Una escucha telefónica compromete a la obra social de Camioneros en la causa que investiga la mafia de los medicamentos. Según informa el diario Perfil, en la conversación registrada por orden del juez federal Norberto Oyarbide, una de las procesadas aparece vendiendo troqueles de remedios falsos para el sindicato del gremialista K Hugo Moyano.

De este modo, la marcha de la investigación por los remedios falsos muestra evidencias concretas de que no concluye con la obra social bancaria, sino que se expande hasta la mutual del gremio políticamente más relevante de la era K.

En uno de los fallos de la Justicia se revela que Alexia Bergalli, encargada de compras en Droguería Del Plata, negoció la venta de troqueles truchos con un hombre llamado Marcos, que fuentes ligadas a la investigación creen que se trataría de Marcos Hendler, uno de los titulares de Urbana, quien hace una mención explícita de la obra social de Camioneros.

Urbana, que fue aportante a la campaña de Cristina en 2007, tiene la venta exclusiva de remedios a la obra social de Camioneros, Oschoca, que es gerenciada por Conducir Salud SA, también conocida como Iarai SA, una compañía de Liliana Zulet, esposa de Moyano. La droguería integra la lista de las más de 22 empresas farmacéuticas investigadas por Oyarbide.

Esta conversación entre Bergalli y Marcos se registró el 19 de junio de 2009:

MARCOS: Bien, Alexia, todo bien por suerte. Escuchame, necesito un favor: en Camioneros perdieron 19 troqueles de Erbitux chico, ¿podemos hacer algo?

BERGALLI: Sí, te los mando a hacer, ¿querés que te diga cuánto salen?

M: Decime y mandámelos a hacer por favor...

Inmediatamente, se produce el siguiente diálogo:

B: 37 cada uno los pago, serían 665.

M: Dale, buenísimo, ¿y eso para cuando calculás que está?

B: Si los tiene, eh, los tiene confeccionados, los puedo mandar a buscar y los puedo tener a las 2 de la tarde, 3 de la tarde acá.

El Erbitux es un medicamento oncológico de alto costo, que actúa bloqueando el crecimiento de los tumores o incluso induciendo la regresión tumoral en los enfermos de cáncer. Su precio es de aproximadamente 3 mil pesos. Bergalli está procesada, al igual que su jefe Alejandro Martino. De acuerdo con la resolución de la Cámara Federal, “si bien Martino participa activamente en la tarea de conseguir remedios de dudosa genuinidad, Alexia Bergalli desarrolla a su par igual labor con idéntica diligencia, incluso ocupándose de conseguir troqueles apócrifos”.

Cuando Graciela Ocaña debió dejar el Ministerio de Salud por su disputa con Moyano, afirmó que la Justicia debía investigar a las droguerías creadas y especializadas en cada obra social sindical, como Urbana. Los troqueles apócrifos se mandan a copiar en imprentas, en general especializadas en este tipo de tareas.

Los troqueles son las piezas de cartón que se extraen de las cajas de los remedios para dejar constancia de su compra. Las droguerías entregan los troqueles a las obras sociales -sus clientes- y estas los adjuntan en los expedientes que remiten a la Administración de Programas Especiales (APE), en la Superintendencia de Servicios de Salud.

En algunos casos, como el de San Javier -la empresa del Yabrán de los remedios, Néstor Lorenzo– y la Obra Social Bancaria, la misma droguería hace el trámite directamente ante el Ministerio de Salud. Así, obtienen los reintegros por la entrega de medicamentos a afiliados de las obras sociales.

Sin embargo, las escuchas que constan en la causa revelan el modus operandi para conseguir copias de troqueles originales y cobrar varias veces el mismo reintegro por un solo medicamento. El juzgado ya tiene un dato clave para corroborar la falsedad de los troqueles de los medicamentos, aportado por uno de los indagados: deben analizar las tintas con las que fueron impresos los cartones utilizados para hacer troqueles y compararlas con las que usan los laboratorios en los troqueles originales.

Droguería Urbana fue allanada por Oyarbide en el marco de varios procedimientos a distintas droguerías. También es investigada por el juez Claudio Bonadío en una causa por supuestos expedientes falsos para cobrar reintegros del APE.

Existe un nexo entre Urbana y Lorenzo, principal procesado como presunto líder de una asociación ilícita. A pesar de que Moyano reconoció que compró remedios a San Javier hasta 2004 y rescindió el contrato porque Lorenzo le “cobraba de más”, pero como contó este diario, según la Oficina Nacional de Contrataciones, en 2006 la droguería Congreso Salud –también de Lorenzo– vendió a Urbana medicamentos por más de 1,5 millones de pesos.