de esta obligación constitucional de dar vivienda digna a los habitantes de la Ciudad, así como el tema sanitario y educacional. Todo lo que significa políticas sociales, no son atendidas adecuadamente por el Gobierno porteño y origina determinadas posturas frente a hechos concretos, como el caso del Parador de Retiro -que motivó la intervención de nuestros defensores en el área contencioso administrativa por el estado que guardaba el parador y la limitación de los servicios prestados, la falta de seguridad- o el tema de la carencia de custodia de los bienes de la Ciudad. Hoy estamos con el tema de la Villa 1.11.14 (el citado caso del juez porteño Tavosnanska, quien autorizó como "último recurso" "el uso de munición letal" para que desocupen y restituyan al IVC unas 112 viviendas).

Lo dicho por el juez, dicho está, y cuestionado por nosotros. Hay que recordar los avances del Ejecutivo porteño en la Ciudad, principalmente frente a la existencia de jueces garantistas en el ámbito contencioso administrativo como el doctor Gallardo y otros que no se enrolan en las políticas de reticencia del Ejecutivo de Capital.

Hay una ley de emergencia habitacional dictada por la Legislatura que ordenó la suspensión de los desalojos en la Ciudad, que fue vetada por el Ejecutivo. Hay proyectos de modificación del Código Administrativo y Penal porteño que permiten desalojos preventivos frente a supuestos hechos de usurpación en los que no se atiende al derecho de defensa en juicio, sin escuchar a los imputados e incluso sin haber imputados, caso del de la villa 1.11.14. Esta supuesta intrusión en el IVC es resultado de la improvisación y falta de políticas de seguridad del gobierno de Macri, porque nadie podría ingresar allí habiendo una garantía de seguridad en el edificio. Lo que es gravísimo es que el Ejecutivo, a través de sus jueces, estén permitiendo con esta sentencia de desalojo dar la posibilidad de que se reiteren situaciones como las de Kosteki y Santillán, donde se utilizó munición letal "como ultimo recurso" y donde se coloca el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida de los habitantes.

Talento y la política

¿Dónde conoció al ex legislador Francisco Talento, en su momento uno de los que más impulsó su designación como defensor?

En la época en la que yo era delegado interventor de la Facultad de Derecho, Talento era el dirigente de la Juventud Universitaria Peronista, el más notorio de la JUP. Teníamos una relación continua, con una política común en cuanto a gobierno de la Facultad de Derecho. Después de esta actividad conjunta, con Talento compartimos el exilio: yo volví cuando me habían levantado la orden de detención de los gobiernos de Videla y compañía. Luego fui su asesor en la Legislatura.

Siendo usted un peronista de carrera y teniendo en cuenta que Talento era un hombre allegado a Alberto Fernández, ¿Cómo vio el enfrentamiento entre el ex jefe de gabinete y los Kirchner?

No conozco a Fernández ni lo motivos por los cuales después de 5 años de cercanía y de haber integrado la mesa chica del gobierno, adoptó una actitud que modifica todos los cinco años anteriores. La verdad, no lo entiendo.